Será el Congreso quien decida si retira la inmunidad política de Pérez, acusado de corrupción .
Guatemala (elsemanario.com).- El escándalo desatado el pasado viernes por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la que se acusa a varios funcionarios de alto nivel de tener una red de corrupción y defraudación fiscal, parece que ya alcanzó al presidente guatemalteco.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala avaló este martes someter a juicio político a Otto Pérez Molina pero para que sea esto posible falta que el Congreso decida si se le retira la inmunidad que goza.
Por “unanimidad” los magistrados dieron pauta a la petición interpuesta el pasado viernes por la Fiscalía y la CICIG (órgano respaldado por la ONU) ya que aseguran tener elementos que vinculan a Otto Pérez con una red de corrupción aduanera conocida como “La Línea”.
Los ministros sostuvieron que, en virtud de los documentos presentados por los organismos que dirigen la investigación, hay “información” suficiente que establece una “posible vinculación”.
De acuerdo con medios, el expediente ya llegó al Congreso en donde será debatido por la Junta Directiva este miércoles para, posteriormente, llevarlo a pleno al jueves.
Para que sea posible quitar el fuero a Otto Pérez, se requiere el voto favorable de 105 de los 158 diputados del pleno parlamentario. Sin embargo, falta esperar la decisión de los legisladores que ya rechazaron levantar la inmunidad al mandatario guatemalteco a principios de este mes.
La red de corrupción destapada el viernes denominada “La Línea” y que operaba cobrando sobornos para evitar inspecciones aduaneras, ya provocó la renuncia de seis ministros y de varios funcionarios más de alto nivel. La ex vicepresidenta Roxana Baldetti fue enviada a prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.
A esto se suma la renuncia de Fernando Carrera como embajador de Guatemala ante la ONU, quien antes además se sumó a las exigencias de renuncia del presidente de su país. Según trascendidos en medios, el funcionario dejará sus funciones el 15 de septiembre.
El escándalo ha exacerbado el sentimiento de los guatemaltecos que han salido a las calles –ya por varios días– para exigir la renuncia de Otto Pérez. Este martes, se produjeron bloqueos en más de una docena de las principales carreteras del país en demanda de que el general retirado dimita de su cargo.
Las muestras de desaprobación por el actual gobierno se han expresado en diversos sectores; se ha convocado al paro de actividades en la educación y el campesino. Líderes de opinión, activistas y periodistas cuestionan la obstinación del presidente guatemalteco, incluso lo han llamado mentiroso por pedir a la “Guatemala profunda” lo defienda cuando él nunca defendió una “Guatemala Plural”.
Para el procurador de Derechos Humanos, Jorge de León, no existe otra salida a la crisis que la dimisión del Otto Pérez, porque “el sistema ya colapsó, nuestra democracia no da los resultados necesarios y este ya es un Estado fallido”.
Ante el escándalo y luego de un mensaje el pasado domingo que provocó la ola de manifestaciones en su contra, el presidente guatemalteco no ha hecho pronunciamiento o aparición pública, enclaustrado mientras su gobierno se desmorona.
La crisis continua mientras se acerca la fecha crucial para toda Guatemala con la celebración de las elecciones generales convocadas para el 6 de septiembre, un escenario en el que seguramente se reflejará el sentir de todo el pueblo guatemalteco.
