Piratería, ¿un tema secundario?

Como bien describe Adrian Johns, al analizar la evolución de la piratería, desde la época de Gutenberg hasta Gates, el conjunto de fenómenos que se engloban bajo este concepto van bastante más allá de las usurpaciones metódicas de derechos de propiedad intelectual, y alcanzan elementos definitorios de la cultura moderna misma, entre otros, la autoría, la autenticidad y la credibilidad; de hecho, las premisas en que se funda la actividad económica y el orden social.

De acuerdo con números de la Canacintra, los daños que la piratería y el contrabando reportan, alcanzan el 1.25 % del PIB nacional. La cifra, por sí sola, aún cuestionando la metodología y criterios empleados, es suficiente para convocar a la decisión y el cambio. Los sectores afectados van desde las bebidas alcohólicas y el tabaco, hasta la industria del vestido, el calzado deportivo, los medicamentos, los perfumes y cosméticos, software, música, películas, señales de televisión satelital, libros, productos eléctricos, refacciones automotrices y relojes. No existe sector que no esté sufriendo, en una medida u otra, graves afectaciones que crecen en volumen y en sintomatología. La piratería representa, sin duda, una gran amenaza, un enemigo que aparece y desaparece con una facilidad tal que le hace elusivo a leyes y políticas de control.

En nuestro país, adicionalmente, las prácticas piráticas se nutren por hondas raíces que van desde las estructuras corporativistas de concesiones al comercio informal de una serie de organizaciones sindicales, hasta la corrupción sistémica de los cuerpos policíacos. No es nuestro país caso único; grandes regiones en el mundo se identifican como zonas en las que los cárteles de la piratería operan y controlan redes eficientes de producción y distribución de bienes falsificados. En el caso de América Latina, ciudades como Curitiba en Brasil, Ciudad del Este en Paraguay y la zona libre de Colón en Panamá, son reconocidos puntos de suministro en los que resulta todo un reto encontrar un solo producto original en los circuitos comerciales.

En la evaluación del escenario, deben reconocerse algunos otros de los efectos perversos de la piratería, ya identificados desde hace varios años, como constituir la puerta de entrada de muchas personas a la delincuencia organizada, como medio de explotación de sectores vulnerables de la sociedad y como mecanismo de financiación de diversas conductas y grupos delictivos, y se ha comprobado reiteradamente que una red de piratería termina traficando con otros bienes que involucran pornografía infantil o narcomenudeo. Este aspecto ubica a sus operadores en una condición de marginalidad en la que el paso hacia otros delitos es, con el tiempo, casi natural y obligada.

Las aduanas, que se ha pretendido convertir en eficientes filtros para la detección de mercancías ilegales en su tránsito entre países, siguen mostrando serias inconsistencias; en el gran volumen de operaciones que cotidianamente verifican, no han podido encontrar un mecanismo que permita identificar qué productos son genuinos y cuáles son falsificados, cuando se logra la identificación, existen otros estímulos para incurrir en la omisión. Eso, sin olvidar que el nuevo gran foro de la actividad ilegal de robo de derechos de autor hoy se gesta en Internet y que muchos países están aún lejos de contar con un marco legal que inhiba la operación de sitios que trafican al margen de la ley con contenidos protegidos.

Si revisamos el mapa de legislación, políticas públicas y organismos dedicados a la lucha contra la piratería en el país, podemos fácilmente concluir que en su conjunto la suma es insuficiente. La Unidad Antipiratería de la PGR y el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) hacen grandes esfuerzos por confiscar mercancía ilegal y procesar los casos que son sometidos a su conocimiento, pero con las graves limitaciones presupuestales y de diseño que padecen. El resto del esquema en el Gobierno Federal y el Congreso se mantienen inamovibles, quietos, contemplativos, descoordinados, sin entender la gravedad de la corrosión que producen estas formas silenciosas de crimen organizado. ¿Alguien señala la urgencia de contar con una legislación completa en la materia? ¿Alguien pide dotar de recursos para la represión de estas formas de usurpación criminal? ¿Alguien plantea la necesidad de un plan de acción?

Conjeturar que la piratería ha crecido hasta niveles incontrolables y que sus múltiples tentáculos agobian de modo preocupante a muchas de las empresas que operan en el país es cosa cotidiana, pero escuchar de voz de las autoridades que el fenómeno les ha desbordado por completo ya es cosa preocupante. Más allá de las escandalosas cifras que constantemente se publican, reportando las pérdidas que las diversas industrias sufren en nuestro país por falsificaciones de todo tipo, los viejos argumentos tienen que ser desempolvados en la búsqueda de un antídoto de acción inmediata.

