Habría pagado 372 mil pesos por día para que bots levantarán el Trending Topic en las redes sociales relacionado con este evento.
Ciudad de México (elsemanario.com).- La semana pasada se llevó a cabo el Debate Digital entre representantes de Uber, Cabify y los representantes de los taxistas organizados de la ciudad de México. Sin embargo, estos últimos han descalificado los resultados de dicha contienda en la mesa de diálogo, pues consideran que el debate fue una farsa que sólo benefició a las empresas de aplicación.
Los voceros de los trabajadores del volante aseguran que Uber pagó el debate; es decir, las empresas de aplicación habrían pagado 372 mil pesos por día para que bots levantarán el Trending Topic en las redes sociales relacionado con dicho evento.
Además, los taxistas organizados informaron que durante los dos días del debate fueron relegados y que les dieron muy poco tiempo para elevar su voz dentro de lo que se supone, era “piso parejo” y sin favoritismos.
Ya uno de los voceros, Ignacio Rodríguez, había aseverado en entrevista para EL SEMANARIO que el “debate cibernético” lo ponían en duda ya que se pueden crear tendencias de modo artificial con el poder económico que tienen esas empresas, pues “el uso de redes y de la internet es sujeto a manipulación”, dijo.
Sin embargo, rescataron el debate presencial y pidieron que el mismo fuera abierto y cubierto por los medios de comunicación para que fuera lo más transparente posible.
En el mismo tono, insistieron que el servicio que prestan los más de 35 mil taxis piratas y los que brindan estas empresas de aplicación incurren en un delito, pues transportan personas con fines de lucro sin tener concesión alguna.
Finalmente, los voceros han matizado lo siguiente: continuarán por la vía jurídica y política sus acciones para rechazar la operación de esos servicios, incluyendo en estas iniciativas las denuncias penales y las manifestaciones en las vialidades de al ciudad.
Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del DF ha manifestado que tiene registrado un expediente de queja, mismo que plantea la nula intervención del gobierno en lo referente al servicio que prestan estas empresas sin contar con la concesión para ello.
Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos local ha identificado que la actividad de estas empresas se desenvuelve bajo modalidades totalmente distintas a las desarrolladas por el taxi tradicional y por ello, no puede aplicarse la misma regulación.
