Mientras estamos invadidos por el miedo al contagio del COVID-19, y la gran prensa y gobiernos culpan al virus de la recesión económica y de la crisis financiera que se asoma, se van poniendo en marcha planes de rescate de empresas con montos billonarios jamás antes vistos.
Nunca antes hubo nada parecido a la derrama de cinco billones de dólares acordada por el G-20; tan sólo a la economía de Estados Unidos se le inyectarán este año dos billones de dólares “y lo que haga falta” en apoyos fiscales, crediticios y subvenciones.
Para tener la dimensión de lo que son dos billones de dólares, considérese que rebasan en 25% el PIB mexicano –1.6 billones de dólares en 2019–; son también el doble en proporción del PIB estadounidense (9%) que el 4.5% del programa con el que Obama rescató a los bancos de la crisis de los títulos hipotecarios chatarra.
Según el sapo es la pedrada; según la recesión son los estímulos con que se intenta superar la caída en 30% del PIB mundial que se espera en los dos primeros trimestres del año.
Tan colosales estímulos se justifican políticamente mejor, culpando al virus que analizando las causas de una recesión que, aunque de menor profundidad, de todos modos iba a ocurrir como parte de los ciclos capitalistas.
Ya venían desacelerándose las 15 economías más grandes de los países miembros de la OCDE, que en promedio sólo alcanzaron una tasa de 1.4% anual del 2000 al 2009 y de 1.2% del 2011 a 2018; de 1990 a 1999, antes de la crisis financiera de 2008, habían promediado 2.3%.
El magro crecimiento tuvo como principal soporte el crédito con dinero muy barato, pero en vez de estimular masivamente las inversiones productivas, a falta del estímulo de la demanda solvente de los mercados, las corporaciones duplicaron su endeudamiento, y no para hacer crecer la maquinaria productiva.
Buena parte del crédito barato hizo crecer especulativamente los precios de las acciones bursátiles, hasta crear una burbuja que reventó el lunes negro del 9 de marzo y, al menos en Estados Unidos, otra parte sirvió para pagar jugosos dividendos a los accionistas de las corporaciones más grandes, y para mantener a flote a las medianas y pequeñas –muchas de ellas, consideradas empresas zombi–.
En conjunto, la deuda de las corporaciones de Estados Unidos pasó de 3.2 billones de dólares en 2007 a 6.6 billones en 2019. La urgencia de transferirles recursos se debe a que la recesión dificultará el pago de esa deuda a los bancos, con riesgo de colapso del sistema financiero.
Las corporaciones más grandes y consolidadas tienen menor riesgo de impago, pero la posibilidad es grande entre las llamadas zombis. Por alguna razón, de los dos billones de dólares del plan estadounidense, a las primeras se les apoyará con 500 mil millones y a las medianas y pequeñas con 360 mil millones.
Previendo que esos montos no sean suficientes, el consejo de la Reserva Federal se comprometió a “crear” –el término es correcto– tanto dinero como haga falta para mantener el flujo del crédito, lo cual seguramente requerirá más billones de dólares.
La Reserva Federal estadounidense ha sido la única en el mundo en mantener esta prerrogativa, desde la separación del dólar del patrón oro en 1973, simplemente imprimiéndolo sin más respaldo que la obligación de los países importadores de petróleo de pagar en dólares –de la que China, segundo importador mundial del hidrocarburo, se está apartando–, y la disposición del resto del mundo en aceptar dólares como dinero universal.
El Banco de México no tiene esa prerrogativa de “crear” dinero, lo que deja al gobierno mexicano con menores opciones para dar apoyo financiero y fiscal a empresas y trabajadores, pero las hay y debería potenciarlas cuanto antes. Las opciones son contrarias a la ortodoxia en política económica para tiempos normales.
Para amortiguar la recesión y tratar de superarla lo más pronto posible, se tiene que aumentar la capacidad fiscal de apoyos, créditos y subvenciones a la planta productiva; lo primero es abandonar la consigna del superávit primario, asumir un déficit fiscal mayor y contratar deuda externa. Lo otro y muy importante, financiera y simbólicamente, sería que el presidente López Obrador anunciara la decisión de posponer las obras de la refinería en Dos Bocas y del Tren Maya; ni modo, el aeropuerto de Santa Lucía no se puede suspender.
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