La 4T, como cualquier proyecto de gobierno que hubiera ganado la presidencia, necesita con urgencia recuperar capacidades institucionales que el Estado ha perdido, y que son cruciales para la gobernabilidad del país.
Los avances del gobierno de López Obrador en esa dirección los aplauden sus bases, pero los ven con gran desconfianza quienes se consideran los protagonistas o beneficiarios de la transición política hacia mayores libertades democráticas.
Debería ser preocupación de todos, sin distinciones políticas, que en México haya regiones del territorio y sectores de la sociedad en las que esas libertades son fantasías imposibles de realizar; son muchas las zonas del territorio nacional sobre las que los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo del Estado han perdido presencia y autoridad.
Es indiscutible la necesidad y urgencia de que el Ejecutivo gobierne en todo el territorio. Dos medidas del gobierno de López Obrador que tienen ese propósito son, por ejemplo, los superdelegados en las entidades federales y la guardia nacional, ambas criticadas como atentatorios contra el pacto federal.
Los términos del pacto tienen que cambiar con aquellas entidades en las que las autoridades locales ‒gobernadores y/o alcaldes‒ se coludieron con la delincuencia, y con aquellas con las que pueda haber una coordinación para fortalecer la capacidad legítima de coacción del Estado para mantener la seguridad pública y el orden social conforme a la ley.
Aunque restablecer la seguridad pública es una prioridad del gobierno, a nadie escapa ¡y debería estar presente en la conciencia de todos!, que no tiene, por lo pronto, los medios para someter a la delincuencia.
Y no se crea que la delincuencia es la única que se aprovecha de la debilidad del Estado; también lo desafían poderosas corporaciones, como las que forman el sistema bancario, al que el Banco de México no se ha atrevido a aplicarle las medidas regulatorias que le permiten sus atribuciones y al que el presidente se limitó a pedirle a los mayores bancos que compitan entre sí para disolver su extrema concentración del mercado.
El ámbito en el que sea cuantificable la fragilidad institucional, es la precariedad fiscal de la federación; es de sobra conocido que el cobro de impuestos en México es de los más bajos de América Latina, ya no digamos en comparación con la OCDE.
Si AMLO ofreció no elevar ni crear ningún impuesto y necesita urgentemente mayores ingresos para gasto social e inversiones, y si cumple con mantener la disciplina fiscal, no le queda más que cerrar las vías de evasión y elusión en el pago de obligaciones fiscales de las grandes corporaciones.
Todo indica que, por lo pronto, tampoco tiene la capacidad política, e institucional para aplicar la ley en ese aspecto.
