De esta forma, en el mundo capitalista, el rol del estado dentro de la economía dejó de estar asociado directamente a la propiedad de carácter público, al tiempo que se desregularon ciertas actividades. Con ello surgió, en toda lógica de funcionalidad, una nueva administración pública, acorde al diferente estatus que el gobierno tendría que desempeñar dentro de la economía.
En efecto, con el Thatcherismo, el Reganomics y otras etiquetas asociadas a la reforma económica en otros lares del mundo, surgió The New Public Administration en el Reino Unido (UK), The New Public Management en Estados Unidos (USA) y la Modernisation of Public Administration en Francia, entre otros correlativos casos. De esta manera, se definió una nueva estructura orgánica de la administración pública y de sus funciones, acordes a las actividades que el gobierno desempeñaría en materia de la economía con la reforma.
Tal cambio o trasformación tuvo trascendente importancia, toda vez que el Estado al dejar de ser propietario y liberalizar áreas del quehacer económico debería desempeñar un papel diferente al asumido en el pasado. De igual manera, ello implicó nuevos perfiles profesionales y nuevos parámetros para evaluar el desempeño de la función pública. Ya no se trató de producir carbón o acero a cualquier costo, administrar líneas férreas o empresas de telecomunicaciones sin importar la calidad del servicio y atención al usuario, sino que se tuvieron que asegurar precios competitivos y mejor calidad de los servicios, que ahora deberían ser brindados por los particulares.
Lo que se buscó con la nueva administración pública era que se tuviera claro cuáles serían las obligaciones que se asumirían frente a la ciudadanía y los consumidores, que serían atendidos por nuevos oferentes diferentes al gobierno. También se trató de asegurar con una nueva regulación y reguladores el que no se abusara de los consumidores. Tales buenas intenciones parecían imposibles de lograr o sueños color de rosas inverosímiles de tener. Sin embargo tal fue la intención y la orientación de la reforma económica en sus consecuencias políticas últimas.
La nueva administración pública no fue fácil que cumpliera sus objetivos y lograra metas tangiblemente beneficiosas para la sociedad y el consumidor. Pero las promesas ofrecidas poco a poco se fueron logrando, en un ambiente de cambios estructurales profundos. En USA, de los más de 12 mil bancos que como razón social existían a principios de 1982, se redujo rápidamente su número. Al tiempo que la desregulación financiera orilló a los bancos de carácter “social” a entrar en una crisis de operación cuyo costo terminó asumiendo el gobierno federal.
En el caso de UK surgieron específicamente nuevos reguladores para los mercados “privatizados” como el de telefonía, los ferrocarriles, el agua potable, entre otros más. Los resultados inicialmente fallidos de la liberación financiera condujeron a una supuesta auto-regulación, en la que la mano visible del Estado se hizo patente. En el caso de Francia, aún las grandes empresas del estado, que conservaron su carácter de propiedad pública, fueron inducidas a buscar la rentabilidad que les asegurara su existencia y separación de gestión y financiamiento respecto al presupuesto público.
Lo señalado de lo logrado puede ser debatible desde la apreciación personal o preferencia política y militante. Pero hoy si la tasa de interés baja en UK, automáticamente tal baja debe ser inmediatamente repercutida favorablemente en los cobros de la banca a los usuarios. Si el tren arriba tarde a su destino debe pagar una compensación al usuario. En Francia la compañía de energía eléctrica es una de las más rentables del mundo. Ciertamente se puede decir que ello es posible a costa del consumidor, pero sin duda sólo con una regulación más profunda y menos extensiva y una eficiencia de los servicios públicos se puede servir eficientemente a los ciudadanos.
En contra posición a lo ocurrido con la nueva administración pública que transitó finalmente con la reforma económica en otros países, en México la reforma económica pareciera en general que dio origen a un vacio funcional dentro de la administración pública. Ello llevó a percibir una colusión entre el Estado y el mercado. Tales serían los casos de la privatización bancaria y el posterior rescate de los bancos privatizados. Lo mismo podría ser señalado con el llamado rescate de las carreteras. Más recientemente pudiese ser el fenómeno de los PIDIREGAS, en el que Pemex terminó siendo la fuente de financiamiento, vía sus fideicomisos fuera de control, de los supuestos inversionistas y contratistas privados de la para-estatal.
