Clemente García Moreno, director general de Agenda LGBT, menciona que la población referida no es discriminada en torno a su derecho al voto, sino a su participación política.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Con los comicios del 7 de junio en puerta, el semanario.com entrevistó al director general de Agenda LGBT, A.C., quien nos habla sobre la falta de apertura por parte de los institutos políticos hacia la población LGBT, no sólo en el DF, sino en el país.
Pareciera que -con todas las acciones discriminatorias que puede haber hacia las minorías en la ciudad- el derecho al voto sería una más de las violaciones de derechos en el DF. Pero el derecho al voto no es algo que se violente tanto en esta comunidad, sino su participación política.
Clemente García Moreno, director general de Agenda LGBT, A.C., menciona que la población referida no recibe mucha apertura por parte de los institutos políticos. No tienen candidatos de diversidad sexual, a excepción de Jaime López Vela, de MORENA, refiere. Se violenta la participación política, no el derecho al voto.
Es un país con “120 millones de habitantes, de los cuales cerca del ocho porciento” son la población LGBT. Clemente García argumenta que, particularmente, “las personas trans”, tienen problema con su identificación a la hora de emitir el voto, pero esa dificultad se salvaguarda en la ciudad de México solamente, debido a la ley donde el grupo mencionado puede hacer su reasignación sexual y genérica para estar en el padrón electoral con los datos que le corresponden de acuerdo a su concordancia sexo-genérica, “es decir, con el nombre y el género que desean”.
Para el resto del país es un problema, de ahí que sea de vital importancia contar con personas de diversidad sexual que representen al grupo en el resto del territorio, menciona. En el interior del país, una persona transexual no tiene un marco jurídico que le proteja para ejercer su derecho al voto con la identidad de género con la que se identifica.
La discriminación permea fuera del DF, electoralmente hablando, ya que la capital del territorio nacional es la única que cuenta con un marco jurídico que cubre al grupo referido. Los funcionarios de casilla, que son quienes atienden los procesos electivos, están capacitados para recibir por igual a los ciudadanos, dice Clemente García, pero reciben una capacitación muy breve, somera, sólo les enseñan lo más básico, “que es salvaguardar el proceso de elección”, en cuestiones de seguridad; pero en cuanto al respeto al derecho humano de las personas, no se les capacita correctamente. Y no es culpa del funcionario elegido para tal comisión, de acuerdo a lo que dice el activista, “es culpa del instituto y en sí de todo el gobierno mexicano” en sus tres niveles, que no han podido armonizar leyes para que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer el voto sin discriminación, denuncia. “Se nos permite votar libremente, simplemente que a la hora de votar” hay actos de discriminación.
Más que el respeto al derecho al voto, que “sí tenemos”, lo ideal es “que se nos respete este derecho a la participación política”, que todos los institutos sobrepasando sus plataformas escritas lo transformen en una realidad para poder participar todas las personas de la población LGBT, y que no haya pocos candidatos, “sino que haya muchos en todo el país, que representen esta población en el congreso y en los congresos locales y en los tres poderes de gobierno”, puntualiza el director general de la A.C.
Campañas para mitigar la discriminación.
El activista menciona que para ello fue creado DerechosLGBTCDMX, donde se habla del marco jurídico que existe en el país, siendo el caso de la ciudad de México el más robusto que hay para proteger los derechos de esta población. En la plataforma mencionada se puede encontrar la difusión de los nueve derechos que se garantizan en la ciudad a través de diferentes disposiciones y políticas públicas, desde el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta la reforma en el código civil que permite a las personas transexuales su derecho a la identidad de género sólo como un trámite y ya no como un juicio, además de muchas otras.
Un ejemplo de la falta del derecho a la participación política y el rechazo a la pretendida representación.
La comunidad LGBT rechazó la supuesta representación por parte de una conocida actriz argentina. El rechazo categórico a la actriz Sabrina Sabrok, lo hacen en el sentido de que hay “muchos compañeros” en el interior del país que se sabe están activos participando por la lucha de diversidad sexual e igualdad por la comunidad LGBT. La actriz no ha tenido participación política en el país que incida en la creación de alguna política pública o ley; o de cualquier cosa con beneficio tangible para ellos, refiere García Moreno.
El representante de Agenda LGBT también argumenta que hay personas que realmente participan y no han sido reconocidas por su labor, incluso en el instituto que nombra a Sabrina embajadora de la comunidad lésbico-gay, es decir, la Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM), organización adherente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
¿Por qué en lugar de que un gay o una lesbiana que están haciendo activismo y que participan en estos institutos y que puedan participar como candidatos, nombran a un personaje público, de la farándula? Pregunta con la que también reflexiona el entrevistado.
Por eso la comunidad LGBT rechaza el nombramiento, “no porque Sabrina Sabrok sea una mala persona”, porque esto es “una artimaña del partido para llamar la atención”, refiere el activista.
EL PRI ha votado en contra de leyes de igualdad en el interior del país, agrega. Ha coaccionado para que no pasen iniciativas de igualdad que beneficiarían a esta población. “Si de verdad el Partido Revolucionario Institucional quisiera representar a la población de la diversidad sexual y darles un beneficio tangible no solamente en el Distrito Federal, sino en el resto del país”, debería haber tenido candidatos de la diversidad sexual, finaliza.
Por Alberto Cedeño.