México avanza para crear un ambiente adecuado para atraer mayores flujos de inversión que generen un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo. El sábado pasado inició el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión (febrero-abril), que se anticipa como el más complejo e intenso de la vida legislativa moderna del país. En 30 sesiones, diputados y senadores, cada uno por su lado, deberán aprobar las leyes secundarias en materia energética, de telecomunicaciones y competencia económica y política-electoral, principalmente.
Entre el 1 de febrero y el 30 de abril, el Congreso deberá procesar al menos 37 reformas en las leyes secundarias energética (17), de telecomunicaciones (9) y política-electoral (11) y se deberán votar por lo menos otras 19 modificaciones pendientes y los nombres de los consejeros electorales que formarán el Instituto Nacional de Elecciones. Nunca se habían tenido tantas leyes pendientes derivadas de reformas constitucionales.
El presidente Enrique Peña Nieto decidió no presentar iniciativas con carácter preferente y ello permite a los legisladores consensuar la ruta para discutir y votar las leyes reglamentarias derivadas de las reformas estructurales aprobadas el año pasado en el Congreso. Seguramente el PRI, el PAN, el PVEM y Nueva Alianza van juntos para aprobar las iniciativas prioritarias; se anticipa que los partidos de izquierda (PRD, PT y MC) aprobarán con cambios la de telecomunicaciones y política y se opondrán a la de energía.
Las leyes secundarias de las reformas estructurales son claves para concluir el marco legal y jurídico que genere un ambiente de confianza y certidumbre para los diversos actores participantes y sobre todo para la inversión privada nacional y extranjera, a efecto de detonar el despegue económico de México y revertir las condiciones ancestrales de pobreza y desigualdad que arrastra nuestro país. Las citadas leyes definirán la nueva estructura sobre la que funcionará la economía mexicana con mayor competencia que permita elevar la productividad y competitividad del país.
En este marco, el viernes pasado el presidente Peña Nieto promulgó el viernes pasado la reforma política-electoral como parte del avance hacia el fortalecimiento del sistema democrático del país y para afianzar su alianza con el PAN en la definición de las políticas públicas que permitan mayor eficiencia y eficacia al Estado mexicano.
Al mismo tiempo, en el objetivo de crear un clima de mayor seguridad para la población y crear el ambiente propicio para alentar la inversión privada, el martes pasado el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, puso en marcha la Estrategia Nacional Antisecuestro, que por primera vez desde el Ejecutivo federal se articulan todas las acciones y alinean a los tres niveles de gobierno, a los sistemas financiero y de telecomunicaciones con un coordinador nacional (Renato Sales Heredia) en un esfuerzo acompañado por representantes de la sociedad civil (Alejandro Marti, Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera y Josefina Ricaño) con la articulación de protocolos únicos de atención ciudadana y la depuración de las policías federales y estatales. Estas acciones se suman a las que se dieron a conocer recientemente para retomar la paz en el estado de Michoacán.
Es evidente que ya no funciona la estrategia de no hablar de la inseguridad, ahora se necesitan acciones eficaces y mejores y más rápidos resultados. Percepción es realidad. Si bien el gobierno federal trabaja en construir la imagen de un México en cambio para sentar las bases de un crecimiento sostenido en el largo plazo, el manejo de la comunicación política va acompañado de la acción política (las reformas, las leyes secundarias y las acciones para crear el clima adecuado a la inversión) para restablecer el estado de derecho en el país.
Jim O´ Neill, quien acuñó el término BRIC cuando trabajó en Goldman Sachs, le ha dado seguimiento a las iniciativas de reforma en países de todo el mundo a lo largo de su carrera de 33 años en Wall Street. Afirma que “pocos superan lo que México logró en el 2013 con sus reformas estructurales. Se espera un rally de bonos que genere mayores ganancias en mercados emergentes como el mexicano, que podría alcanzar tasas de crecimiento económico de 5 por ciento”.
México avanza hacia un mejor destino.
