A través de diversos casos se ha demostrado, cómo las recomendaciones hechas por la CNDH, la máxima autoridad de México en la materia, no sigue una metodología para redactarlas y tarda años para decidirse a enviar este documento. Dos organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, nos comparten su perspectiva y recetan a la Comisión los cambios que a la postre deberá tomar en cuenta.
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos debería ser considerada como una escuela de la ciencia moderna, los máximos científicos del mundo deben de pelearse por ingresar, pues esta Comisión comprobó que es falsa la máxima del razonamiento inductivo, una lógica que en ciencia advierte que todo lo que puede ser visto, tocado o escuchado existe y la CNDH demostró que sin ver, ni acercarse a las víctimas de la “masacre de San Fernando”, eran necesarias para emitir su recomendación sobre ese dramático incidente.
En dicha recomendación, la número 80 (dirigida a los entonces procurador general de la República y al gobernador de Tamaulipas) y que salió en 2013 (tres años después del horror), la CNDH advirtió que luego de enterarse de una nota publicada por el diario El Universal (Migrantes, 72 muertos de fosa en Tamaulipas) el 25 de agosto de 2010, ese día comenzó la queja CNDH/5/2010/4688/Q y comisionó a personal del organismo para que se presentara en el lugar de los hechos e investigaran, sin embargo, pese a que el organismo afirmó que estuvo presente en el lugar de la masacre, organizaciones advierten que esto fue una mentira.
Algo que a defensores de derechos humanos preocupa es que si en 2010 ocurrió el hallazgo de la fosa, tuvieron que transcurrir cuatro años para que se reavivara el tema, al menos con ese desasosiego habla a elsemanario.com Fernando Coronado, integrante de Fundación para la Justicia.
“Lo que nosotros hemos encontrado, a lo largo de todos estos años, es que la CNDH no conoció a ninguna de las víctimas, no se acercó a ninguna de ellas; la versión de la Comisión es que no estaban en posibilidades de hacerlo”, recuerda.
En este ejercicio de memoria, Coronado señala que en varias ocasiones se acercaron a la Comisión Nacional para hacer peticiones específicas, como ver que las autoridades no cumplían con los criterios internacionales para la entrega de restos a los familiares, la cual debía de seguir un extenso protocolo informativo, para que despejara dudas de que las cenizas o las masas amorfas en que se habían descompuesto los cadáveres, realmente correspondían a las familias que eran entregadas.
“Las autoridades empezaron a entregar los restos a personas que vivían en Guatelama y El Salvador (de este país fueron identificadas la mayor parte de las víctimas). Nosotros sabemos que hablaban de la oficina consular del país en cuestión, a las personas y les decían que les iban a entregar los restos que la autoridad mexicana había encontrado; primero pidieron muestras de ADN a los familiares que suponían eran parientes de los cuerpos encontrados y luego les decían que habían hecho las identificaciones correspondientes, pero no les dieron una explicación como lo establecen los criterios internacionales y tampoco les explicaban en qué condiciones podrían encontrar a sus familiares”, explica Coronado.
-¿Ustedes estaban al tanto de este proceso de identificación y entrega de cuerpos?
-La Fundación tenía información de que estaba ocurriendo porque los familiares explicaban: “a mi ya me trajeron el cuerpo y me dijeron cualquier cosa”.
-¿Qué hizo la CNDH en ese preciso momento?
-Nada, para empezar decían que no sabían si esas personas eran las víctimas, era parte del problema, entonces se propuso la creación de una comisión forense y se mandó al Equipo Argentino de Antropología Forense. Después de algunos ajustes, la PGR a través de la Subsecretaría de DDHH, ella sí aceptó y promovió (porque también yo creo que se tuvo que convencer a personas de ahí mismo) para que se lograra hacer un acuerdo con la Procuraduría y después se logró con Nuevo León y otro con la de Tamaulipas, para que cooperaran y se analizaran los restos de las personas, no solo de Tamaulipas, sino de otras fosas que existen. Se logró documentar ese proceso y reconocer los cuerpos de mejor manera.
Cuando los familiares abrían los ataúdes descubrieron una masa muy rara tras el proceso de descomposición de los cuerpos.
Existen protocolos internacionales para que la gente sepa o para explicar a la gente ‘lo que usted va a ver no se va a reconocer’, pero no fueron cumplidos ni por las autoridades mexicanas ni por los consulados.
