Si la Administración Pública es el medio privilegiado para integrar a la sociedad,
distribuir el poder y la riqueza de una nación, es imperativo profesionalizarla.
El autor.
La tesis del nuevo presidente de México relativa al gobierno y la administración pública se resume en la voluntad de rescatar la ética en el servicio público, hacerlo implica redefinir el paradigma de la función pública en el sentido de identificarla con sus valores intrínsecos.
En nuestra Constitución se establecen la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia como los principios y los valores que guían las acciones del servicio público, así como las responsabilidades de los servidores del Estado y de los particulares que participen en aquellas. No obstante la normativa constitucional, y la legal y reglamentaria que le acompañan, los fenómenos de la corrupción, de la ineficiencia y de la ineficacia no ceden, por el contrario se intensifican.
Una respuesta a esta situación preocupante radica en la recuperación de la vocación de servicio público: liga ineludible entre la política y la administración pública. Se deben relacionar las legítimas aspiraciones individuales, las capacidades y el trabajo cotidiano de un servidor público con las atribuciones legales de la institución donde se desempeña. El objetivo es integrar las responsabilidades de la persona con las de la organización. Van juntas, son inseparables e intransferibles; ambas se enmarcan en un plan y programa de gobierno participativo que incluye a la sociedad civil organizada y a los ciudadanos en la determinación del destino común.
La Reforma Administrativa realizada por José López Portillo en 1976-77, estableció un orden administrativo a partir de la planeación, la dirección y el control que le permitía atender sus responsabilidades. En los sexenios siguientes se cambió el paradigma al efectuar modificaciones al marco administrativo público en un intento de acercar el gobierno al modelo de la “nueva gerencia pública”, el cual plantea desburocratizar a la administración pública mediante prácticas propias de la empresa privada, lo cual resulta insostenible. Los propósitos de una y otra son radicalmente distintos: la primera está destinada a cohesionar a la sociedad, mientras que la segunda está abocada a perseguir un lucro legítimo dentro de la legalidad.
En consecuencia, el servidor público se ve despojado de su disposición a colaborar con los demás en un trabajo de equipo. La competencia, vista como virtud en el sector privado, resulta incongruente en la función pública por la rivalidad a la que convoca, en lugar de la cooperación que se necesita.
Cabe apuntar que, en el mundo contemporáneo, la vocación de servicio público no es un atributo exclusivo del gobierno y de sus colaboradores, toda vez que existen otros actores que intervienen en la vida de la colectividad; al participar en ella compartimos, consciente o inconscientemente, algún tipo de responsabilidad con los demás. Quienes trabajan en las instituciones gubernamentales, quienes integran las entidades de interés público y la sociedad civil organizada, así como los ciudadanos en lo individual, debemos estar preparados para ejercer nuestros respectivos derechos y obligaciones.
Se definen como servidores públicos quienes desempeñan directa o indirectamente una tarea vinculada a la prestación de bienes o servicios al gobierno en los tres poderes públicos y en los tres ámbitos. Son instituciones públicas las que están jurídicamente establecidas para el cumplimiento de un fin social. Los partidos políticos son entidades de interés público. Como tales están sujetos a responsabilidades al recibir recursos contemplados en los presupuestos de egresos de la Federación y de los estados.
La sociedad civil organizada está integrada por agrupaciones legalmente establecidas que actúan como interlocutores con el Estado en defensa de sus ideas, causas e intereses (sindicatos, cámaras empresariales, universidades, asociaciones de padres de familia, iglesias, ONGs, entre otras). En este sentido, son responsables de sus opiniones y acciones ante la ley y ante sus representados.
Los ciudadanos con mayoría de edad y uso pleno y libre de las prerrogativas que otorga la Constitución, particularmente el derecho a votar y ser votados para integrar el gobierno, estamos llamados a vigilar su desempeño, a evaluar los resultados y a sancionarlos mediante la emisión del sufragio; a colaborar con el funcionamiento pacífico y productivo de la sociedad, al observar la ley y las disposiciones administrativas y al cumplir con las obligaciones fiscales. Ser portadores y difusores de una cultura cívica.
¿Cómo se puede impulsar una vocación de servicio público compartida?
En primer término, al cuidar los contenidos de la educación formal, desde la preescolar hasta la superior, en una pauta que se intensifica conforme se escalan los niveles:
En el preescolar, se deben abordar las nociones básicas de la presencia del gobierno y la administración pública; en la primaria, se debe ubicar al estudiantado en el entorno, con los derechos y obligaciones propios de la convivencia; en la secundaria, dar a conocer los fines, la estructura y la organización del Estado en relación con el individuo; en el nivel medio superior habrán de discutirse los procesos y recursos del gobierno y la administración pública para servir a la sociedad. En la educación superior, proporcionar la información útil para el desempeño de la profesión en relación con el marco normativo y las posibilidades de acción en un sistema democrático operado por el Estado. De esta manera, se contribuye a formar una ciudadanía responsable, determinada por la vocación política, entendida como la voluntad concreta de los individuos en participar en el cambio social para beneficio de la comunidad.
En segundo término, corresponde promover una profesionalización incesante de las instituciones y de los servidores públicos. Incluirlos a todos, sindicalizados, que son inamovibles, y de confianza, paradójicamente prescindibles. El Derecho burocrático no debe dividir a la fuerza laboral pública, sino integrarla en una sola ley que proteja todos los derechos y exija todas las obligaciones.
Se debe prestar atención especial al conocimiento sobre la naturaleza y los propósitos del Estado, del Gobierno y de la Administración Pública; procede asimilar sus principios y valores al trabajo cotidiano y así concientizar sobre su contribución al cumplimiento de los fines sociales en cada institución. La suma de estos elementos da consistencia al Estado. Para ello, es indispensable generar las condiciones y proveer los medios a fin de que cada servidor público adquiera y actualice sus conocimientos e incremente sus habilidades, sobre todo en esta era del desarrollo tecnológico.
Se debe incluir la conciencia de los nuevos principios de gobierno y ejercicio de la autoridad, la gobernabilidad para persuadir, convencer y consensuar, y la gobernanza para involucrar a la ciudadanía y sumar voluntades. Se debe fortalecer el sistema democrático al abrir el acceso a la información pública gubernamental, al convertir a la transparencia en una práctica generalizada, al proteger los datos personales y sensibles, al obligar a la rendición de cuentas gubernamentales, al ejercer la fiscalización y al instaurar el garantismo que protege ante potenciales abusos del poder.
Coloquemos la vocación del servicio público en el debate sobre la instauración de un servicio civil de carrera.
Se vuelve obligatorio considerar la imposibilidad de despolitizar la administración para convertirla en un simple instrumento operativo de políticas públicas fraguadas en otros espacios, como si las instituciones responsables de instrumentarlas carecieran de la experiencia y sabiduría para participar en su construcción.
Debemos reconocer que no conviene despolitizar a los servidores públicos, al sólo conminarlos a atender su labor específica, con la intención de mantener la inamovilidad, un salario digno y la esperanza de crecimiento dentro de la estructura organizacional, a cambio de subestimar la vocación de servicio público que incumbe a toda la sociedad.
La sociedad espera resultados que faciliten y simplifiquen la convivencia diaria; obtenerlos requiere que la vocación del servicio público encuentre espacios y condiciones para su realización. Que la población reciba lo que merece en justicia.
