La alternancia política mexicana, ampliamente celebrada a partir de 2000, acrecentó ad nauseam la visión social perversa de que en democracia todos tienen el derecho de abusar de la sociedad. Ello sin aceptar, en general, plenamente por ciudadanos y por quienes están responsabilizados de la marcha de las instituciones que, en democracia, por ella y en ella, nadie tiene el derecho de abusar de los ciudadanos. Esta conducta de abuso de la sociedad se generalizó en un ambiente de recursos públicos extraordinarios, forjados por una mayor extracción de petróleo a mayores precios, sin paragón histórico alguno, dando paso a un “efecto de voracidad”, especialmente desde la esfera pública.
Después de consumarse la alternancia política, en el muy corto plazo el nuevo gobierno y los partidos internalizaron y externalizaron el motto de que cada organización y actor político tenían el derecho de atropellar a la sociedad para saciar sus apetencias de poder y de dinero, especialmente si este último era público. Así, la alternancia política mexicana significó el derecho de todos de poder abusar de la sociedad y acceder sin control alguno al uso y disfrute de los recursos públicos extraordinarios.
Los ingresos públicos extraordinarios y el acuerdo político correlativo para su distribución provocaron que la alta burocracia de los poderes del estado, los sindicatos públicos y los sectores productivos, exigieran una participación creciente en su distribución, sin considerar las urgencias y carencias del país, especialmente de los pasivos sociales ancestrales de salud, educación, alimentación, y de la necesidad de producción y empleo productivo de millones de mexicanos. Para entender la magnitud de la voracidad baste saber que, a partir del 2000, Pemex llegó a contribuir con más de un billón de pesos anuales a la Hacienda Pública; la deuda pasó del orden de un billón de pesos a alrededor de 9.5 billones en la actualidad y el gasto federal alcanzó casi cinco billones en 2016.
Lo más extraordinario de la historia inmediata nacional es que el abuso sobre la sociedad y el “efecto de voracidad” agudizó el clientelismo político, generando un proceso de feudalización de los tres órdenes de gobierno junto con el empobrecimiento del grueso de la población que se agudizó. Por lo que hoy, después de una abundancia de recursos públicos extraordinaria, se hacen más evidentes las carencias y necesidades sociales en un ambiente de mayor deuda pública y astringencias de gasto.
Ante lo experimentado en los más de tres lustros pasados, los poderes públicos han visto acrecentada su problemática de corrupción y falta de trasparencia. Aún bajo nuevos marcos legales a modo de la partidocracia, la discrecionalidad de la acción pública, en los tres poderes y desde la instancia básica hasta su cúpula, ha culminado con una mayor corrupción e impunidad. Caso emblemático y mediático han sido los gobiernos locales, como lo ha documentado desde 2012 la Auditoría Superior de la Federación, con el dispendio y falta de transparencia de los fondos federales.
La alternancia mexicana ha demostrado que no puede haber un cambio de la acción pública, de las políticas económicas y sociales, sin un cambio político y democrático, y que la reforma del estado y de sus instituciones necesariamente sólo puede transcurrir desde la esfera de la política. Sólo un nuevo régimen y una nueva economía política podrán dar pie a políticas económicas y sociales que alienten la producción, el empleo, la mejora en la distribución del ingreso y el desarrollo país.
Sólo con un cambio político democrático se podrá abatir la pobreza y la miseria de más 53 millones de mexicanos; sólo así se podrá tomar conciencia social de los 32 millones de mexicanos de 14 años y más que se encuentran en rezago educativo; y sólo así se podrán atender las carencias ancestrales nacionales. Únicamente con un cambio político se creará un nuevo destino para la nación, en el que el estado y sus instituciones sirvan a la ciudanía y se cancele toda oportunidad para abusar de ella.
Ése es el reto en democracia contra la captura del estado por la partidocracia y de los intereses privados sobre los intereses públicos. Pero ello significa un cambio desde la mayoría. Bien se reconoce que no puede haber democracia sin sociedad democrática y que no puede haber sociedad democrática sin ciudadanos que anhelen la democracia.
