La Ley Federal de Austeridad Republicana, 4ª Parte

Un hito para el Gobierno Federal

Que las aberrantes prácticas del pasado
no se reproduzcan con nuevos actores…
El autor.

Una lectura del pulso de la Sociedad Mexicana con respecto al apoyo al gobierno federal, ha dado lugar a la construcción y expedición de una serie de normas que, concatenadas, han ido configurando una política decisiva y esperamos que decisoria sobre el combate a la corrupción.

La Ley Federal de Austeridad Republicana responde a una justificada demanda, diría yo a un verdadero clamor por eliminar las condiciones que propician las irregularidades, los desvíos y los delitos que acontecen en el ámbito gubernamental en obvia complicidad con agentes económicos, sociales y políticos para obtener beneficios ilícitos en favor de intereses particulares.

Tan es así que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ha conceptualizado a la corrupción como un fenómeno que se expresa en cuatro dimensiones, ante la “incapacidad para controlar la corrupción, esto es, prevenirla, detectarla y sancionarla eficazmente”. Ante tal incapacidad, este sistema con múltiples actores se propone combatir la corrupción y la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder, promover la mejora de la gestión pública, así como afinar los puntos de contacto entre gobierno y sociedad al involucrar en la lucha a esta última, y concurrir con el sector privado a dar las batallas necesarias y pertinentes.

La Ley Federal de Austeridad –decíamos– sirve de alineamiento a un conjunto de normas.  Destinada a lograr una gestión pública vinculada con las necesidades de la población, así como con sus aspiraciones de justicia individual y social. Un objetivo que subyace en la Ley es de contar con una administración pública honesta, capaz, racional, informada, sensible, eficiente y eficaz. Pero ojo, sobre todo honesta.

La Ley de Austeridad es una oportunidad de constituir una alianza con una política establecida a nivel mundial, nacional y local: la de transparencia en el quehacer público y la rendición de cuentas claras, que garantizan a todo ciudadano el acceso a la información pública gubernamental, así como el derecho a saber y constatar que los recursos públicos se manejan honradamente y se utilizan responsablemente para los fines a los que están destinados, consignados en los planes y programas de desarrollo económico, social, cultural y político, en el sentido del bien público.

Esta nueva Ley, asimismo, forma parte de la definición de una política integral que conjuga la fuerza de la autoridad legítima y legal, con la que deviene de la solidez del consenso entre gobierno y sociedad, ambas unidas a la voluntad de la ciudadanía. Esta ha de comprender la necesidad de asumir los mandatos provenientes del gobierno mientras sean legales y legítimos; observar una conducta civil responsable, convencida de hacerlo al darse cuenta de que le conducirá a mejores y más espaciosos lugares de bienestar integral.

A todo ello se ha dado por llamarle “Política de Estado”, refiriéndose a la urgencia de edificar alternativas viables de desarrollo que incluyan en forma indubitable al gobierno, a la sociedad civil y a los ciudadanos: estos tres protagonistas se mueven en un territorio común al que hay que cuidar y mejorar. Sobre el mismo han de suscitarse acciones sostenibles en el tiempo, orientadas de tal forma que se aprovechan las circunstancias para preparar respuestas asequibles y productivas para todos.

La Ley Federal de Austeridad particularmente se refiere a la conducta que deben atender los servidores públicos en cuanto a la utilización de los recursos de todos, en el entorno de un sistema estructurado de suerte que se obligue a la autoridad a ser consciente de que actúa responsablemente en la cotidianidad, en representación de un país con graves carencias, inconsistencias, contradicciones y desigualdades de todo tipo que hoy en día se manifiestan en un triángulo tan inmoral como perverso: la desigualdad que se convierte en pobreza material y de espíritu y, finalmente, se traduce en violencia estructurada por la corrupción y la impunidad.

En este contexto, no es menor el propósito de ahorrar en lo superfluo para invertir en lo prioritario. Tal determinación política –le expedición de la nueva Ley– pretende cercar de manera ostensible el abuso de poder, el cual, entre otras cosas, ofende por el despilfarro que supone y finalmente por la incontinencia de la corrupción.

El cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad puede ser ejemplo de congruencia entre el decir, hacer y el parecer.

Planteado así, el espíritu de esta norma radica finalmente en recuperar la conducción política del país, al ejercerse una autoridad decidida a favorecer el interés general. Los privilegios que no son producto de una cultura de trabajo y esfuerzo perseverantes, sino que se sustentan en aprovechar los vacíos de organización social y de las leyes, medran a costa de las mayorías y actúan en favor de intereses tan inconsistentes como inconfesables. 

La tarea es compleja y necesariamente difícil, muy difícil. Se requiere comprender que estamos ubicados en un espacio global, intercomunicado como nunca antes; el mundo es un lugar que se replica al interior de cada país donde coexisten y eventualmente conviven comunidades plurales, diversas en costumbres y culturas, con distintas cosmovisiones, pero quizá unidas por nuevos valores comunes de convivencia, más igualitarios, más incluyentes, más respetuosos, más dispuestos a cooperar que a competir.

En este entramado cada nación debe estar en posibilidades de contar con su gobierno, y para que éste efectivamente cuente, debe poseer el valor de la dignidad sustentada en proteger tanto a la gente como al espacio donde vive en un real Estado de Derecho, que precisamente se sostiene al ser capaz de responder a las necesidades de coexistir en libertad con seguridad y bienestar.

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