Cristal Geopolítico

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La energía sostiene a la actual civilización. Una visión geopolítica del sector revela que ese rubro es vital para el orden mundial, trasciende lo económico y se transforma en política, relaciones internacionales, bienestar y seguridad. El simple análisis de las políticas energéticas de cada Estado revela los mecanismos de acceso al crudo, gas, electricidad, energía atómica, eólica o geotérmica y revela nivel de dependencia o autosuficiencia de los gobiernos. En un escenario convulso y cada vez más incierto, donde no repunta el precio de los hidrocarburos y se agudizan tensiones regionales, se celebró en Moscú la VI Cumbre Mundial de la Energía el pasado 4 de octubre.

Ahí, jefes de Estado y de Gobierno, funcionarios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de empresas estatales y multinacionales pasaron revista a los escenarios energéticos futuros. Entre las novedades se reconoció que los productores han sido disciplinados en cumplir sus metas de producción, tras abandonar la concepción de que deben competir entre sí. Para romper los mecanismos de especulación, que minan sus ingresos, Rusia, Arabia Saudita, Argelia, Irán, Venezuela apoyan una nueva gobernabilidad del mercado petrolero.

De igual modo, ha surgido la inédita asociación entre miembros de la OPEP y no miembros, en investigación, exploración, explotación, mercadeo y desarrollo de energías fósiles. Otros proponen nuevas canastas de monedas para comerciar en el mercado energético y sostienen: “Hay otro mundo, más allá de la banca occidental, más allá de los Estados Unidos, más allá del dólar”. A la vez, han denunciado la inequidad entre productores de energía por métodos no destructivos y los que usan el fracking. Es la eterna lucha entre energías “limpias” y de origen fósil mientras se apuesta por el desarrollo.

Rusia, el país anfitrión, es un caso singular. A fines de los años 90, cuando su economía y gobernabilidad tocaron fondo tras la desintegración de la Unión Soviética, las élites locales apostaron por la recuperación. 18 años después, Rusia es un gran actor energético mundial e influyente jugador en el tablero global. Europa sobrevive al gélido invierno, gracias al benévolo gas y crudo que le exportan Gazprom (50 por ciento en manos del Estado), Lukoil y Rosneft (sociedades anónimas), cuyos ingresos energéticos han dinamizado su economía interna y creado una amplia clase media.

Mientras eso ocurría, Estados Unidos inundaba el mercado con millones de barriles de crudo shale (producido por fracking), para poner de espaldas contra la pared a los miembros de la OPEP. Otra estrategia especuladora ruinosa fue el desplome mundial en el precio del crudo, a menos del 50 por ciento, en 2014. La economía de muchos países productores se desplomó (entre ellos, México, Venezuela y Rusia), que debieron pactar reducciones en la producción, en beneficio de los consumidores (China y sureste de Asia). Donald John Trump ofreció bajar el nivel de las regulaciones para el sector energético, y lo cumplió. En febrero eliminó las reglas que obligan a las petroleras a revelar sus pagos a Gobiernos extranjeros para obtener licencias, lo que especialistas citados por The Guardian calificaron de “regalo al lobby petrolero”.

Ejemplo del peso político de la energía es el logro del lobby petrolero multinacional que insertó en el gobierno estadounidense al ingeniero y exdirector de Exxon Mobil Corp., Rex Tillerson, como secretario de Estado. Recientemente se evidenció el poder de presión del sector al interior de la superpotencia, cuando cabilderos de las refinerías pidieron a Washington no interrumpir ese flujo de petróleo, pues dependen de él.  Firmas como Valero Energy Corp., Phillips 66 y Chevron Corp instaron a Tillerson y al secretario de Comercio, Wilbur Ross, a eximir de eventuales sanciones a las importaciones de crudo venezolano.

En contraste con el uso estratégico de la energía que hacen otros países, hace ya varias décadas que en México el petróleo y gas dejaron de ser asuntos de importancia geopolítica y de seguridad nacional. Hoy, no cesan de aumentar los precios de combustibles y energéticos para el consumidor, mientras la empresa estatal ha abdicado de su rol estratégico a mera gestora de concesiones a entes privados –nacionales y extranjeros‒ para explorar, explotar y comercializar la energía. Por ello hoy que millones de ciudadanos requieren de viviendas, servicios médicos, educativos y transportes eficientes derivados de la necesaria reconstrucción tras el desastre ocasionado por los terremotos, y cuando apremia la resuelta negociación de un plausible y digno Acuerdo de Libre Comercio del Norte (TLCAN) para ganar seguridad y desarrollo; la mirada se torna hacia el aún elevado potencial energético de nuestro país como fuente de financiamiento. Los estrategas políticos no ignoran que México debe seguir la matriz energética mundial, también vista como pilar para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

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En muchos sentidos, los grandes desastres son el pivote de reacomodos geopolíticos. De ahí que nazcan nuevas geografías político-sociales con elementos afectivos y algunos Estados deban reinventarse o reestructurar sus instituciones. El impacto geopolítico de los sismos del 7 y 19 de septiembre es multidimensional. De entrada, el Estado mexicano se enfrenta a una nueva realidad geofísica, cuyo urgente conocimiento y expresión exige recursos humanos y materiales de excelencia. Ya en su dimensión geoestratégica, los sismos muestran un país vulnerable en lo político y económico, al que los gigantescos costes de la reconstrucción frenarán su posibilidad de desarrollo, justo cuando negocia su relación estratégica con el veleidoso gobierno de la superpotencia mundial.

