En el país persiste la discriminación, injusticia e impunidad contra las mujeres que intentan hacer valer sus derechos reproductivos, alerta una organización civil.
México (elsemanario.com).- En México, la protección social y el respeto de los derechos reproductivos para las mujeres, pese a los avances legislativos, vive un estado trágico reflejo de un sistema de salud fallido, denunció el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
La organización civil alertó que, en cuestiones fundamentales para el bienestar de las mujeres como: aborto, maternidad y cobertura social para servicios de salud que incluyan anticonceptivos, tanto instituciones públicas como gobiernos estatales presentan negligencias y actos de discriminación.
Durante la presentación del informe “Niñas y mujeres sin justicia. Derechos reproductivos en México”, presentado este miércoles, representantes del GIRE señalaron que sólo el 40% de las mujeres en el país está afiliada al IMSS o el ISSSTE.
El 60% restante, alertaron, no lo está, ya sea porque está desempleada, es trabajadora del hogar económicamente remunerada o porque forma parte del sector informal.
En ese contexto señalaron que las prestaciones en México aún están lejos de equipararse con las de otros países de Latinoamérica que sí tienen una protección social más adecuada: Venezuela, Chile o Cuba, son algunos casos.
En esas naciones, ejemplificaron, se otorgan un mínimo de 18 semanas de permiso de maternidad, mientras que en México, apenas se conceden seis semanas previas al parto y otras seis después (o un mes antes y dos después del nacimiento para empleadas públicas).
En el caso de los hombres están contemplados cinco días de permiso. En Ecuador, Cuba o Venezuela, los plazos llegan a los 10 y 14 días.
La directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés, denunció que este tipo de prestaciones colocan al país al mismo nivel que las existentes en naciones como Nigeria o Irán. Además, enfatizó que persiste la poca prioridad en la agenda gubernamental sobre los derechos reproductivos.
En cuanto al aborto, señaló que pese a que se ha avanzado en la legislación, las mujeres del país continúan enfrentando regulaciones restrictivas y obstáculos para el acceso a servicios de suspensión del embarazo, además de criminalización.
Señaló que tan sólo entre 2012 y 2013 se entablaron 81 procesos penales contra mujeres que interrumpieron su embarazo acusadas de aborto o infanticidio, 32 de ellas fueron sentenciadas por cometer un presunto delito.
En ese mismo periodo, el GIRE litigó en favor de 39 casos de niñas y mujeres en 18 estados del país, quienes sufrieron la violación de sus derechos reproductivos, en eventos relacionados con anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y vida laboral.
