Aunque no se refirieron directamente a los hechos del pasado 20 de noviembre, la CNDH y la CDHDF hicieron un llamado para que las autoridades respeten la libre expresión de manifestantes.
Ciudad de México.- Las Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Distrito Federal (CDHDF) condenaron la violencia, sin importar su origen, y pidieron a las fuerzas del orden operar en el marco de la ley y en apego a los derechos humanos.
Sin referirse directamente a los abusos de la Policías Federal y SSPDF ocurridos en el pasado 20 de noviembre durante la manifestación por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los organismos se pronunciaron en contra de cualquier tipo de violencia durante las manifestaciones públicas, incluyendo aquella proveniente de las autoridades.
Ambas instituciones hicieron un llamado a las autoridades para que los servidores públicos, especialmente los pertenecientes a las fuerzas del orden, lleven a cabo sus funciones en el marco de la ley y en apego a los más altos estándares en derechos humanos, con el fin de garantizar la seguridad de las personas que ejercen su derecho a la libre manifestación.
La población tiene derecho a vivir sin miedo, con tranquilidad, seguridad y paz, y “no se puede permitir que la violencia desvirtúe el ejercicio legítimo a la protesta social pacífica”, expresaron la CNDH y CDHDF a través de un comunicado conjunto.
Asimismo, subrayaron que seguirán acompañando las manifestaciones públicas y pidieron a las autoridades garantizar la seguridad de los participantes y los visitadores de esos organismos, para que hagan su labor en términos de sus facultades y competencias.
Coincidieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a defensoras y defensores y que pongan en duda la legitimidad del trabajo que realizan con sus organizaciones.
Respecto a los reporteros, camarógrafos y trabajadores de la información que realizan su labor en una manifestación pública, ambos organismos concordaron con la CIDH en que no deben ser molestados, detenidos o trasladados, ni sufrir limitación alguna a sus derechos de ejercer su profesión.
Enfatizaron que, por el contrario, se les deben dar garantías impidiendo cualquier acción que intente obstruir su labor como, por ejemplo, evitar que sean secuestradas sus herramientas de trabajo.
Los organismos recalcaron la necesidad por que la autoridad aplique protocolos de prevención en las manifestaciones, identifique a quienes incurran en actos de violencia y proceda conforme a Derecho, con respeto irrestricto a sus derechos humanos.
Respecto a las movilizaciones del 20 de noviembre en la capital del país, informaron que personal de ambos organismos acompañaron de manera coordinada la movilización, agregando que hasta el momento, la CNDH ha recibido 44 quejas que están siendo investigadas.
Igualmente, da seguimiento a la situación de los detenidos en los penales federales Femenil de Tepic, Nayarit, y de Villa Aldama, Veracruz, a quienes se les acusa de asociación delictuosa, motín y homicidio en grado de tentativa.
Por su parte, la CDHDF inició investigación de oficio, a la que se han acumulado 18 quejas más como aportación, y se formularon tres solicitudes de medidas precautorias, y se ha recabado el testimonio de 30 presuntas víctimas.
Ambos organismos refrendaron su compromiso de vigilar y señalar abusos y violaciones a derechos humanos por la autoridad y llamaron a que se haga un uso diligente del derecho penal.
Sostuvieron que el derecho a la manifestación no es un derecho absoluto, por lo que debe realizarse en armonía con la convivencia civilizad, y si bien el Estado tiene el deber y la obligación de garantizar la seguridad y el orden su poder no es ilimitado.
Es así, subrayaron, porque tiene el compromiso de aplicar procedimientos conforme a Derecho y respetuosos de los derechos humanos de todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción, en especial durante la protesta social.
