Las agresiones acontecidas en Michoacán, vuelven a poner en predicamento el accionar de las fuerzas armadas en labores de seguridad en el país. Hacen recordar hechos como los de Tlatlaya y el caso de Iguala.
México (elsemanario.com).- Los acontecimientos en el municipio de Aquila, Michoacán, en contra de comuneros de Ostula pertenecientes a la comunidad de Ixtapilla, que derivaron en la muerte de dos menores (confirmadas) y de cuatro personas heridas, ubican a las Fuerzas Armadas de nuevo en el centro de una controversia por el accionar de sus elementos.
El pasado domingo un grupo de pobladores denunciaron haber sido atacados por fuerzas federales con armas de fuego cuando se manifestaban para exigir la liberación del líder de las autodefensas de Aquila, Semeí Verdía (detenido este mismo fin de semana).
Según testimonios de residentes de la comunidad de Ixtapilla, citados por algunos medios de información, fue el Ejército el que atacó a civiles. Refieren que alrededor de 300 personas instalaron retenes en Aquila para impedir el traslado del líder de las autodefensas, sin embargo, los elementos castrenses abrieron fuego contra los lugareños, acusaron.
Los bloqueos se realizaron en tres puntos del municipio: el primero a la altura de la comunidad de El Duin, en la desviación a Ostula; otro en la comunidad de Ixtapilla y el tercero en la localidad de Xayacalan.
Por su parte, las autoridades niegan haber disparado contra civiles y aseguran que sí hubo disparos en Aquila efectuados por elementos de las Fuerzas Armadas, “pero al aire para dispersar a la población”.
El mando especial de Seguridad para Michoacán, Felipe Gurrola, sostuvo en conferencia de prensa que la población lanzó rocas por lo que sus elementos respondieron con gas lacrimógeno. “Las personas fueron las que se atacaron contra sí y a su vez a las autoridades”, dijo.
“El personal militar al verse agredido y sorprendido sí realizó disparos, pero al aire nada más para disuadir al momento de la agresión a personal que estaba agrediéndolo con palos, inclusive con disparos reales hacia ellos”, aseguró Gurrola, quien agregó que fueron grupos armados los responsables del ataque a civiles y a la autoridad.
Empero, la crisis del accionar de las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique Peña Nieto salió ayer en defensa de las instituciones castrenses y de seguridad, al asegurar que por más que “algunos se empeñen” en manchar su labor, el Ejército y la Marina trabajan todos los días en favor de la seguridad de los mexicanos.
El titular del Ejecutivo sostuvo que ambas instituciones trabajan para preservar el orden, la seguridad, y para construir un ambiente de mayor armonía, paz y tranquilidad, pero sin referir en ningún momento lo sucedido en Aquila.
Pese a las declaraciones oficiales, vuelve a surgir el cuestionamiento al accionar de las Fuerzas Armadas en México. No olvidemos que varios elementos castrenses son acusados de asesinar a civiles en Tlatlaya, Estado de México y que también se acusó al Ejército de ser omiso en el caso Iguala, al no acudir durante el ataque en el que desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Además, sin contradecir a las autoridades federales, pero si atendiendo una situación apremiante, este lunes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició expedientes de queja por lo ocurrido en Aquila, Michoacán y en Calera, en Zacatecas, donde elementos del Ejército están involucrados en agresiones y homicidios contra la población civil. Estas acciones se suman a los expedientes que tiene de Iguala y Tlatlaya.
Sumado a esto, desde hace un par de días circulan videos en redes sociales en los que se denuncian las agresiones por parte de efectivos de seguridad federal. En uno de ellos se alcanzan a escuchar detonaciones de arma de fuego y movilización de elementos castrenses.
A pesar del pronunciamiento y recomendaciones de la CNDH, o las de varias organizaciones como Amnistía Internacional e incluso de la ONU, pareciera que las instituciones castrenses y de seguridad en México carecen absolutamente de protocolos y procedimientos cuando se involucre a la población civil, poniendo en riesgo la vida de muchas personas, y que ha desembocado, en ya varias ocasiones, en tragedias.
Es urgente que desde el Congreso se exija a estas instituciones publicar y poner en acción nuevos protocolos, así como sanciones a efectivos y mandos que incurran en este tipo de agresiones, en especial, cuando su deber es proteger y no agredir.
Por I. Nava.
