De lo sucedido en los tres Poderes de la Unión

A pesar de lo acontecido durante la ceremonia del Primer Informe de Gobierno (llamado por el presidente “Tercer Informe” y que ya podremos comentar en otra ocasión), les expondré las inquietudes que me han despertado algunos sucesos acontecidos en los tres Poderes de la Unión.

El primero, al que me parece que ni los opositores ni la prensa le han dado la importancia debida, aconteció con un miembro del Poder Ejecutivo. Santiago Nieto, actualmente Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue ponente en un Seminario organizado por el INAI y que fue titulado “Seminario de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto”, en su ponencia trató de justificar una idea en la que expuso que la “Presunción de Inocencia” debía desaparecer aunque fuera en ciertas situaciones; adujo que esta presunción favorece la impunidad en muchos casos, no mencionó en qué casos debía desaparecer y en qué casos permanecer; y como el asunto debería ser a criterio del acusador, si le aunamos la “extinción de dominio”, algunos presuntos delincuentes podrían quedar indefensos y probablemente cambiar las reglas, de manera que no sea el acusador quien debe comprobar la responsabilidad, sino el acusado quien tiene que demostrar su inocencia.

Suponemos que Santiago Nieto hablaba de delitos financieros, que es el ámbito de su competencia, pero no sabemos si su propuesta puede o quiere que sea ampliada a otro tipo de delitos. En voz de un miembro tan destacado y poderoso del Poder Ejecutivo la propuesta resulta cuando menos inquietante; creo que es muy difícil que trascienda y sea legislada en el Congreso de la Unión, pero la idea no sólo existe sino que es expuesta impúdicamente. Nieto es un distinguido abogado que ha tenido una larga carrera en el Poder Judicial, siendo Magistrado en diferentes Tribunales, de 2015 a 2017 fue titular de la FEPADE dependiente de la entonces Procuraduría General de la República, fue destituido al estar investigando el caso Odebrecht de manera no muy clara, lo que lo dejó en mala situación política. Al año siguiente se unió a la campaña del candidato de MORENA y en septiembre de 2018 fue nombrado en el cargo que ahora ocupa por el propuesto como Secretario de Hacienda, que dependería de esta secretaría y no de la entonces Procuraduría General de la República.

Son dos los hechos que me inquietaron en el Poder Legislativo. El primero sucedió en el Congreso de Baja California en donde de manera sorpresiva surgió una Ley que extendía el periodo del próximo gobernador del Estado. Como ha sucedido en otros Estados, los periodos de gobierno se han venido ajustando para evitar elecciones fuera de los periodos de elección federales. El triunfador de las pasadas elecciones en Baja California fue electo para dos años y la Cámara de Diputados local extendió su mandato a cinco años después de haber sucedido y validadas las elecciones. La Ley no ha sido publicada por el gobernador que está a punto de terminar su gestión, lo que al parecer ha detenido los procedimientos que le pudieran invalidar; el caso es que el gobernador Jaime Bonilla pudiera ejercer su cargo por un periodo de tres años más que para los que fue electo.

Jaime Bonilla es un político bajacaliforniano distinguido que ha trabajado tanto en Estados Unidos como en México, fue Diputado y en 2018 fue electo Senador de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, participó por MORENA en las elecciones para gobernador y las ganó. No sabemos en qué acabará este escándalo, pero es muy grave que un grupo de diputados (en realidad dos, el que terminó un periodo y el que inició el siguiente) se atrevan a legislar para cambiar el periodo de gobierno de un funcionario electo; si bien sólo la presidenta de MORENA ha avalado el hecho, muchos han guardado silencio o emitido comentarios elusivos. Esto de cambiar la duración de los periodos de gobierno es un asunto sumamente grave que debería ser justipreciado por todos.

El otro hecho relativo al Poder Legislativo sucedió por un exabrupto de un diputado, pues al estar realizando declaraciones públicas acerca de otro tema, se le fue la boca y emitió su deseo de legislar acerca de la necesidad de controlar la prensa porque se ha venido convirtiendo en una enemiga de los proyectos de la 4T, en lo que en cierta forma coincide con el Titular del Poder Ejecutivo. No obstante, tan súbito y desproporcionado fue su comentario, que sus compañeros de partido se lo hicieron notar públicamente, a lo que intentando darle un giro gracioso dijo que ya habría tiempo de tratar el tema en otra ocasión.

El diputado al que me refiero es Óscar González Yáñez, que lo es por el Estado de México, viejo miembro de organizaciones maoístas, fue fundador del PT en 1990, coordinador de campaña de Cecilia Soto en 1994, fue Presidente Municipal de Metepec de 2006 a 2008, Diputado Federal (plurinominal) de 2009 a 2012, Diputado Local en el Estado de México (también plurinominal) de 2012 a 2015, y candidato a Gobernador en las pasadas elecciones aunque finalmente declinó en la candidata de MORENA, accediendo a su actual curul por mayoría relativa. Su hermano, Alejandro, ha hecho una distinguida carrera política, también en el PT, aunque especialmente en el Estado de Durango, por el que actualmente es Senador de la República. Creo que no ha sido dimensionada en toda su gravedad que en la Cámara de Diputados exista un proyecto legislativo para regular a la Prensa, aunque esto sólo se esté gestando por una parte de la abrumadora mayoría que existe entre los Diputados.

Del Poder Judicial sólo puedo comentar que me parece que el azar ha resultado caprichoso al seleccionar a un mismo juez para juzgar dos casos tan relacionados y que el juez, además, sea pariente directo de una diputada cuyo esposo resultó gravemente afectado por acciones de una de las imputadas y el esposo de la otra. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna fue seleccionado supuestamente de manera aleatoria para ser el Juez de Proceso de Rosario Robles y, asimismo, lleva el caso de Cecilia Gurza Guzmán, esposa de Carlos Ahumada, al parecer por una antigua defraudación fiscal. No sé si Rosario Robles sea culpable de los graves cargos que le imputan ni si la Sra. Gurza esté en orden de sus pagos fiscales; lo que llama la atención es que el azar haya resultado tan veleidoso habiéndoles designado un mismo juez y que éste sea sobrino de la diputada Dolores Padierna.

Recomendación de lecturas:

“Principio de presunción de inocencia debe tener restricciones: Santiago Nieto”, Once Noticias.

“¿Quién es Óscar González Yáñez, el diputado que busca regular los medios?”, El Universal.