En el “Pacto por México” se estableció la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo electoral dotado de autonomía constitucional y facultado para organizar los comicios federales y locales.
México, D.F.- Con el objetivo de profundizar el proceso democrático con base en tres ejes rectores, el fortalecimiento del Estado Mexicano; la democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales; y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas; el 2 de diciembre del año 2012 se firmó el “Pacto por México”.
Este acuerdo político nacional fue suscrito por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, presidenta Interina del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática.
El pacto contiene cinco compromisos generales: Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades; Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; Acuerdos para la Seguridad y la Justicia; Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática; y Acuerdos para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
Dentro del Acuerdo para la Gobernabilidad Democrática, se planteó la creación de una autoridad electoral de carácter nacional que se encargue tanto de las elecciones federales como de las estatales y municipales.
A partir de esta base, diversos actores políticos sugieren la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo electoral dotado de autonomía constitucional y facultado para organizar los comicios federales y locales, así como las tareas que la Constitución General de la República le confiere al IFE (verificación de firmas para la presentación de iniciativas ciudadanas y la celebración de consultas populares, así como la organización de dichas consultas).
La transformación orgánica de la autoridad electoral estaría acompañada por la expedición de una Ley Federal de Partidos Políticos y de un Código Electoral General con aplicación en las elecciones federales, estatales y del Distrito Federal.
El sistema electoral mexicano
Actualmente, el sistema electoral mexicano se integra a nivel nacional por el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras que a nivel local lo componen los 32 institutos y tribunales electorales estatales.
Las normas que el subsistema federal ha establecido son reproducidas por los subsistemas electorales locales.
Las 32 leyes electorales locales y ordenamientos diversos que regulan la jurisdicción electoral a nivel local; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las leyes electorales federales (el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de impugnación en Materia Electoral); además de las 31 constituciones estatales y el Estatuto de Gobierno del DF, rigen al sistema electoral mexicano.
La labor del IFE
El Instituto Federal Electoral es un organismo público, autónomo y permanente, encargado de organizar las elecciones federales, es decir, las referentes a la elección del Presidente de la República y de los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la conformación del IFE participen únicamente ciudadanos, representantes del Poder Legislativo de la Unión, así como de los Partidos Políticos Nacionales.
El organismo federal cuenta con total independencia para la realización de sus funciones y la toma de decisiones, además de contar con una personalidad jurídica y patrimonio propios.
El IFE tiene como tareas a realizar:
- Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
- Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
- Integrar el Registro Federal de Electores.
- Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
- Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
- Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
- Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.
- Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a los objetivos propios del Instituto y a otras autoridades electorales; además de garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.
De Federal a Nacional
Según el ensayo titulado “Es necesario convertir el Instituto Federal Electoral en autoridad nacional electoral”, que presenta la Cámara de Diputados, el sistema electoral mexicano genera problemas económicos en diversos ámbitos:
1. El desmedido crecimiento de las burocracias electorales, con el consecuente incremento de los costos de operación de los organismos electorales;
2. La fragmentación del sistema electoral en 32 subsistemas electorales, que coexisten con el subsistema federal y repiten, de manera costosa, procesos que podrían ser desarrollados por un solo cuerpo de funcionarios;
3. La diversidad de soluciones, plazos y formalidades para un mismo tema en el sistema electoral, cuya expresión se encuentra más en sus prácticas que en su normatividad.
4. La judicialización de los procesos electorales locales cuyos casos más importantes son resueltos, en última instancia, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Refiere que ante esos sucesos, la idea de avanzar hacia un sistema electoral único a nivel nacional en el que exista un solo órgano competente, el Instituto Nacional Electoral, cobra gran fuerza.
El INE tendría como objetivos la culminación del proceso de homologación de normas instrumentos, procedimientos y prácticas electorales. Para tal efecto, sería necesaria la expedición de una Ley o Código general en la materia que unifique las normas y los procedimientos tanto a nivel federal como a nivel estatal.
Además, se establecería la aplicación efectiva del marco constitucional y legal del Instituto Federal Electoral, el cual estaría facultado para celebrar convenios con las autoridades electorales de las entidades de la Federación a fin de asumir la realización de actividades y tareas en los procesos electorales locales, según describe el documento.
Entre las funciones que este organismo realizaría se encuentran las de fungir como encargado de la realización de las actividades electorales, tanto nacionales como estatales, remplazando así las funciones del IFE y de los órganos locales; ofrecer capacitación en materia electoral; diseñar y determinar los distritos electorales; administrar el padrón y la lista de electores.
De igual forma, definir las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, conteos rápidos, impresión de documentos y producción de materiales electorales; y fiscalizar los ingresos y egresos de partidos políticos y candidatos.
Ventajas y desventajas de la creación del INE
La Cámara de Diputados señala que la creación de esta autoridad electoral nacional tendría como ventajas la reducción de costos electorales, pues se eliminarían las autoridades administrativas locales (es decir, estatales y del Distrito Federal).
Igualmente, se brindaría a los partidos y candidatos una mayor imparcialidad y objetividad en el desarrollo de su ejercicio.
Aún con las ventajas planteadas, en el texto “Es necesario convertir el Instituto Federal Electoral en autoridad nacional electoral” se subraya que existen problemáticas subyacentes como la distorsión del principio federalista que rige el Estado mexicano, ya que los órganos de las entidades federativas no tendrían participación en la organización de las elecciones locales.
A la par, indica que la propuesta no plantea una nueva organización jurídica para los tribunales electorales locales, y dada la ley en rigor, el INE estaría sujeto a los tribunales electorales de las entidades federativas cuando actúe en los comicios locales.
El financiamiento de la institución, que para atender sus nuevas facultades debería incrementar sus gastos de funcionamiento y su plantilla laboral, es otro de los inconvenientes a atender.
También se prevén complicaciones con la organización de la cartografía electoral, y la redistritación y manejo de los calendarios de los procesos electorales locales para hacerlos coincidir con los procesos electorales federales.
De esta forma, no seria factible la creación de un nuevo organismo electoral nacional a corto plazo, ya que la administración de todos los procesos electorales implica una alta complejidad.
Pareciera evidente que es indispensable una reforma electoral dado que la democracia mexicana es de las más costosas del mundo, sin embargo, es un asunto complejo y las decisiones tomadas deben ser analizadas profundamente para que los cambios que se realicen sean para avanzar a un México más justo y representativo.