Si bien entre 2000 y 2012, la Federación enfrentó los efectos de huracanes, sequías y sismos, entonces disponía de suculentos ingresos petroleros pues el precio del barril superaba los 100 dólares. Así enfrentó pérdidas estimadas en 284,351 millones de pesos, que equivalían a más del presupuesto anual de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública. Hoy la situación es mala. La mezcla mexicana se cotiza a 49 dólares; hay desaceleración y crecen la inflación y la deuda pública mientras la relación exterior se complica. La difícil relación político-comercial con Washington ha llevado a los estrategas políticos a guiñarle el ojo a China, que responde y bien, así como a intentar recomponer la presencia mexicana en la región tras décadas de soberbio olvido. Ya se verá si esto funciona.

Es verdad que la onda expansiva post-calamidad impacta los cimientos políticos. En 1972 el devastador terremoto en Managua abonó el derrumbe de la dictadura de Anastasio Somoza, entre otras razones por los abusos del Ejército con la ayuda internacional. Haití, la nación más pobre del continente americano, vivió en 2010 un sismo que causó unos 200 mil muertos, incontables damnificados y un millón de huérfanos. Según expertos de Naciones Unidas, establecer en esa isla una economía sustentable requeriría unos 10 mil millones de dólares; meta casi imposible de alcanzar en un país con ingobernabilidad, subdesarrollo y pobreza endémicos. En tanto, escalaron la violencia, la emigración y la prostitución de menores.

Esas lecciones son muchas, valiosas y todas implican a la sociedad. En enero pasado la Escuela Kennedy de Harvard, acogió la conferencia “Recuperación Rápida tras Desastres: Estrategias, Tensiones y Obstáculos”, donde líderes comunitarios y funcionarios de todo el planeta compartieron experiencias. Una, fue la estrategia de trabajo conjunto con los residentes de Broadmoor, Riverview y St. Anthony en Nueva Orleans, para lograr su rápida recuperación tras los estragos que dejó el huracán Katrina en 2006. Así nació el modelo de ayuda Proyecto Broadmoor, cuya utilidad también se mostró en Chile en 2010, tras el gran sismo y tsunami.

En México, el terremoto de septiembre de 1985 marcó la aparición de la sociedad civil como nuevo concepto en la esfera pública. Entonces hizo crisis el pacto revolucionario entre sociedad y gobierno: “Ese sismo se volvió metáfora de un temblor político y social que transformó para siempre a la Ciudad de México, si no es que a todo el país”, ha estimado la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Alejandra Leal. La más que latente efervescencia social de los últimos años, que se manifiesta en todo su esplendor en redes sociales, ha brotado al revelarse la inoperancia ‒o falta‒ de una estructura de gestión de desastres en los Estados próximos a los epicentros sísmicos y de la Ciudad de México (CDMX).

Es paradójico que la dimensión sociopolítica de los sismos septembrinos en México se exprese en buenas noticias: 1) el logro ciudadano para influir en que los multimillonarios recursos de los partidos políticos se destinen a la reconstrucción nacional y, 2) en el rol ascendente de los llamados millennials, considerados cuasi-autistas hasta antes de los terremotos. Además, tal como hace 32 años, los heterogéneos habitantes de la CDMX han creado múltiples servicios de ayuda. Uno, que confirmaba la ubicación de edificios colapsados, centros de acopio, atención médica y cifras de víctimas, cuando la información oficial fluía a cuentagotas. En otra zona crítica, especialistas brindaban consuelo y orientación a damnificados o aterrados ciudadanos con su servicio “Orejas Amigas” y en otro punto, universitarios asesoraban jurídicamente a trabajadores a quienes sus empleadores obligaban a laborar en edificios dañados.

Y mientras las élites disputan espacios de poder hacia el 2018, en los ciudadanos prospera la idea de influir decisivamente para elegir presidente a quien garantice una economía ética, que tras la debacle natural procure el bienestar, progreso y les rinda cuentas. Así, la elección de julio próximo estará determinada por la forma en que se administre la actual emergencia. Mientras, los mexicanos de a pie están por la reinvención del Estado.