Estas autoridades pueden dar cuenta de cómo llevaron a cabo la entrega de cuerpos y es donde nosotros pensamos que la Comisión pudo haber tenido un papel muy relevante para evitar que esas irregularidades ocurrieran. La Comisión argumenta que no pudo encontrar a las personas, imaginemos que en principio no podían pero cuando las autoridades empiezan a hacer la entrega de cuerpos, la Comisión debió haber pedido a las autoridades, la explicación exacta de lo que estaban haciendo ‘y todos los datos infórmamelos porque yo quiero saber qué es lo que estas haciendo’ y a partir de esto, que tú puedas encontrar a las víctimas, yo te voy a acompañar en su búsqueda. Porque un alegato que se hace, fue que los expedientes se reservaron y la Comisión dice que hasta después de un año pudo tener acceso sin restricciones a las averiguaciones previas, pero esa no era la única vía, tan no era que las organizaciones de la sociedad civil, que las hay especializadas en inmigrantes de Centroamérica, pudo haberlas buscado y conocido a las víctimas, porque al principio pudo haber la desconfianza de los familiares de entrevistarse con la CNDH, y las que pudieron ser el vehículo para que esta confianza se estableciera eran las ONG.
La CNDH, enfermedad degenerativa
La CNDH lejos de haber madurado en los poco más de 14 años de vida, por el contrario desarrolló una enfermedad degenerativa que la ha impedido ejercer, “ha habido un proceso paulatino de desgaste, una involución de sus facultades de investigación”.
“En aquella época surgieron recomendaciones con una investigación muy profunda, con parámetros muy garantes de los derechos y sobre todo, estableciendo responsabilidades muy claras de parte de las autoridades y de los poderes públicos, pero hemos visto demeritada esta función y actualmente el trámite de una queja ante las Comisiones Públicas de Defensa de DDHH se ha convertido en una especie de litigio, en donde las personas tienen que acudir y probar que han sido violentadas en sus derechos, es decir, se ha trasladado la responsabilidad de la investigación, de aportar el caudal probatorio a las personas o comunidades y las comisiones han ido desatendiendo estas obligaciones proactivas en materia de investigación”, explica a elsemanario.com Simón Hernández León, abogado defensor de el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh (Centro Prodh).
-¿En qué momento se burocratizaron las Comisiones Estatales y en que entidades esto ya es un problema?
-Nosotros tenemos el foco de atención en aquellos estados donde no ha habido alternancia política o que si la han tenido, hay una concentración del poder en el ejecutivo local. Vemos estos gobiernos locales con alta concentración de poder, en el que los diversos poderes públicos como el legislativo, judicial y los organismos constitucionales, realmente no tienen ninguna autonomía ni independencia, por lo que muchas veces están subordinados al gobierno local; es muy preocupante, por ejemplo en el estado de Chihuahua. Se ha establecido en una tercera reelección al ombudsman local y quien tiene una crítica de parte de las organizaciones locales por su falta de independencia o por su poca actividad en un contexto muy grave de violación a derechos humanos de Chihuahua, en donde no ha sido eficaz la acción del ombudsman y sin embargo, el Congreso ratifica su reelección por un tercer periodo; entonces vemos que la falta de independencia también radica en la concentración de poder del ejecutivo, pero también en los poderes legislativos, que son los que en última instancia harán las designaciones y es todo un proceso de autonomía, de cuota partidista y que se pone en entredicho la independencia de un organismo que debería de estar fuera y que debería atender los derechos de los ciudadanos más que los actores políticos.
-¿Por qué es cada vez más patente la opacidad en las comisiones estatales, en su actividad y agenda del ombudsman local?
-Los procesos de recomendaciones son muy largos, se les traslada a los ciudadanos la carga de la investigación, no hay resultados efectivos o en plazos razonables y todo esto va ocasionando un divorcio con la ciudadanía, por una parte y por otro, las propias Comisiones no han atendido a criterios de rendición de cuentas como encargadas de la protección a derechos humanos y esto tendría que ser un elemento de valoración de su gestión (por un poder público en un Estado democrático), sin embargo, vemos que quien debiera dar el ejemplo, que es la CNDH, es hasta esta semana, en que realiza una primera comparecencia ante el Senado y que ciertamente no fue una comparecencia exhaustiva, donde se cuestionara de fondo la actuación del ombudsman nacional, más bien fue una comparecencia muy complaciente, a modo y en este primer ejercicio de transparencia y valoración de su gestión, dista mucho de ser un verdadero ejercicio democrático, entonces habría que profundizar en los mecanismos de rendición de cuentas y también por otra parte, de poder saber y establecer las responsabilidades en las que podrían incurrir los órganos públicos de protección de derechos humanos, cuando son estas mismas autoridades quienes vulneran los derechos elementales de las personas. Hasta este momento tampoco hay un mecanismo adecuado de responsabilidad, lo único que existe es que la actuación de las Comisiones locales puede ser analizada por la CNDH, pero no puede haber un mecanismo de tutela hacia las personas; si se sienten agraviadas o que las comisiones están afectando sus derechos, y es en este momento justamente por el tema del caso de San Fernando, que se está interponiendo por parte de las organizaciones y las víctimas un primer juicio de amparo, para establecer si la CNDH violó sus derechos. Estamos apenas en un proceso en el que realmente se pueda establecer un mecanismo de rendición de cuentas y de protección efectiva de los derechos de las personas.
