La Oficina Anticorrupción de Argentina inició investigaciones en contra de 164 funcionarios y ex funcionarios sospechosos de enriquecimiento ilícito.
Ciudad de México.- El caso del vicepresidente Amado Boudou, quien fue procesado la semana pasada al ser sospechoso de actos de corrupción, es el mayor escándalo de los gobiernos kirchneristas, pero no el único.
De acuerdo con el Informe Anual de Gestiones de la Oficina Anticorrupción, 44 de los casos ya fueron derivados a la justicia, por lo que en los próximos meses deberían avanzar procesos en contra de otros políticos.
El problema es que en los procesos ya concluidos hubo escasa o nula sanción, debido a prescripciones de los delitos denunciados, muerte de los acusados, absoluciones, sobreseimientos o falta de sentencia.
Tan sólo durante el año pasado este organismo armó 17 expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de las irregularidades detectadas en las declaraciones juradas de los funcionarios.
El reporte de la Oficina Anticorrupción involucra al vicepresidente en un caso como sospechoso de enriquecimiento ilícito, pero hay otras causas por abuso de autoridad y violación de sus deberes como funcionario público.
Destaca una carpeta en la que se le imputa al vicepresidente el delito de negociaciones incompatibles con su función pública, que fue el mismo en el que el juez Ariel Lijo basó el procesamiento en su contra.
Otro funcionario emblemático del kirchnerismo sospechoso de enriquecimiento ilícito es Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte que actualmente enfrenta un juicio por corrupción.
También está el caso del ex presidente Carlos Menem (1989-1999), quien sigue siendo investigado por el incremento patrimonial injustificado que tuvo durante sus 10 años de gestión.
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