Uno de los grandes problemas de seguir la agenda pública de seguridad es que un evento escandaloso sigue otro y se cae en una cadena interminable de sorpresas y desatenciones a temas que espera la próxima crisis. Es por ello que retomo el tema del robo de combustible porque además de la relevancia y los impactos económicos, políticos y sociales mencionados en mi columna Orden al caos del 17 de mayo, es importante dar seguimiento a las acciones y omisiones de las autoridades en la materia.
En el breve recuento de las acciones, el 5 de mayo el presidente Peña Nieto instruyó a su gabinete de seguridad implementar “una estrategia integral contra el robo de combustible”. El 10 de mayo se reunió el gabinete de seguridad en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y coincidieron el General Secretario con los titulares de Gobernación, Marina, Procuraduría General de la República (PGR), la oficina de Presidencia, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), a los que se sumaron los secretarios de Hacienda, Energía y el director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y los titulares del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En dicha reunión se conformó el Grupo de Coordinación contra el Robo de Combustibles y se acordó agilizar la estrategia, reunirse los lunes y un encuentro con los gobernadores de los estados con mayor robo de combustible: Puebla, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas.
El lunes 15 de mayo se realizó en Palacio Nacional la reunión con los gobernadores y se acordó “crear grupos de trabajo por cada uno de los estados. (…) Reforzar las acciones de inteligencia, atacar la oferta y la demanda de combustible robado, incrementar los esquemas de seguridad y reforzar las acciones de carácter social en las zonas afectadas.”[1]
El 29 de mayo en Veracruz, el Secretario de Gobernación anunció operaciones de persecución de los líderes de este delito, el despliegue de 200 elementos de la Policía Federal en Poza Rica y otros 200 en Pánuco. El 30 de mayo, el Secretario de Hacienda declaró que se requiere de “acción continua en espacio de dos o tres años”; mientras que el vocero del gobierno de Puebla, anunció que se cerraron siete gasolineras por delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero de las cuales cuatro pertenecen al alcalde de Palmar del Bravo sin descartar que haya otros alcaldes involucrados.
Si bien estas acciones de coordinación entre las dependencias hacendarias y de seguridad son un paso importante, se requiere un mayor énfasis en involucrar a dos actores clave: PEMEX y las comunidades. En primer lugar a PEMEX, ya que a la par de compartir información y participar de forma activa en el mencionado grupo de coordinación, también deberá iniciar un proceso de depuración interno que persiga a las redes de funcionarios que participen en este delito, si bien se han identificado algunos casos, es notorio que ese esfuerzo debe ser redoblado si en verdad se busca atender este ilícito.
El otro actor clave en esta trama son las comunidades que hoy viven del robo de combustible y que es necesario recuperar si se quiere dar estabilidad a mediano y largo plazo a la estrategia de seguridad, al mercado de hidrocarburos y las propias comunidades. Propongo tres formas de involucrar a dicho sector, la primera es la implementación articulada de programas sociales estatales y/o federales pero ahora acompañados del componente de cultura de la legalidad, la cual se puede desarrollar vinculando los apoyos sociales a la participación en programas de bienestar colectivo, asistencia a la escuela y una constante difusión y promoción de la cultura de la legalidad donde el mensaje principal sea que la comunidad se sustenta en la ley y no en el robo y el dinero fácil que viene con él, para lo cual se requiere de la participación activa y concertada de las autoridades de los tres órdenes además de identificar y empoderar a actores sociales locales que abanderen esta causa.
Otro aspecto sería retomar las mejores prácticas de protección ambiental que puedan replicarse para crear unas “áreas de transporte energético”, ya que estos programas que hoy se aplican en el país para conservar un área natural protegida pueden adaptarse a las comunidades involucrando a los habitantes locales como promotores y defensores de dicho espacio mediante la oferta de incentivos colectivos para que protejan el paso de los combustibles en lugar de atacarlo como pasa hoy en día. Finalmente, la reforma energética trajo consigo la obligación a las empresas de realizar estudios de impacto social en las zonas donde iban a implementar los proyectos para con ellos desarrollar beneficios a la comunidad y asegurar las operaciones de los mismos. Así, por medio de estos u otros mecanismos público-privados, se requiere de construir comunidades fuertes que se orienten hacia la legalidad y protejan el tránsito de combustibles en el país, de lo contrario nada garantiza que se sostenga una estrategia en el ambiente político tan polarizado que se ve actualmente.