En este tenor, Coronado resalta que la CNDH y sus órbitas estatales ya burocratizaron su actuación, “cuando surgieron las comisiones, las autoridades estaban como expectantes, pero ya se burocratizaron, es muy interesante ver como la misma Comisión Nacional, el presidente cuando habló de estos temas, dijo que hubo 600 servidores públicos implicados en desapariciones forzadas, la Convención sobre desapariciones forzadas de la ONU dice que el Estado se compromete a investigar todo tipo de desapariciones del Estado o de quien sea y no hacerlo es una violación a esa firma”.
-¿Cuál ha sido la omisión de las Comisiones estatales? –se pregunta a Coronado-
-Todo el conjunto de Comisiones del país y los sitios donde se están cometiendo las violaciones más graves no están actuando a la altura de las necesidades; las Comisiones más o menos tienen una historia común y parecida, porque de entrada todas las Comisiones se inspiraron en la ley de la CNDH y esta ya tiene muchos años desde que se fundó esta Comisión, tal vez con algunas reformas legales, pero en la parte de la investigación no han hecho cambios sustanciales, las Comisiones no hacen un debate de prueba, porque tendrían que ir contra sí mismas, pues por una parte está el Estado que da información que le pide la Comisión; por otra parte, las víctimas que no tienen que llevar información ya que quien recaba los datos de prueba es la Comisión misma y como quien puede tener los elementos probatorios de una violación a derechos humanos es el mismo Estado con sus datos (tanto si es una mala atención médica como un crimen), las comisiones no hacen una acción tal como ocurrió en San Fernando, donde la CNDH tenía que haber ordenado una investigación penal útil para este tipo de criminalidad que sí es perseguido, en otros países como Colombia y la forma en que se tiene que hacer esta investigación, no está ocurriendo y las Comisiones no le dicen nada a las autoridades.
| A detalle. | Fernando Coronado, Fundación para la Justicia | Simón Hernández León, Centro Prodh |
| Estaría de acuerdo con la afirmación de que hace falta un ombudsman nacional que vista chaleco de la CNDH, camisa arremangada y trabaje personalmente en cada uno de los estados del país, al menos cambiaría esta marcada distancia que da al hablar siempre desde la cúpula y enfundado en trajes que estilizan su imagen al grado de convertirlo en una rara avis. | Tienen que asumir las funciones no solo a partir del derecho que lo rige, sino con una convicción de que tienen que hacer ese trabajo en DDHH; por una parte ni siquiera siguen siendo tan queridos por la Nación, son incomprendidos en gran parte del país, pues hay quienes piensan que defienden a los delincuentes como está todo este contexto. Sería un momento histórico que quien asuma esos cargos, asuma la convicción profunda de proteger los derechos humanos. | -Parte del inadecuado diagnóstico que emiten las Comisiones públicas radica en la distancia con la realidad que tienen muchos de estos funcionarios públicos, parece que no conocen la realidad, no salen de la oficina y en esa medida los diagnósticos son pobres e inadecuados. Independientemente de si el titular requiere de una imagen pública y una apariencia determinada, lo que tendrían que hacer es atender la realidad concreta y en el país hay grandes regiones con crisis de derechos humanos y desde luego se tiene que estar atendiendo a estas comunidades, para que su trabajo sea un reflejo de lo que está pasando en el tema del abuso de los poderes públicos hacia las personas y hacia las víctimas; no tendría que ser una cuestión de divorcio con la sociedad o una relación en que las personas tengan que acudir a las Comisiones y nuevamente sean revictimizadas. |
| ¿Cómo ha evolucionado la situación de derechos humanos en México desde 2012 a la fecha? | La primera cuestión es que debe haber diagnósticos objetivos. Cuando hay un cambio de gobierno, hay la vocación de que marcaron la diferencia y una de ellas es como respeta un gobierno los DDHH y aquí hay evaluaciones ambiguas; hay otros informes que dicen que se tiene que hacer precisiones, pienso que un gobierno tiene que pedir que unas instancias internacionales participen. | Ubicamos un cambio en el discurso con el anuncio de medidas mucho más cosméticas que efectivas. Las violaciones se mantienen, la política de seguridad se mantiene aunque el ejecutivo tenga un discurso diferente, y que si se mantienen estas problemáticas y no se están atendiendo las causas estructurales, pues tenemos el mismo país en la misma situación de apremio y violación de derechos humanos. |
| Si pudiera hacer una petición al ombudsman ¿Cuál sería? | Cambiar su forma de investigar los casos, metodologías y procedimiento de evaluar las cosas. | Modificar su efectividad, la capacidad de atender a las víctimas, tener un diagnostico certero de los derechos humanos en el país. Emitir recomendaciones que apunten a la transformación de las causas estructurales, que dan causa a las violaciones de derechos humanos. |
Por Octavio Noguez Cervantes.
