Paradise Papers; Bono, Madonna y miembros del Gabinete de Trump entre los implicados

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Una nueva investigación ha revelado una red mundial de evasión de impuestos en la que destacan personalidades como la reina Isabel II y Bono de U2.

Una serie de millones de documentos fiscales, conocidos como Paradise Papers, fueron hechos públicos luego de ser filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés). Estos pueden tomarse como la continuación de los “Panamá Papers” que en su momento revelaron nombres en su mayoría de empresarios y políticos pertenecientes a Latinoamérica.

El grupo principal de expedientes trata de Appleby, un bufete legal en las Bermudas, fundado hace 119 años con el objetivo de ayudar a sus clientes a reducir sus compromisos fiscales; incluso si requiere omitir bienes y propiedades que alcanzan los miles de millones de dólares.

Los Paradise Papers llegaron a ICIJ gracias a un par de reporteros pertenecientes al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, entre los documentos sobresalen nombres de artistas, empresarios y deportistas de élite, así empresas multinacionales, entre ellas: Nike, Apple, Uber,HSBC y Citigroup.

Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos, está relacionado a una compañía que ha recibido arriba de 68 millones de dólares por parte de una empresa energética propiedad del yerno de Vladimir Putin, presidente de Rusia.

La reina Isabel II aparece con inversiones millonarias en compañías de servicios médicos y créditos de consumo, y en una compañía tecnológica de huellas dactilares para teléfonos.

Stephen Bronfman, mano derecha del primer ministro de Canadá y Leo Kolber, ex miembro del Senado del mismo país, presentan transacciones de millones de dólares a un fideicomiso en Islas Cayman.

Otros de los involucrados son los cantantes Bono y Madonna, esta última como accionista de una compañía de suministros médicos (agujas y jeringas) llamada Safeguard Medical Limited, en Bermudas. Por su parte al vocalista y activista de U2 posee acciones en una compañía inversionista de un centro comercial en Lituania.

Si bien, estas acciones no son por sí mismas ilícitas, el delito recae al no declarar los ingresos y por tanto evadir los impuestos que conllevan.

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