En esa oportunidad se dijo que la Sedena compraría una aeronave más grande, presumiblemente de cabina ancha y de largo alcance que permitiera realizar vuelos transatlánticos sin escalas, y para ello se destinarían alrededor de 760 millones de dólares. Una parte, desde luego, se destinaría a la compra de la aeronave y sus adaptaciones bajo el esquema de arrendamiento financiero y el resto para darle mantenimiento durante los 20 años que duraría el esquema de adquisición.
Obviamente, el anuncio desató una serie de especulaciones en torno a las necesidades de transportación de los presidentes y de los costos de hacerlo, tomando en cuenta que el avión presidencial emblemático, el Air Force One de los Estados Unidos, que posee –entre muchas cosas- una oficina oval gemela con todos los aditamentos tecnológicos necesarios para comunicaciones y para mantenerlo en vuelo por varias horas, está valuado en 350 millones de dólares, menos de la mitad de lo presupuestado para este fin en nuestro país.
No obstante, la Sedena se apresuró a desmentir que el presupuesto involucre la compra de un solo aparato con ese presupuesto. Aclaró que el esquema que se propuso en el documento filtrado a los medios es un “ejercicio” para estudiar diversas alternativas de renovación de la flota que opera la Fuerza Aérea y el Estado Mayor presidencial en el transporte del presidente de la República, los altos funcionarios y los invitados –incluida la prensa, aclararon con cierto énfasis- y que se analizan diversas opciones para adquirir o arrendar aeronaves nuevas o usadas.
Añadieron que, entre las opciones que se analizan, también se pretendería renovar al otro Boeing 757, adquirido en 1989, conocido como TP02, y reiteraron la necesidad de ver estas renovaciones como un asunto de seguridad nacional, aludiendo a los accidentes en los que fallecieron, en su momento, los secretarios Ramón Martín Huerta, Juan Camilo Mouriño y Roberto Blake, en éste y el anterior sexenio. En los círculos aeronáuticos se menciona que estas dos aeronaves –la TP01 y la TP02- tienen aún mucha vida útil por delante, a pesar de los más de 20 años que tienen de operar, ya que sólo se utilizan en el transporte presidencial y de funcionarios de muy alto nivel, a los que sólo se añaden invitados cuando se trata de giras oficiales, las cuales no son tan frecuentes.
El desgaste de una aeronave se mide en ciclos, no en años, lo que implica horas de uso de los motores y la fatiga de materiales por la exposición a los elementos de la naturaleza. Según algunas versiones, los B-757 de la presidencia no han completado los ciclos que harían necesaria una renovación, pero eso es lo de menos.
No faltó quien se pronunciara a favor de esta inversión y no fueron pocos los que aludieron a la necesidad de adquirir helicópteros y jets de nueva generación para evitar las desgracias que han enlutado a la administración federal desde el 2005.
Por otro lado, desde hace semanas trascendió que la aeronave que se pretende traer para sustituir al TP01 sería un equipo Boeing 787, Dreamliner, semejante al que Aeroméxico recibirá en el verano del 2013, el cual tiene un costo de alrededor de 200 millones de dólares (casi la cuarta parte de lo estipulado en el documento citado), pero si esto se completara con la adquisición de nuevos equipos adicionales, podría haber una renovación integral, al menos en la flota que sirve a presidencia. Todo ello está muy bien pero… lo curioso es que nadie aludiera a las falencias del sistema de transporte y, en particular, al lamentable estado de las dependencias públicas encargadas de hacer que el sistema funcione correctamente.
Lo que provocó los accidentes fatales que acabaron con la vida de los tres secretarios de estado y sus equipos cercanos no fue la edad de las aeronaves, ni siquiera su estado físico, falta de mantenimiento o algo parecido, el problema –en los tres casos- se halla en el interior del sistema y particularmente en la ausencia de entendimiento del trabajo que deben hacer las dependencias públicas –como DGAC, Seneam y el AICM, entre otros- así como los recursos de que deberían disponer para pagar a sus trabajadores, darles la capacitación pertinente y no sobreexplotar sus jornadas.
Todo ello quedó clarísimo en el reporte del accidente en el que falleció Mouriño en noviembre del 2007, el cual fue dado a conocer un año después con una celeridad que sorprendió a todos, pero apoyada por las investigaciones que hicieron los técnicos de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) y de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Los investigadores mexicanos, si bien son excelentes técnicos y hay incluso una tradición dentro del Colegio de Pilotos Aviadores de México como asesores de la autoridad en este y otros rubros, fueron auxiliados por los técnicos extranjeros con gran diligencia entre otras cosas, porque al gobierno federal le urgía desmentir los rumores de un atentado.
No obstante, esta participación dejó al descubierto para los extranjeros las enormes debilidades de las autoridades aeronáuticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el estado lamentable de la empresa estatal Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam). El reporte del accidente de Mouriño incluye una serie de recomendaciones para estas dos dependencias, las cuales son una auténtica bofetada para sus jefes: desde una lastimosa falta de presupuesto, hasta negligencia, sobreexplotación de horas extras de los controladores aéreos, estado deplorable de los equipos, falta de procedimientos, licencias otorgadas con criterios laxos, etc.
Muchos funcionarios, incluidos los habitantes de Los Pinos, levantarían las cejas si supieran lo que ocurre en muchos lugares donde transitan las flamantes aeronaves que los transportan, incluida aquella vez que el TP02 estuvo en trayectoria de colisión.
En resumen: no es cuestión de una aeronave nueva. La aviación mexicana requiere de un espacio aéreo seguro, con trabajadores bien capacitados, jornadas razonables, equipos de nueva generación compatibles todos entre sí y que la aviación sea segura para todos, en todas las circunstancias, en todos los momentos. Lo contrario es jugar a la ruleta rusa que –ya lo vimos- le puede tocar hasta a los funcionarios de más alto rango.
