Me agrada en gran medida participar en eventos académicos universitarios y posteriormente conversar con las autoridades, para conocer las dificultades de la educación superior.
Recuerdo que en el pasado los problemas urgentes eran académicos: poner al día los planes y programas de estudio con el consenso de los cuerpos colegiados, abrir nuevas carreras acordes a la demanda social, o convencer a los maestros con mayores dificultades pedagógicas para que se acercaran a los asesores. ¡A los mejores docentes era a quienes solían interesarles las nuevas técnicas en educación!
Ahora las preocupaciones, además de la falta de apoyo decidido a la investigación, son de orden social. Existen directores de bachillerato que llegan antes que los alumnos y se van hasta que sale el último para constatar que los jóvenes estén en buen estado; ofrecen talleres sobre drogadicción, acoso, embarazos juveniles y violencia familiar; y padecen la desgracia, junto con alumnos y familiares, de los chicos suicidas.
Debido al aumento de asaltos, algunas universidades se han puesto de acuerdo con los transportistas para que recojan a los alumnos dentro de las instalaciones, les cobren un poco menos, no acepten nuevo pasaje durante los trayectos y sólo hagan paradas en sitios preestablecidos, como estaciones de metro.
Al menos una universidad proporciona ayuda legal: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Las autoridades detectaron que se había incrementado el robo de celulares, fuera de los planteles, a raíz del combate al huachicol. Los ladrones se los vendían por $300.00 a quienes los sabían reconfigurar –lo mismo que cuesta una ración de droga–. Ya reprogramados los “nuevos dueños” los ofertaban a $1,700.00. Los chicos no denunciaban los robos puesto que sentían que los Ministerios Públicos estaban saturados atendiendo asuntos urgentes, los tiempos de espera eran largos y el trato no siempre era amable. Por cierto, los alumnos aprendieron que no podían asistir a la escuela con tabletas, era demasiado peligroso. Las autoridades universitarias decidieron actuar y abrieron oficinas en las facultades con abogados profesionales para integrar los expedientes y así facilitar las denuncias ante el Ministerio Público por robo o violencia.
Dicha iniciativa tuvo tal éxito que ahora esta magnífica universidad –la BUAP– abrió una oficina donde abogados especializados integran expedientes de feminicidios –y que resulta ser un asunto complejo–, no sólo para estudiantes universitarios, sino cualquier persona que requiera de ayuda. La idea es que estos casos tan graves sean atendidos de manera más expedita y cortés en los Ministerios Públicos; puesto que los quejosos llegan con expedientes elaborados por expertos.
Por un lado, resulta aterrador el aumento de violencia, en particular contra las mujeres; por otro, es de admirar una iniciativa universitaria como ésta. Ojalá tenga éxito y más centros académicos la imiten.
Desde luego que la denuncia no es suficiente para eliminar la delincuencia, ni tampoco los castigos. Lo ideal es que haya más ofertas de trabajo, y centros comunitarios donde las personas encuentren fuentes de placer a través de los amigos, el deporte, el arte y el aprendizaje de nuevas habilidades.
Dra Fierro. La observación de una parte de la sociedad que nos comparte en este artículo es muy alentadora. Un cambio en el grupo académico, un compromiso de la Universidad por atender ña realidad de sus alumnos, una multiplicación de los alcances de implantar una política pública adecuada. Felicidades a la UABP y a usted por difundirlo