A nivel nacional, el homicidio es la principal causa de muerte entre jóvenes. Datos del INEGI revelan que cada año, más de una tercera parte de las víctimas de homicidio se encuentran entre los 15 y 29 años de edad.
Si se pudiera retroceder el tiempo, probablemente su madre no lo hubiera dejado salir esa tarde, quizás el joven Christian Tolentino Torres ahora sería un profesionista y estaría sorteando la pandemia en compañía de sus familiares y amigos más cercanos, pero el tiempo no se detiene ni retrocede, y sin embargo, para las víctimas de delito, el tiempo no es un aliado que ayuda a sanar las heridas, su avance se vuelve cada vez más lento y el dolor es una constante.
El joven de 15 años fue privado de la vida en el mes de junio de 2004, Alejandro y Juan Guillermo López Huesca, que en ese entonces tenían 14 y 16 años de edad, planearon el secuestro de Jonathan Christian exigiendo a la familia una suma de 2.5 millones de pesos, pero dos semanas después de las extorsiones, el cuerpo fue localizado sin vida enterrado en la cochera de sus perpetradores.
Como cualquier madre, María del Rosario Torres Mata no esperaba que su familia se viese violentada de esa manera, y ante el homicidio de su tercer hijo, ella como cualquier otra víctima no sabía qué procesos legales debía seguir para que se hiciera justicia, sin embargo, no esperaba encontrarse tantas trabas legales, entre ellas, el amparo a menores frente a delitos graves.
Pese a la gravedad del delito, uno de los jóvenes, Alejandro Huesca, fue beneficiado con la “Ley de Justicia del Menor”, el cual se ampara al acusado con cualquier tipo de delito grave (secuestro homicidio o a la par de otro) con una pena máxima de hasta 6 años.
Esta ley promovida por el entonces diputado Pedro Pablo Cepeda Sierra, fue considerada como injusta para la familia de Christian, y llevó a la ahora presidenta de la Asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian A.C., a emprender un camino de activismo que hasta la fecha, no ha cesado.
Por encima de la corrupción, el desempleo, la inflación o la impunidad, la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos. De acuerdo al último Índice de Paz México – 2020, a nivel nacional, la calificación de delitos con violencia empeoró 3.4% en 2019, resaltando un incremento de 1.4% en la tasa de homicidios dolosos; a primera vista, este porcentaje puede no ser mucho, pero quizás impacte más en el lector saber que ese incremento de 1.4% significa que en el último año, más de 35,000 personas fueron privadas de la vida.
A la par de la inseguridad, se suman la burocracia, la corrupción y la violencia institucionalizada; en un país como lo es México, para recibir ayuda y justicia en caso de ser violados tus derechos humanos no basta con el hecho de ser víctima, también hay que demostrarlo, convencer al ministro en cuestión, pasar por varias instituciones narrando una y otra vez la misma historia y, quizás, repetir el proceso por años.
“Ingenuamente pensamos que el tiempo de espera para que un ministro de la Suprema Corte nos escuche, debería ser corto. Más adelante me fui dando cuenta de que no es cierto y que tampoco es fácil”, expresó la activista potosina mientras comentaba al Semanario su experiencia como víctima durante el proceso de lucha por conseguir justicia ante el asesinato de su hijo Christian.
Actualmente, México se encuentra en el lugar 67 de 167 países en el Índice de la Paz Positiva (IPP), y aunque el país mostró un gran avance en materia de “Libre flujo de información”, a la par tuvo grandes retrocesos en “Bajos niveles de corrupción” y “Buen funcionamiento del gobierno” con una calificación por debajo del 16%, calificación que recibe el título de paz negativa.
Con base en su experiencia, Rosario Torres comentaba que el tiempo es crucial en el proceso de justicia, “es una apuesta al tiempo, la persona inculpada es consciente de que no todas las víctimas tienen la fortaleza para continuar en la lucha hasta el final, muchos de los afectados terminan a medio camino y eso es muy lamentable”.
“Como víctimas”, explica Rosario Torres, “siempre tendemos a responsabilizar al Estado por las atrocidades que nos hacen, y muchas veces no es el Estado, son los servidores públicos que no tienen la capacidad, o no tienen la sensibilidad ni el compromiso para atender a esas víctimas, que al final es lo que ellos [las víctimas] necesitan, ser escuchadas”.
