Es casi un lugar común decir que si Kafka hubiera sido mexicano su estilo de escritura hubiera sido costumbrista. Pero no por común es menos cierto. Lo que sucede en este país, al menos en el sector aéreo, es Kafkiano y lo peor es que afecta directamente a miles de personas, trabajadores y pequeños empresarios, y sectores económicos como el turismo, la salud, el comercio y otras ramas se ven obstaculizados por la falta de comprensión de lo que es y para qué sirve el sector transporte aéreo.
En esta ocasión nos vamos a referir a la problemática que se presenta en un estado de la República, Baja California Sur, que tiene una longitud de alrededor de 1,700 kilómetros pero sólo 600,000 habitantes. Debido a la dispersión de núcleos de población, las aeropistas son muy importantes.
Existen alrededor de 46 aeródromos pero sólo 16 tienen permiso vigente; 15 están en trámite y otros 15 no han renovado permiso o están abandonados. Es decir, la tercera parte de estas infraestructuras están paradas.
Recordemos que Baja California Sur es un estado que posee playas hermosas y su cercanía con Estados Unidos lo hace muy atractivo para el turismo, además de que los estadounidenses de los estados fronterizos que poseen avionetas (algo muy común en aquel país) suelen utilizar ese medio de transporte para ir a pasar sus vacaciones a las playas de este estado.
Pues resulta que a pesar de las posibilidades que se tienen, desde hace años que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha entorpecido la operación de las aeropistas y por lo tanto, ha inhibido y obstaculizado los negocios de pequeños y medianos empresarios locales, con lo cual se contradicen las declaraciones oficiales de apoyo a las PYMES y al turismo.
No es casualidad, pues, que los rankings globales muestren a las claras el fracaso de las políticas de apoyo al turismo y lo inútil que resulta gastar millones en propaganda, sin que exista en la realidad una política de servicio público que facilite -en los hechos- la atracción de turistas reales.
Una clínica cerrada y un funcionario sordo
Parte del problema que hoy viven los bajacalifornianos del sur es que la DGAC parece existir sólo para los habitantes del DF y para los extranjeros. En ese estado las aerolíneas extranjeras y las aeronaves de matrícula Néctar (de Estados Unidos) tienen todos los permisos ilimitados. Los permisos para grandes aeropuertos o aeródromos tienen permisos por 30 años, en tanto que las aeropistas si acaso tienen vigencias de 5 años.
A esto se añade el desdén que existe desde el centro a lo que sucede allá. Hace 6 o 7 años que dejó de operar Aerocalifornia con lo que, de golpe y porrazo, 1,200 personas se quedaron sin empleo. Para un burócrata, un trabajador no pasa de ser un número en su escritorio, pero la vida real es que ese trabajador tiene familia, tiene una carrera, un plan de vida y obligaciones que cumplir. Tal parece que las personas concretas no son objeto de los discursos públicos.
Por otro lado, el hecho de que todas las decisiones se tomen en el Distrito Federal hace que los empresarios del sector aéreo gasten muchos más recursos que si los trámites se hicieran en el mismo estado o, al menos, en un centro cercano como Mazatlán, Hermosillo o Tijuana. Tiempo, dinero y esfuerzo que se acumula a la frustración de los trámites burocráticos y repetitivos que enrarecen el ambiente y desalientan al más pintado.
Tenemos, por ejemplo, el caso del Bioparque turístico y agromarino de Rancho San Cristóbal en Mulegé. Su operador lleva años haciendo los trámites para que le renueven el permiso de operación.
Este aeródromo está ubicado en la Laguna San Ignacio, a donde llegan las ballenas, y por tanto opera como negocio sólo 4 meses al año con un pequeño eco-hotel y un restaurante. La pista no sólo es para el hotel, sirve para que miles de turistas vayan a contemplar el espectáculo de las ballenas. Cada dos días aterriza ahí un Gran Caravan Cessna 208 con 12 o 13 pasajeros. El 99 por ciento son estadounidenses.
Pero además, hace años un grupo de médicos también estadounidenses decidieron hacer un importante donativo para instalar una clínica en esa localidad y además prestan el servicio médico gratuito con medicamentos incluidos. Esto ha sido un gran alivio para la población ya que la Secretaría de Salud, que también parece vivir del lado centro de la república, no se había acordado de la gente de aquel terruño.
La clínica ha sido totalmente equipada con apoyo de donativos de habitantes de los Estados Unidos y el apoyo de los médicos que de esta forma buscan apoyar a las comunidades que les ofrecen su hospitalidad cuando acuden a disfrutar de la belleza de las playas de la zona. (ver: pagina: http://www.flyingsamaritansaz.org/tucson/LSI.html)
Los propios médicos, en sus avionetas, trasladaron todo el equipo, incluidos paneles solares para generar energía limpia, generador de gas, aparatos de rayos X y ultrasonido, etc. e incluso han trasladado enfermos graves a Tucson para hospitalizarlos allá, gratuitamente.
Pues bien. Este aeródromo lleva dos años haciendo trámites para renovar su permiso de operación. Desde febrero del 2011, la DGAC ha sido omisa y a pedido una y otra vez los mismos documentos, como si estuvieran traspapelados, y desde entonces la clínica permanece cerrada.
El operador ha gastado más de 3,000 dólares en obtener todos los nuevos requisitos que empezó a pedir DGAC. Desde un estudio de trayectorias (¡para un aeródromo que está en medio del desierto!, o sea: donde no hay obstáculos), hasta fotografías aéreas, planos a diversas escalas, etc.
El trámite para renovar el permiso se inició desde 2011, y desde entonces todo se detuvo. El último tramite de fecha 22 de noviembre, fue respondido en marzo de este año por el director de aeropuertos, Jorge Romero, quien sigue en le puesto pese al cambio de gobierno. Y en la respuesta: ¡pide otra vez los documentos que ya se enviaron! Y es que, claro, la vigencia de los documentos caduca pero es el colmo que una dependencia de este tipo alargue sus plazos hasta provocar la caducidad de los documentos presentados.
La asociación de médicos que construyó la clínica la “Asociación de Samaritanos Voladores” envió una carta desde mayo del 2012 pidiendo que los trámites se agilicen, habida cuenta de que la clínica está sin abrir y que el operador del aeródromo les otorga el servicio gratuito para prestar el servicio.
Pareciera una mala broma, pero en realidad es una vergüenza que tengamos este tipo de servicios y servidores públicos. ¿Qué necesita Jorge Romero para hacer su trabajo con eficiencia? Ojalá que leyera las declaraciones de su jefe, el presidente de la República, que ha pedido a sus funcionarios ser sensibles con las necesidades de los pequeños empresarios y sobre todo, con aquellos que dan empleo y generan divisas. ¿O será muy difícil?
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