La situación, no cabe duda, se ha agravado por una legislación criminal absurda, que premia la comercialización de productos falsificados al considerarla como una acción, prácticamente, exenta de castigo. La lucha antipiratería, ejercida así, se convierte en una alternativa administrativa que, en el mejor de los casos, da lugar a una sanción económica de imposible ejecución. Empresas clandestinas, importadoras fantasmas, inexistencia de activos y operaciones con perfil de organización criminal, convierten las multas en inútiles esbozos de justicia.

Concedamos, de antemano, que el fenómeno no terminará hasta no reinventar un modelo en el que ambulantaje, la evasión fiscal, el contrabando, la venta de piso en las calles y otras deformaciones históricas pudiesen ser erradicadas a la par. La informalidad ha desarrollado sus redes a tal nivel que ha dejado de ser anecdótico que empresarios otrora formales desistan de sus intentos y se sumen a la irregularidad, y que la falsificación y el tráfico de mercancías robadas alcancen cada esquina y cada banqueta de nuestras más grandes ciudades.

Las traídas y llevadas campañas antipiratería, que sexenio tras sexenio certifican su ineficiencia, constituyen ya un agravio angustiante y doloroso. De las muchas dolencias de la administración actual, ésta es una muy grave, que anticipa daños severos a la estructura comercial y al estado de derecho. Dejar que crezca la piratería manda un grave mensaje a todos. La ilegalidad inunda las calles y nuestros códigos mentales, y esto es mucho más grave que unos cuantos discos pirata en un puesto callejero.

De los efectos colaterales de estos ilícitos se ha hablado por décadas, no sólo en su efecto directo en la salud y el patrimonio de los consumidores (muchas veces cómplices del delito), sino en la economía formal y en el tejido social. La distribución de productos piratas, robados, adulterados y contrabandeados conforma una red de venta al menudeo cuya vocación está dada en la circulación de mercancías que ofrecen ventajas competitivas de origen ilícito, frente a las originales.

Todos esos aspectos y elementos ya los conocemos, de hecho, desde hace años. La mala noticia es la ausencia notable de estrategias y recursos para estudiarla, combatirla o reducirla. La mala noticia es que el nuevo sistema penal acusatorio, para esta clase de ilícitos, no sólo no abona en su reducción, sino que empieza a mostrar claras desventajas frente al sistema tradicional.

Una primera consideración, que es necesario sopesar, determina que no se consumen productos pirata sólo porque sean más baratos; el precio sólo es una variable relevante en algunos consumidores, en ciertos contextos. Este enfoque arroja luces interesantes acerca de los incentivos que mueven la conducta detrás de la compra de productos de este tipo. Es claro que algunas de las notas que pueden explicar la decisión de comprar productos pirata pasa por la ubicuidad de bienes que, comerciados en puestos ambulantes, salen al paso de los clientes repetidamente en las calles de nuestras ciudades; otro factor es la clara ausencia de una percepción de actuar ilegal al adquirirlos, esto es, el comprador sabe que un producto es ilegal, pero no tiene un mecanismo moral inhibitorio que se dispara en otros delitos; otro factor relevante es el abrumador efecto aspiracional que ciertas marcas y productos generan en amplios sectores de la sociedad.

Tal como lo señalan diversos estudios a nivel internacional, es necesario elevar sustancialmente los costos de adquirir piratería mediante el monitoreo de las autoridades, una aplicación rigurosa de la ley y la mejora de las lagunas regulatorias que permiten la fácil comercialización nacional y transfronteriza de estos productos.

Resulta urgente dimensionar la relevancia del fenómeno, diseñando la legislación e instrumentos de política pública necesarios para contrarrestarlo de manera real y definitiva. En el estado actual de cosas, los instrumentos jurídicos para la lucha contra estas formas de competencia desleal están dispersos en más de 20 leyes contradictorias y obsoletas.  En este orden de ideas, debe difundirse la idea de que las violaciones a la propiedad intelectual son delitos graves de alto riesgo, pues éstos afectan el proceso de generación de valor, a las empresas, a los consumidores, a las finanzas públicas y, de muchas maneras, a toda la sociedad mexicana.