John E. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentó en México el 9 de agosto una red de lavado de dinero liderada por el supuesto narcotraficante Raúl Flores Hernández (a) “el Tío”, cuya red incluía a 21 personas y 45 empresas de distintos ramos, destacando al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez.
A raíz de la inclusión en dicha lista y con base en la Ley Kingpin, Estados Unidos congela unilateralmente las cuentas de los mencionados en su territorio y les cancela las visas estadounidenses, las sanciones pueden ser mayores e implicar procesos de persecución judicial en Estados Unidos como el caso de Raúl Flores sin necesariamente ser investigados en México.
Esta clase de eventos no deja de lado el problema político de una definición común o compartida de las amenazas puesto que las acciones unilaterales como las de la OFAC, sólo complican los márgenes de cooperación en lugar de avanzar en acuerdos y entendidos más amplios que permitan una colaboración fluida y una atención compartida a dichos problemas.
En otro evento, el 26 de julio Dámaso López Serrano (a) “Mini Lic” de 29 años, se entregó a las autoridades estadounidenses en Calexico, California ‒frontera con Mexicali, Baja California Norte‒, primero a la Oficina de Aduanas y Control Fronteriza (CBP) y después a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), supuestamente el motivo de la entrega fue la amenaza de muerte y persecución de “El Mayo”, advirtiendo de que si era capturado en México lo asesinaran en prisión. Las autoridades mexicanas federales y estatales no recibieron comunicación oficial a pesar de los protocolos de intercambio de información.
Se ha especulado mucho sobre esta atípica entrega por tres razones: la primera porque aparentemente pasó tres o cuatro noches en la frontera antes de su entrega, tiempo en el cual pudo negociar algunas condiciones de protección física, patrimonial, legal o familiar con la DEA; la segunda, porque a pesar de estar en aparente desventaja en la guerra por el cártel de Sinaloa, aún cuenta con suficiente poder de fuego, recursos humanos y materiales para mantener una posición intermedia en los mercados ilegales; y la tercera, por las implicaciones para las redes criminales en México y Estados Unidos de la información que entregue a las autoridades estadounidenses en la coyuntura de una tensa relación bilateral.
El “Mini Lic” es ahijado de Joaquín Guzmán e hijo de Dámaso López Núñez (a) “el Licenciado” capturado en la CDMX el pasado 2 de mayo y desde entonces se convirtió en el heredero de una parte importante del mercado de narcóticos que controla el cártel de Sinaloa y que se encontraba en disputa con los familiares de Joaquín Guzmán, su hermano Aureliano y sus hijos Jesús Alfredo e Iván Archibaldo.
Desde la captura de Joaquín Guzmán se abrió un vacío de poder que se ha disputado a sangre y fuego entre los hijos de este y su socio más cercano, Dámaso López y su hijo López Serrano, dejando a Ismael “El Mayo” Zambada como el fiel de la balanza, quien se decantó por apoyar a los Guzmán, esta pugna es responsable de buena parte de los 1,054 homicidios registrados en Sinaloa durante 2017.[1]
El valor de la información del “Mini Lic” puede sopesarse en la captura el 31 de julio, cinco días después de la entrega, de Nahúm Abraham Sicairos Montalvo (a) “El Quinceañero” detenido en un fraccionamiento exclusivo en Atizapán, Estado de México, quién fungía como el principal operador financiero de López Serrano[2] y que cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos.
Estos ejemplos, de la OFAC en México y la entrega de López Serrano, resaltan la naturaleza “interméstica” de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, en el primero porque el dinero producto de las actividades ilegales se traslada a los cauces legales en ambos países cuyo comercio bilateral genera un millón de dólares por minuto. De igual manera, la entrega de un delincuente de alto rango en la frontera común a las autoridades del otro país, señala que la delincuencia organizada tiene muy claro que las divisiones políticas o burocráticas son espacios de los cuales obtienen ganancias significativas, ya sea en recursos económicos, protección física, salvaguardas familiares o ventajas jurídicas.
Finalmente, hay que subrayar que mientras más tarden las autoridades políticas y de seguridad de ambos países en identificar y potenciar el trabajo conjunto, más ventajas le estarán dando a los grupos de la delincuencia organizada que obtienen enormes ganancias de estos vacíos de información y colaboración. Sirvan estos ejemplos como recordatorio de la importancia de ser socios estratégicos a favor de la aplicación de la ley en lugar de chivos expiatorios del descontento social interno.
[1] http://reaccioninformativa.com/noticias/sinaloa/rebasa-sinaloa-los-mil-homicidios-en-2017_ROYDTKP2mWGWe8s2amsAs
[2] https://www.vice.com/es_mx/article/d338zz/muy-valientes-en-mexico-y-ahora-ante-eeuu-estos-dos-capos-se-doblegan?utm_source=vicefbmx
