El pasado 20 de noviembre entró en vigor la Ley de Austeridad Republicana, misma que está encaminada a eliminar beneficios para los funcionarios públicos con el fin de combatir la desigualdad, los abusos, la corrupción y los conflictos de interés. A través de esta ley se establecen medidas de austeridad que se deberán de observar en el ejercicio del gasto público federal, para que los recursos económicos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
Dentro de las medidas más relevantes encontramos las siguientes: i) las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán a través de licitaciones públicas, ii) los contratos que hayan sido otorgados mediante el tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la Hacienda Pública serán nulos, iii) queda prohibida toda duplicidad de funciones en la Administración Pública Federal, y iv) se prohíbe la contratación en puestos de confianza para personas con las que se tengan lazos de parentesco.
Al respecto, no cabe duda de que la austeridad es uno de los principales objetivos de esta nueva administración. Asimismo, tomando en consideración la posibilidad de que le SAT no llegue a las metas de recaudación, resulta necesario que el Gobierno Federal tome medidas alternas para logar sus objetivos. Derivado de lo anterior, es importante analizar cómo se van desenvolviendo estas medidas de austeridad y la recaudación del SAT para saber si se podrían lograr los proyectos sociales que se plantearon inicialmente con los recursos que se obtengan.
Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), José Rodolfo Pérez Argüello (jperez@sanchezdevanny.com) y Renata Sánchez Musi (rsanchez@sanchezdevanny.com)
Muy claros los comentarios