Indicó además, que el sistema actual tiende a revictimizar de manera constante. La víctima pasa por un proceso desgastante en el que debe relatar su testimonio a distintas personas, organismos e instituciones para que todos tengan el registro en su respectiva acta.
El artículo 9 de la Ley General de Víctimas establece que toda víctima tiene derecho a recibir orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial con miras a facilitar el acceso de la persona o personas afectadas a una reparación integral del daño, así como ser merecedora de la verdad y la justicia en solución a su caso.
Este derecho a la atención de la víctima fue reforzado por Rosario Torres con la “Unidad de Primer Contacto”, impulsada durante su gestión como comisionada ejecutiva a nivel nacional en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); al llegar a la comisión, Rosario se percató de esta violencia institucional y la necesidad de las víctimas de tener un acompañamiento integral que terminara por abrumar a la persona involucrada.
Dentro de la Comisión, la vía jurídica –explicaba la activista potosina– representa la columna vertebral del proceso para que la víctima recupere su derecho a la verdad y la justicia, “para esto, la ‘Unidad de Primer Contacto’ es crucial en el sentido en el que no se abruma a la persona que necesita de nuestra ayuda, se le da asesoría de sus derechos, y en colaboración con un psicólogo, un trabajador social y un grupo de abogados expertos en la materia se elabora un solo expediente de la víctima… La gente sufre mucho en el proceso legal, el dolor que sentimos al ver que el servidor público sólo da vueltas a los expedientes, es inexplicable. Siempre va a ser muy cómodo no darle cara a la víctima”.
Con una larga trayectoria en defensa por los derechos humanos, la activista defensora de los Derechos Humanos, María del Rosario Torres Mata, compartió con El Semanario su aspiración a la titularidad de la CEAV, la cual ya precedió en el 2014, pero a pesar de los avances que se logró en materia de trato y atención de las víctimas, la humanista declaró que ese periodo fue insuficiente para asegurar que se continuara con este trato humano hacia la víctima.
“Tengo que hacer algo por todas las víctimas, algo que se refleje verdaderamente en la ley”, expresó Torres Mata.
Con un plan de trabajo basado en tres ejes rectores, la candidata a la titularidad de la Comisión Ejecutiva busca que se erradique la violencia institucional y que la interacción entre instituciones y víctimas facilite la labor de un ambiente colaborativo para ambas partes.
Respeto a la dignidad de la víctima, eje que involucra mayor capacitación a servidores públicos para una atención digna e integral, además de la creación de medidas de satisfacción y de protocolos que, entre otros temas, prioricen la intervención psicológica de la víctima.
Debida diligencia, eje enfocado a eliminar los trámites burocráticos y fomentar en los servidores públicos la cultura de inclusión, acompañamiento e información.
Protección efectiva del Estado, mediante el cual se buscará involucrar activamente a las instituciones encargadas de otorgar seguridad y protección a las víctimas, además de fortalecer los lazos de colaboración para garantizar asistencia puntual.
Como candidata a ocupar la titularidad de la CEAV, la maestra Torres Mata ha destacado: “cuento con el conocimiento y capacidad para ocupar tan importante cargo; deseo que las víctimas tengan un lugar digno donde acudir. Hoy, a diferencia de hace años, contamos con una Ley General de Victimas, tenemos herramientas e instituciones que nos respaldan y ofrecen garantías, pero es mi deseo llegar a dirigir la CEAV para robustecer estas herramientas y mejorar los procesos de atención y reparación”.
Torres Mata se encuentra dentro de la lista de los 23 aspirantes que recientemente dio a conocer la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, como parte del proceso para ocupar la titularidad de la CEAV. Además de su vasta experiencia en el campo de Derechos Humanos, destaca por ser unas de las aspirantes con mayor número de cartas propuesta y manifestaciones de apoyo por parte de colectivos de víctimas, expertos, organizaciones civiles y universidades.
“No somos un número, ni una estadística más, las víctimas tenemos cara, no somos un expediente. Y yo voy a dar la cara por ellos”, concluyó.
