En memoria de Héctor Álvarez de la Cadena,
amigo, economista y empresario con visión global,
fallecido por COVID.
El sábado pasado la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, con sus siglas en inglés) autorizó la vacuna de una sola dosis del laboratorio Johnson and Johnson (J&J) en un momento clave en que parece aplanarse la curva de contagios de COVID-19 en Estados Unidos y millones de sus ciudadanos esperan para recibir su inyección. La empresa declaró estar lista para entregar 4 millones de dosis tan pronto reciba la luz verde para su distribución y otras 16 millones a fines de marzo.
Según el New York Times, este monto estará por debajo de las 37 millones acordadas para el mes próximo conforme al contrato federal de mil millones USD para cumplir el compromiso total de 100 millones de vacunas con fecha límite del 30 de junio a un precio de 10 USD la dosis. La vacuna de J&J tiene la ventaja frente a las de Pfizer y Moderna que puede ser almacenada por tres meses a una temperatura estándar de refrigeración. Gran optimismo de Fauci y Biden que tienen metas de vacunar a toda la población de Estados Unidos en el curso de este año. Ayer se informó también que la rusa Gamaleya tiene lista ya la versión Sputnik “light” que requiere también una sola dosis.
La mesa está puesta… en principio. Lamentablemente las expectativas no son las mismas en el reto del mundo.
La acción multilateral-regional y global han sido insuficientes. A pesar de la rápida acción inmediata de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la ONU, puede decirse que la coordinación y la cooperación de los organismos internacionales son exitosas pero limitadas, capaz de atender los desafíos urgentes sanitarios para que los gobiernos puedan aliviar situaciones inmediatas de salud; pero con bajas posibilidades de que los acuerdos internacionales de suministro de vacunas a los países pobres se cumplan en tiempo y forma, no obstante la alianza público-privada COVAX promovida por la OMS.
Hay que saludar la capacidad de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, China, la India –e incluso Cuba– para generar en un plazo muy corto vacunas diversas frente al COVID-19, a partir de sus capacidades científicas y tecnológicas y productivas; al mismo tiempo, lamentar que países europeos desarrollados y algunos países latinoamericanos de desarrollo medio que antaño tuvimos capacidades tecnológicas y productivas en materia de vacunación con fines de seguridad nacional, las hayamos abandonado en aras de un libre mercado global, al que ahora tenemos que rogar nos abastezca. Quedamos en México en una situación similar a la de países de menor desarrollo que no cuentan con capacidades de producción de vacunas.
Los países que han desarrollado las 11 vacunas disponibles hoy en día lo han logrado gracias a que cuentan con empresas privadas y capacidades estatales de investigación, desarrollo biotecnológico y producción fortalecidas a lo largo de los últimos 30 años. Esas empresas comenzaron a obtener, tan pronto estalló la pandemia, contratos garantizados de sus gobiernos, subvenciones y financiamientos para realizar las investigaciones, desarrollos y pruebas clínicas pertinentes.
Mariana Mazzucatto et al. (Project Syndicate, 1-12-20) han destacado que, en 2020, BioNTech recibió 445 millones USD del gobierno alemán y Moderna mil millones USD de la Autoridad para Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzados y de la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. La vacuna inglesa Astra Zeneca-Oxford contó a su vez con mil millones de libras (1.300 millones USD) de financiamiento público. El mismo principio se aplica en el caso de las vacunas de Johnson and Johnson o de las chinas, rusas, indias y cubana. Esta situación debería conducir a considerarlas como bienes públicos.
Como era de esperarse, las primeras demandas en ser abastecidas son las locales, llegándose a establecer restricciones a la exportación por los gobiernos y la Unión Europea. Sin embargo, si se desea superar un desafío que es global y que no puede aislarse territorialmente –aun en el caso de países islas como Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda, por más eficaces que sean dentro de sus fronteras–, se requiere que las vacunas estén disponibles a la brevedad posible de manera universal. El reto es moral, pero también práctico. Los actuales productores no se dan abasto
Existen numerosas empresas en América Latina (En México, Liomont y otros tres o cuatro Laboratorios de capital nacional) y por supuesto laboratorios en Europa, Asia y África, que podrían estar en capacidad de producir las vacunas en cuestión de 3-4 meses y acortar en más de 18 meses la disponibilidad y aplicación de vacunas a todo el mundo. El problema es que el conocimiento y las patentes pertenecen a las grandes empresas. Es por ello por lo que numerosos gobiernos, fundaciones y asociaciones de salud, así como la OMS, están urgiendo desde fines de 2020 a las empresas propietarias y a sus gobiernos a compartir sus patentes y el know how correspondiente para combatir el virus que ya ha reclamado 2.5 millones de vidas.
Lamentablemente las respuestas de las empresas de Estados Unidos y Gran Bretaña han sido negativas en los foros internacionales: la OMS y la OMC. Conscientes de que no tienen la capacidad de producción para atender la gran demanda mundial, argumentan que están en proceso de negociar contratos y licencias exclusivas para proteger sus derechos de propiedad intelectual y la seguridad sanitaria.
Los críticos –incluyendo la OMS– argumentan que van muy lentas y que al no existir vacunas suficientes están creando el riesgo de que se multipliquen las mutaciones del virus en diversas regiones del mundo. El enfoque de “acuerdo por acuerdo” se traduciría también en precios más altos para los países más pobres. De acuerdo con un estudio reciente, México, Brasil, Sudáfrica y Uganda están pagando precios más altos por unidad que los gobiernos europeos por la vacuna Astra Zeneca (Maria Cheng y Lori Hinnant, AP 1-3-21). Si se conceden rápido las licencias, cada continente podría tener muy pronto una docena de empresas fabricando las vacunas a todo vapor y a precios competitivos.
Los gobiernos y organismos ven dos opciones frente a los faltantes mundiales de producción:
La 1ª , apoyada por la OMS, es la creación de un pool voluntario de patentes, modelado en una plataforma similar a la establecida para el tratamiento del HIV, la tuberculosis y la hepatitis. Ninguna de las productoras de vacunas se ha ofrecido como voluntaria al día de ayer.
La 2ª, la suspensión de los derechos de propiedad intelectual durante la pandemia, que cuenta con el apoyo de 119 países, ha sido bloqueada por Estados Unidos y los países europeos, cuyas empresas ven un jugoso negocio anual en los próximos años. Las empresas farmacéuticas consideran que a través del esquema COVAX debería canalizarse la exportación a África y el mundo en desarrollo.
En su primer día como directora de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, declaró que había llegado la hora de atender las necesidades de vacunación de los pobres del mundo. “Tenemos que trabajar con las empresas para que abran pronto sus licencias a países emergentes y en desarrollo y salvar muchas vidas”.
Los promotores de que se compartan las patentes insisten en que, a diferencia de otros medicamentos, estas vacunas se desarrollaron con recursos de los contribuyentes y podrían ayudar a superar la pandemia del siglo, con todos sus costos sanitarios, económicos y sociales. “La gente está muriendo masivamente porque no podemos ponernos de acuerdo en los derechos de propiedad intelectual”, declaró en Ginebra el diplomático sudafricano Muktadir de Gama. “Estamos dispuestos a pagar razonablemente por las licencias, pero necesitamos las soluciones ya”. Fauci mismo ha reconocido que los países ricos, incluyendo Estados Unidos, tienen una responsabilidad moral.
¿No podría interceder México con Biden para que Estados Unidos y Europa actúen en pro de los intereses planetarios? El Banco Mundial y el G-20 podrían contribuir también a ese propósito.
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