e-gobierno, ¿debilidad digital?
En los últimos años el gobierno electrónico en México cayó en un bache del cual no ha podido salir, en gran medida por el desinterés o desatención de la administración pública, lo que implica un riesgo para el país de ceder a un rezago del que costará más tiempo y recursos reponerse.
El estudio E-goverment Survey 2010 de la ONU evidencia el tropiezo mexicano en esta materia, ya que de 2003 al año pasado se han perdido 19 sitios en el ranking mundial, pasando del lugar 37 al 56, de 184 naciones que componen al organismo.
Además de que supone un panorama gris para el ciudadano mexicano, ya que verá alejarse la posibilidad de realizar vía internet trámites tan sencillos como solicitar actas de nacimiento, matrimonio, divorcio o certificados de defunción, como sucede en otros países de América Latina, sin que ello signifique largas filas, desplazarse de un lugar a otro, o someterse al criterio de la burocracia nacional que hoy parece definir los procesos y requisitos para recibir cualquier solicitud.
Situaciones que impiden llevar a cabo acciones para que esta modalidad de gestión pública evolucione y se refleje en beneficios directos tanto para la población como para el propio Estado –como ahorros en tiempo y recursos, o la depuración de procesos o plantillas laborales duplicados–, pues en la medida que el e-gobierno avance se podrá aprovechar como una herramienta para combatir la burocracia y la corrupción, y para eficientar la gestión gubernamental, entre otras ventajas.
En este sentido, son los expertos quienes señalan a la legislación mexicana en la materia como generadora obstáculos y causante de los escasos avances, ante la falta de congruencia estratégica a las acciones encaminadas a mejorar el acceso a dichas tecnologías y a los servicios electrónicos gubernamentales, ya que no existe una táctica integral y los tres niveles de gobierno avanzan en diferentes velocidades, cada uno por su propia cuenta.
Lo que obliga, como una de sus aristas, a trabajar sobre un marco legal que institucionalice la comunicación entre gobierno y ciudadanía. Así, la iniciativa de Ley Federal de Gobierno Electrónico enfatiza que el proceso de globalización y desarrollo de la nueva sociedad de la información exigen del Estado mexicano una estrategia de gobierno electrónico que contribuya a aumentar los niveles de adopción de las TIC en el país.
Dicha estrategia deberá contar con una administración digital que pueda ofrecer servicios e interconectarse, o interactuar, con la ciudadanía a través de múltiples canales de acceso.
En fin, el avance tecnológico en el país, la solución de la problemática en las telecomunicaciones y la existencia de voluntad política –tanto para integrar al e-gobierno en la agenda digital como para tenerlo en cuenta durante la asignación de recursos–, son fundamentales para la gestión gubernamental, pues de no tenerse estos elementos en cuenta podría desencadenarse un rezago cercano o superior a 15 años, tiempo que en la era digital podría ser sumamente difícil de recuperar.
