Es acertado calificar de acto terrorista contra la comunidad méxico-norteamericana y nacionales mexicanos, el ataque de Patrick Crucius del 3 de agosto que causó 22 muertos –de los cuales ocho eran mexicanos–. También lo es, participar en las pesquisas para saber si el multihomicida actuó sólo o en red, cuál es el origen de sus finanzas y del rifle AK47 que usó para “matar tantos mexicanos como fuera posible”. Lo que inquieta es que se crea que cambiará la naturaleza de la superpotencia, que basa su hegemonía en el uso de la violencia. También indigna que Donald John Trump, en su afán por eclipsar el impacto de su retórica violenta, se disculpase por lo ocurrido en Texas y Ohio, pero lanzara razzias en Mississippi que separaban de sus familias a 680 trabajadores migrantes.
Algo es evidente: la violencia racial supremacista anglosajona es delincuencia organizada. Y no, no sólo es un problema de control de armas, ni de la Asociación Nacional del Rifle, ni de que gobernadores y legisladores republicanos apoyen iniciativas demócratas en ese sentido. En su actual lógica reeleccionista, Trump aceptó lo que algún asesor le dijo al oído y bajó el incendiario tono de su discurso antiinmigrante. Pero es obvio que el magnate no reducirá la influencia en su gobierno del Complejo Industrial Militar, gran beneficiario del terrorismo interno y de la agresiva política exterior de la superpotencia.
El objetivo del odio, discriminación, violencia y xenofobia ultranacionalista en Estados Unidos, son los 57 millones de latinos. Y de ellos, los casi 36 millones de origen mexicano (casi 20 millones distribuidos en California y Texas), de los que 700 mil son veteranos de guerra y 1 millón 700 mil tienen grado universitario y posgrado, todos ellos determinarán en el futuro próximo el crecimiento del PIB en aquel país, según la Universidad de Georgia.
Claro que extremistas y racistas –ignorantes y fácilmente manipulables– ignoran esos datos y clasifican a los latinos como seres desechables. ¿Qué estrategia han seguido los demócratas y republicanos contra ese terrorismo doméstico? Si comparamos, la Guerra Antiterrorista en Afganistán e Irak costó a los contribuyentes, de 2001 a 2018, entre 2.4 billones de dólares y 7 billones de dólares (según expertos de la Universidad Brown). En contraste, se ha desatendido el combate contra violentos grupos de odio y extremistas xenófobos.
El análisis “Confrontando la supremacía anglosajona”, revela la estrategia de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) y alerta que esos extremistas sociales son actores cada vez más radicalizados que recurren a la violencia y aumentan significativamente; “buscan influir en la política gubernamental, desafían las leyes internas y tienden a intimidar o a coaccionar a la población civil. Para distribuir propaganda, reclutar, elegir objetivos e incitar a la violencia, usan medios sociales; el FBI se toma en serio la amenaza de ese terrorismo doméstico.”
La agencia concluye que el terrorismo doméstico y crímenes de odio son amenazas serias y destinaba la prevención de ‘incidentes’ individuales o colectivos a sus Divisiones de Contraterrorismo y de Investigación Criminal. Sin embargo, las tragedias en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio) confirman que no es suficiente.
El índice de tiroteos en escuelas, iglesias, conciertos y plazas públicas, escala de forma alarmante en aquel país y lo coloca encima del índice de violencia de otros países desarrollados. La superpotencia tiene una tasa de 4.88 muertos por cada 100 mil habitantes –superior a Austria y Holanda– señala Naciones Unidas. Esa violencia no proviene de ‘locos’ sino que exhibe a una sociedad con serios problemas psicológicos y un enorme resentimiento social, advertía desde 2018 el analista cubano Sergio A. Gómez.
La convicción de que sus miembros están bajo ataque y que un amplio rango de enemigos –políticos liberales, musulmanes, mujeres, judíos, refugiados, negros, inmigrantes, mexicanos–, está en el epicentro de la ideología anglosajona nacionalista. Por décadas, las teorías de la conspiración, aderezadas con dramáticas estadísticas, los llevan a exigir al Estado “compromisos de seguridad” o salvaguarda. Cuando desde el poder del Estado se oxigena esa paranoia, el resultado es Crucius en Walmart de El Paso y Betts en el centro de Dayton.
Aunque en abril de 2018 el FBI creó la Célula de Atención al Terrorismo Doméstico-Crímenes de Odio para rastrear, contener y llevar a juicio a los extremistas sociales y este año fiscal se asignaron a inteligencia 59.9 mil millones de dólares (más 21.2 mil millones adicionales para Inteligencia militar), según la Asociación de Científicos Estadounidenses, el terrorismo interno aumenta y no se ve estrategia de combate. Tal vez tenga que ver el hecho de que hoy, como nunca antes, la xenofobia se promueve desde la Casa Blanca.
En su análisis geopolítico, el experto Jacob L. Shapiro afirma:
“La verdad es que Estados Unidos, como ningún otro país, monopoliza la violencia en su vida cotidiana. Basta ver cómo ha despojado del territorio a sus pueblos originarios y cómo sometió a la esclavitud de cientos de miles de africanos.”