En otros casos particulares o específicos, podría juzgarse que se terminó dando paso a una colusión entre el gobierno en turno con los poderes facticos surgidos con las privatizaciones y las empresas dominantes. Así se podría señalar que la aceptación de la conversión de un impuesto telefónico a ser parte del precio del servicio permitió que el controlador de Telmex rápidamente pudiese cumplir, vía la bolsa, con los parámetros financieros de la privatización. De igual forma, la no regulación “efectiva” de las tarifas telefónicas ha permitido que después de casi 20 años los consumidores mexicanos sigan pagando un servicio a precios monopólicos.
En el mismo sentido, en el sexenio de Fox se crearon mayores agujeros fiscales en beneficio de los corporativos privados. A la televisión mexicana se le quitó el impuesto especial que como concesionario de un bien público del Estado debería cobrar. De igual manera, el gobierno dejó de realizar actividades inherentes a sus obligaciones, transfiriéndolas al sector privado. Tales actividades fueron poco a poco operadas por dispersadores de crédito, intermediarios financieros no bancarios, asociaciones civiles (A.C. s), fundaciones, ONG´s, entre otras figuras. La confusión entre la participación ciudadana y la concesión a los privados de la obligación del gobierno terminó en muchos casos siendo dramática.
El deceso de los infantes en la guardería de Sonora ilustra este hecho. Pero también el encarecimiento del crédito al sector agropecuario y los miles de millones destinados a las MiPymes explican parcialmente el desperdicio de los ingresos públicos extraordinarios que desde 2003 se empezaron a obtener vía el petróleo. Lo que se inició en materia del desorden y claudicación del Estado durante el gobierno de Fox con Calderón terminó siendo explosivo. Basta saber que se llegó al extremo de que algunas adopciones internacionales otorgadas por el DIF se realizaran a través de una ONG. Ello fue obligatorio hasta que finalmente los organismos internacionales emitieron lineamientos específicos, con dedicatoria a México.
Hoy parecen otros tiempos en México en materia del Estado, que enuncian nuevas funciones y la necesidad de otros órganos para la administración pública. Las reformas del Presidente Peña Nieto han ido acompañadas con la creación de organismos específicos para nuevas tareas del gobierno, en aras de servir eficientemente a la sociedad y al consumidor. Pero, ni todo está dicho, ni todo está por hacer.
Nuevos organismos de regulación en telecomunicación y en materia de competencia siguen en discusión, pero hacen vislumbrar mercados más competitivos y la prevención del abuso de los oferentes sobre los consumidores. Lo mismo acontece en el ámbito de la educación, para que los niños y jóvenes mexicanos sean adiestrados y enseñados por mejores maestros evaluados. Otros afanes públicos se encuentran en discusión, pero la construcción del futuro no debe permitir el ocultar el pasado o lo que acontece cotidianamente.
Por ejemplo, la banca de desarrollo impone elevados márgenes de intermediación financiera, aun cuando canalice recursos internacionales que llegan a un tasa de aproximadamente 3%, resultando por imponer tasas anuales de más de tres veces. Lo mismos sucede con los intermediarios financieros no bancarios que financia el gobierno, acaban aplicando tasas impagables al sector social y productivo de la economía. De tal tesitura no están ajenos los gravámenes que imponen los concesionarios de carreteras, aeropuertos, entre otros más.
Buena parte de los recursos públicos para el sector primario, los servicios y las MiPymes se canalizan a través de A. C. s, promoviendo con ello un clientelismo económico y social, y sometiendo los recursos públicos al riesgo de su no recuperación. En muchos de los casos, con franca manifestación gubernamental se difunde que tales recursos son a “fondos perdidos”, total o parcialmente, terminando, así, por fomentar un paternalismo rampante y el empobrecimiento de la hacienda pública. De manera más pedestre, se dice que se siguen otorgando puntos de la “carrera magisterial” para saturar las manifestaciones de maestros en pro de la reforma educativa. Además, se sigue solapando que las empresas públicas contra el hambre continúen siendo resumidero de grandes pérdidas presupuestales.
Las intenciones de Peña Nieto pueden ser juzgadas como orientadas hacia la reconstrucción del Estado y de un diferente andamiaje institucional que requiere una nueva administración pública. Tal andamiaje y una nueva administración pública son requisitos para que el país avance rápidamente y consolide verdaderamente su carácter de economía emergente. De otra manera, México corre el riesgo de seguir caminado como un pato rengo, anclado en un pasado y presente ineficientes, perdiendo la oportunidad de lograr un futuro que puede ser promisorio.
