La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México expidió la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Particulares en la capital del país, que prevé nuevas obligaciones para la administración local.
Ciudad de México – En un decreto publicado en la Gaceta Oficial, informó que las disposiciones contenidas en dicha normatividad estarán vigentes a partir del 5 de diciembre de 2018 y sustituye en sus términos y definiciones el nombre de Distrito Federal por el de Ciudad de México.
Precisó que el gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación a través del jefe de Gobierno, encabezar el proceso de reparación del daño, a las víctimas directas y/o indirectas.
Asimismo, abundó, promover el desarrollo y la oportuna ejecución de acciones, programas y políticas públicas para prevenir este delito y castigar a los responsables.
La nueva ley de desaparición forzada deroga varias disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud relacionadas con sanciones por este delito, así como en el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.
Cabe recordar que, en mayo pasado, Animal Político publicó un análisis hecho por 14 organizaciones especializadas en el tema, las cuales identificaron ocho fallas o ausencias en el contenido de esta ley (cuando se discutía en el Senado) y que –desde su punto de vista– puede contribuir a la impunidad de los casos y no a su solución.
“Entre las deficiencias se encuentra la falta de un registro de víctimas, la imposibilidad para investigar y castigar a mandos que ordenen a sus subordinados detener ilegalmente a una persona y la ausencia de un instituto forense independiente”, comenta el medio.
Al respecto, Amnistía Internacional aplaudió la aprobación, pero consideró que ahora, “falta mucho, incluyendo el aseguramiento de que la Ley y las instituciones de búsqueda que creó cuenten con recursos suficientes para su implementación”.
