El grupo de diez expertos de la CIDH que asesorará a México para determinar las causas de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, emitirán sus recomendaciones en un plazo de tres meses, dijo Emilio Rabasa, embajador mexicano ante la OEA.
Ciudad de México.- El grupo interdisciplinario que busca dar aval técnico a las acciones iniciadas por el Estado mexicano a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre, estará conformado por una decena de expertos con mandato renovable de seis meses.
Así lo informó este lunes Emilio Rabasa, embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien agregó que los representantes de las víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negocian actualmente la cantidad y el perfil de los integrantes del comité asesor.
El diplomático mexicano recordó que la creación de esta comisión fue acordada la semana pasada y será rubricada este martes por las tres partes en la Ciudad de México. Este grupo deberá emitir recomendaciones al trimestre de iniciar sus labores.
Rabasa mencionó como probables integrantes del grupo a expertos en criminalística, balística, sociología, psicología y ciencias políticas. No se especificó si los expertos serán tanto nacionales como extranjeros.
El diplomático aseguró que el comité quedará definido en las próximas semanas y gozará con pleno acceso a los expedientes para comparar la actuación de las autoridades mexicanas con protocolos internacionales en búsqueda de desaparecidos, análisis de líneas de investigación para dar con los responsables y elaboración de un plan de ayuda a las familias de las víctimas.
Rabasa recalcó que el hemisferio jamás ha visto una asistencia técnica tan amplia como la prevista, a la cual justificó por el deseo del Estado mexicano de “no escatimar esfuerzo alguno nacional e internacional, político, jurídico o diplomático para conseguir resultados óptimos y con eso dar transparencia al proceso en un clima que hay de crisis de confianza”.
Indicó que la CIDH emitirá un reporte final para evaluar la implementación que el Estado mexicano dé a las recomendaciones del grupo interdisciplinario. México asumirá los costos en que incurran los expertos.
“Estamos frente a un caso de desaparición forzada. Queremos fortalecer nuestras capacidades institucionales para a partir de este caso encontrar nuevos mecanismos para mejorar nuestros procedimientos”, agregó.
El Semanario con información de AP
