Un Gobierno de Coalición
Existe un gran riesgo de que el próximo Presidente electo de México cuente con un apoyo popular magro y tenga que enfrentarse a un Congreso pulverizado que le impida lograr los acuerdos políticos necesarios para llevar a cabo su plan de Gobierno, provocando un peligroso impasse, en momentos en los que la acción es indispensable para enfrentar exitosamente los grandes retos que abultan nuestra agenda.
Para fortuna nuestra ya existe en nuestra Constitución el mecanismo apropiado para intentar resolver ese riesgo. Se trata de la facultad del Ejecutivo Federal para que pueda optar, en cualquier momento, por un Gobierno de Coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, que le permita contar con una mayoría estable para adoptar los acuerdos que sean necesarios al implementar su plan de gobierno.
Dicha facultad le fue otorgada al Ejecutivo apenas el 10 de febrero de 2014, por tanto, quien sea electo como Presidente el año entrante, será el primero en tener la oportunidad de optar por esa vía legal y política para el ejercicio eficaz del poder.
Esta figura no debe confundirse con las alianzas electorales que actualmente intentan formar las diversas fuerzas políticas del país, ya que sólo puede ser utilizada por un Presidente de la República electo o en ejercicio del cargo, quien mediante un acuerdo de voluntades con las fracciones parlamentarias de uno o mas partidos políticos representados en el Congreso, conviene en la formación de un gobierno coaligado.
Dicha manifestación de voluntad debe plasmarse en un Convenio y en un Programa de Coalición, a consecuencia de lo cual se crea un Gobierno de Coalición. Es la Cámara de Senadores la que debe aprobar el Convenio y el Programa, por mayoría de sus miembros presentes, en sesión convocada para ese objeto.
Otra importante implicación del Gobierno de Coalición es que genera responsabilidad política colectiva del Gabinete Presidencial, el cual ejerce sus facultades en forma coordinada y colegiada. Ello porque es el Senado quien ratifica los nombramientos de los Secretarios de Estado efectuados por el Presidente.
Esta acertada y oportuna reforma Constitucional significa, ni más ni menos, un primer importante paso hacia un régimen de gobierno semi-presidencial que pudiera derivar, si es exitoso, en un régimen de gobierno parlamentario, el cual, quizá, podría adecuarse más a nuestra idiosincrasia. Por lo pronto, el régimen semi-presidencial permitirá a los poderes Ejecutivo y Legislativo coordinarse mas eficazmente, compensándose y equilibrándose mutuamente.
En efecto, la figura del Gobierno de Coalición ayudaría a fortalecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas ya implementados, y favorecería un mayor empoderamiento de las instituciones de la sociedad civil organizada para el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las ofertas de campaña del Presidente que resulte electo.
Sin duda, hace falta una ley reglamentaria de los artículos 76 y 89 Constitucionales, en cuya elaboración el prestigiado jurista Diego Valadés, entre otros, ha estado trabajando. Se hace ya urgente que dicha ley nos brinde las seguridades que requerimos para reducir la discrecionalidad con la que el Presidente actualmente cuenta, mediante la decisión colegiada con su Gabinete.
Conviene precisar en dicha ley la forma en la que el candidato electo puede convenir su coalición con los partidos políticos representados en el Congreso, la forma de integrar un programa de gobierno compartido, el detalle de las funciones y forma de operar del Gabinete, la forma en que las Cámaras y los partidos coaligados pueden dar seguimiento al programa de gobierno compartido y controlar la actuación del Gabinete, los términos en los que las fuerzas políticas no coaligadas pueden evitar los excesos del Gobierno Coaligado y los términos en los que se podría dar por terminada la coalición, para disminuir los efectos de una eventual crisis de gabinete.
Desde luego, el Gobierno de Coalición no es una panacea que resolverá en automático la gobernabilidad de este país, pero es un camino que sin duda deberemos comenzar a recorrer, exigiendo la madurez inmediata de nuestro Congreso, esperando que actúe a la altura de los enormes retos que probablemente enfrentará. Una buena parte del mundo democrático lo ha intentado con éxito y México no deberá ser la excepción.
