México vive una crisis dentro de la crisis. La crisis secular mexicana se inscribe hoy dentro de la crisis internacional. La crisis nacional se inició al menos hace 20 años, en tanto la crisis internacional actual se hizo evidente a partir de 2008. Ambas crisis tienen un paralelismo político y social, siendo el hecho de que éste ha dejado de cumplir a la ciudadanía con el pacto social que le dio razón y justificación de ser.
Así, las políticas y acciones públicas seguidas nacionalmente han terminado por minar las bases mismas del estado y de sus instituciones. El Estado mexicano en la actualidad no garantiza plenamente la vida; la libertad, que es también la igualdad frente a la ley; el patrimonio y su lícito usufructo por parte de los ciudadanos; ni los derechos sociales de la ciudadanía que habían sido consagrados inicialmente en la constitucional federal.
Al amparo de una fallida reforma económica y social iniciada desde la década de los años ochenta, el Estado mexicano se fue desdibujando sistemáticamente, hasta llevar a la nación al límite de la resistencia del tejido social y a su evidente colapso económico. Desde su inicio, se asumió una visión y acción política unidimensional y unidireccional.
La primera significó reducir al Estado en su dimensión de protección del interés general y en la profundidad inicial de sus atribuciones constitucionales, especialmente para la atención y protección social de la ciudadanía. La segunda implicó una ciega y dogmáticamente política económica de más mercado y menos estado, apoyada fallidamente con una política social paliativa frente a sus consecuencias sobre el empleo y ocupación, reducción de los salarios reales y agudización de la inequidad en la distribución del ingreso.
Ante tal devenir, las acciones políticas institucionales han sido adversas al cambio y el régimen actual continúa asignado los males nacionales a los gobiernos de hace al menos seis lustros, como si el presente mexicano fuera la vigencia del pasado remoto y éste la definición del futuro inmediato. En ese mismo afán justificatorio, se ha insistido oficialmente en la urgencia de huir hacia el futuro, profundizando las medidas económicas iniciales con nuevas “reformas estructurales” que a todas luces parecieran no dar los frutos ofrecidos. En el mismo tenor, los sempiternos males nacionales han terminado por ser asignados a la crisis e incertidumbre internacional.
La huida hacia delante de la acción política ignora las evidencias sociales negativas de las políticas económicas vigentes, convirtiendo a la pobreza, el desempleo, la violencia social y la inseguridad, en un discurso funcional, electoralmente sometidos al régimen vigente y a los intereses de la partidocracia. Por lo que, ante el riesgo del colapso nacional, es necesario abordar de manera objetiva el análisis del derrotero de la nación.
Tal análisis debe llevar a plantear propuestas realistas para forjar un nuevo pacto social incluyente, tolerante, equitativo y simétrico en sus intereses y riesgos, para responder a los intereses y aspiraciones de los ciudadanos y dar paso al estado mexicano social y económicamente responsable del siglo XXI. Ello sólo puede ser logrado de manera democrática por la vía política y con un proceso electoral equitativo que atienda las aspiraciones de la ciudadanía.
Muchas pueden ser las divisas políticas y electorales próximas a ser planteadas y enarboladas, pero seguridad, justicia y progreso son el reclamo, sin duda, en todos los ámbitos del país, en cada rincón de la geografía nacional, para cada factor de la economía, para todo tipo de productor y consumidor, para la gran mayoría ciudadana. No menos, aunque puedan ser más las aspiraciones ciudadanas, pensando que el atender una crisis requiere diagnóstico pero también esperanzas y realismo.
