Además de ser contratado, respaldado y darle un cargo público con renovada autoridad, Andrade tiene vínculos con Videgaray.
Ciudad de México (elsemanario.com).- El anuncio hecho ayer por el presidente Enrique Peña Nieto en que designó a Virgilio Andrade Martínez como nuevo secretario de la Función Pública, restauró a esta dependencia a su papel original, después de que en 2013 Peña solicitara su desaparición. La propuesta del presidente de desaparecer la dependencia y crear un órgano autónomo anticorrupción fue negada por los legisladores, pero la SFP fue degradada de ser secretaría hasta el nivel de despacho. Ayer se renovó su función a la de una Secretaría de Estado, que responde directamente al presidente.
El portal sin embargo reportó que Virgilio Andrade Martínez, quien al asumir el cargo restauró a la Función Pública a grado de secretaría., es amigo cercano de Luis Videgaray Caso, uno de los personajes en medio de los casos de conflicto de interés. Su relación data desde que ambos cursaban la licenciatura, Andrade en derecho y Videgaray en economía, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (Itam) en 1986.
Según declaraciones del académico Ernesto Villanueva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México la relación creada desde la universidad no se ha roto e influenció en la inclusión de Andrade al gabinete de Peña Nieto. “En términos políticos, Videgaray es el padrino de Andrade. Él lo propuso para la consejería en el Instituto Federal Electoral (IFE) y ya en la administración peñista, también para la titularidad de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)”, informó para el portal de noticias. Por lo que su designación es en sí misma un conflicto de interés.
En entrevista con Univisión, Villanueva aseguró que todo está preparado para que la investigación resulte sumamente positiva para Peña Nieto y su gobierno.
No solamente ocupará una dependencia renovada en autoridad, también recibirá los estipendios que conlleva el ser secretario: 205 mil pesos mensuales; gastos médicos; y otros bonos económicos.
El cambio de política frente a la Función Pública por parte de Peña Nieto ha sido fruto del revés que ha sufrido su imagen tras los escándalos de corrupción y conflictos de interés que han surgido alrededor de él su esposa y su familia. Durante su campaña presidencial y durante el 2013 llevó a cabo una política de reducir la autoridad de esta dependencia reduciéndola al grado de despacho, para finalmente quedar extinta con la creación de una Comisión Anticorrupción que no llegó a ser aprobada.
Ahora son los legisladores de la oposición quienes buscan la creación de un órgano que vigile y castigue la impunidad, la corrupción y los conflictos de interés, mientras que la Presidencia y demás priistas buscan fortalecer la Función Pública buscando el mismo fin. Una vuelta en las acciones de los políticos tras el trabajo de periodistas.
Andrade repite cada palabra de Peña Nieto sobre corrupción
En entrevista con Radio Fórmula el nuevo secretario de la Función Pública aseguró que “la credibilidad empieza con u diálogo y teniendo una actitud austera, sobria, que vaya dando confianza”. Indicó que cuando la SFP tenga las resoluciones sobre sus investigaciones, se hará un llamado a expertos “independientes” quienes opinarán y aportarán al caso. No obstante, no informó quiénes designaran a estos expertos, ni sugirió que estos tendrían acceso a una información que no sea elegida y publicada por Andrade Martínez.
En sólo unos meses estará lista la investigación, y “una vez que hayamos agotado de manera contundente el análisis de los contratos” se convocará a los expertos. “Todo el conjunto de acciones y revitalización de la propia Secretaría obedece a esta demanda ciudadana; como gobierno tenemos que dar una primera respuesta, además del gobierno existen otros poderes que harán su trabajo.”
Pero aseguró que “Las mejores prácticas sí están sustentadas en recomendaciones de estos organismos multilaterales en experiencias que han vivido otros países”, entre ellas la OCDE.
Estas aseveraciones respaldan las palabras de Peña Nieto, uno de los acusados por incurrir en tomar decisiones de Estado bajo conflictos de interés. El encargado de vigilar y castigar no muestra una opinión distinta a la de su jefe inmediato.
Con información de medios.
