Este martes se formalizó el acuerdo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brinde asistencia técnica en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.
Ciudad de México.- Se formalizó este martes el acuerdo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brinde asistencia técnica al gobierno mexicano en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, informaron autoridades.
El acuerdo se formalizó luego que representantes del Estado mexicano, integrantes de la CIDH, familiares de los desaparecidos, así como representantes de los beneficiarios de las medidas cautelares para este caso, suscribieron el acuerdo.
El objetivo del acuerdo es incorporar a un grupo interdisciplinario de expertos independientes, que llevará a cabo distintas acciones con relación a la búsqueda de las personas desaparecidas, a las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como a la provisión de la atención integral a las víctimas.
El acuerdo complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dieron origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos.
A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR), afirmaron que complementarán los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dieron origen a dicha asistencia.
“El Estado mexicano reiteró su compromiso y responsabilidad de cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH, así como asegurar la atención a las víctimas de los hechos que resultaron en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero”, detalla el comunicado.
Con esta firma, será posible poner en marcha a la brevedad el acuerdo de asistencia técnica, en el marco de la implementación de las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014.
El documento correspondiente fue suscrito por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; Lía Limón García, subsecretaria para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob; la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, en representación de la PGR.
Asimismo fue signado por Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a nombre de los beneficiarios de las medidas cautelares; y por el comisionado James Cavallaro, relator para México de la CIDH; así como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo.
