El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró ya constitucional la reforma a la ley de telecomunicaciones; ahora falta el trámite de su promulgación por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Se espera que en el curso de los próximos días se publique en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la verdadera presión de los poderes fácticos apenas empieza para tratar de modificar a modo las leyes secundarias.
Tanto las televisoras privadas como Telmex han iniciado ya un intenso cabildeo para presionar a autoridades y legisladores e incidir en la reglamentación e intentar reducir los niveles de competencia en el sector. Hay incluso una campaña negativa en ciernes que preparan las televisoras contra el gobierno federal.
En ese camino de presión buscarán utilizar a algunos senadores calderonistas que también pretenden boicotear el Pacto por México y las reformas estructurales que negocian el gobierno del presidente Peña Nieto con los dirigentes de los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD). Hace unos días Jorge AlvarezHoth, ex subsecretario de Comunicaciones y Transportes, reveló que “senadores calderonistaslidereados por Ernesto Cordero buscaron cambios a la fracción VII del artículo 28 constitucional muy a tono con las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial, donde se obligaba a que ante cualquier resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeco) que impusiera una multa o una desincorporación se tuviera que conceder la suspensión en el amparo a todo el contenido de la resolución, hasta que se resolviera el fondo del mismo en la última instancia, situación que no sólo inquietó a los diputados, sino a la misma Cofeco”.
Al final, los diputados hicieron ajustes para que sólo se acepte la suspensión de las resoluciones de Cofeco en aquello que toca a las multas y a las desincorporaciones, pero no así a todo el contenido de las resoluciones devolviéndole “dientes” a la nueva Cofeco constitucionalmente autónoma.
No obstante, este capítulo es una muestra de lo que viene en materia de “cabildeo” y presiones por parte de las televisoras y el grupo Slim para intentar “ajustes” en las leyes secundarias y frenar algunos de los importantes avances que se anticipan en el sector con los cambios en la reforma a la ley de telecomunicaciones. La verdadera guerra apenas empieza.
La reforma a la ley de telecomunicaciones responde a la demanda social de poner límites a los monopolios en el sector y anticipa reglas claras para impulsar la competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, con lo cual se busca beneficiar a la población en general. Durante décadas, la falta de reglas claras generaron graves rezagos en uno de los sectores más influyentes y poderosos de la economía mexicana que llevaron a constituirse en poderes extralegales que desafiaron el poder del Estado.
El gobierno federal está claro de la amenaza en puerta.