Construir nuevos contenidos políticos tras una debacle, anuncia un renacimiento geopolítico para este país.

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México ha sido colonia, imperio, reino, república y cada una de esas formas de organización política ha dejado su sello en la identidad de nuestro país. Para algunos analistas la independencia fue la esperada escisión de la metrópoli que buscaban las élites criollas; para otros, fue una revolución que trastocó los principios y valores del status quo. En todo caso, es de celebrar esa liberación lograda tras un proceso político y bélico que se tradujo en un reordenamiento geopolítico regional e internacional y que marcó la vocación pluripolar y cosmopolita del nuevo Estado. Repensar qué significa ser independiente, es sano a 107 años del inicio de esa gesta y ese es nuestro intento.

Más que malestar o el cansancio de un pueblo; mucho más que el valor y la simpatía popular que despierten los insurgentes, se necesita que coincidan varios factores geopolíticos para que la rebelión, guerrilla, movimiento independentista o revolución alcancen el triunfo. En el caso mexicano fueron: 1) La posición estratégica del territorio como puente entre el norte y sur de América, así como su gran riqueza; 2) la independencia de Estados Unidos, que en su juego de intereses necesitaba un Estado que no compitiera, así como vecinos débiles y 3) una España débil, pues tras ser ocupada por Napoleón Bonaparte perdió su calidad de potencia, como el doctor en derecho Juan José Mateos Santillán.

Tras consumar el proceso bélico por su independencia, el naciente México se posicionó como actor regional y global. Su enorme extensión y patrimonio se lo permitían. Ya avanzado el siglo XXI, cuando los intereses geopolíticos entre Occidente y Oriente, Norte y el Sur articulan sus relaciones político-militares y económicas, vale preguntar qué tan independientes somos. El Diccionario de la Real Academia Española (RAE), atribuye dos significados al vocablo independencia: a) Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro y b) Entereza, firmeza de carácter. Agregaría que la independencia es multidimensional; es decir, que se tiene independencia energética, hídrica, en biodiversidad, telecomunicaciones, minerales, producción agropecuaria, tecnológica y transporte, entre otras. Y esa plena soberanía no está reñida con la cooperación internacional bajo el principio de la reciprocidad.

Cuando un Estado exporta sus bienes para mantener su economía y desabastece al mercado interno, o necesita del exterior para extraer, producir y comercializar sus propios recursos ‒alimentos, por ejemplo‒ no es independiente. Sacrificar el futuro porque la interrelación con la superpotencia mundial es tan estrecha, que cualquier sacudida política o desbalance financiero y económico allá estremece los cimientos del sistema político-económico del México contemporáneo, es síntoma de gran vulnerabilidad. Así lo confirma el largo y sinuoso camino de los negociadores gubernamentales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para sus detractores, ese pacto es un foco rojo para la independencia alimentaria.

Y aportan datos: entre 2015 y 2016 México se convirtió en el principal comprador de maíz estadounidense. En abril pasado se importó grano equivalente al 34 por ciento de los 35 millones de toneladas que aquel país exporta mundialmente, advertía el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Tampoco se puede ser independiente si, como México, tiene a 50.6 por ciento de su población en pobreza con “ingreso inferior a la línea de bienestar”, como revela el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Tampoco es signo de soberanía, exportar hidrocarburos e importar 503 mil barriles diarios de gasolina regular (equivalente a la Magna y Premium) –60 por ciento de la demanda nacional– a 71.36 dólares por barril, como admite Petróleos Mexicanos.

Pero no hay que desanimarse. La independencia política, pura e inmaculada, es extraordinaria en una geopolítica de espacios controlados y territorios planificados en compleja coexistencia. Hoy, los Estados conviven con “nuevas tierras incógnitas que funcionan con lógica interna propia”, describe el geógrafo colombiano José Luis Cadena. ¿Cómo hablar de independencia cuando el sistema-mundo capitalista ‒situado en el norte‒, no logra sostener su Estado de Bienestar? Una respuesta optimista llega del centro y del sur con las economías emergentes: los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica‒, que avanzan en su recuperación política, económica y territorial y ponen al centro de su discurso a la independencia. Rusia, con el tablero geopolítico a su favor tras la magistral gestión de su riqueza energética; y China posicionada como segunda economía global. Con ese mundo en evolución de trasfondo, brindaremos este 15 de septiembre con los mexicanísimos tequila y mezcal. ¡Salud por un México independiente y con entereza! Por no ser tributarios ni depender de otros. Tenemos lo necesario para erradicar el hambre, la pobreza, el analfabetismo y la violencia.

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El racismo es geopolíticamente inverso a los intereses de sociedades y Estados. Ese violento rechazo “al otro” amenaza la estabilidad, embarga la igualdad y esfuma la libertad. Discriminar a afroamericanos, musulmanes, judíos, indígenas, católicos, asiáticos, mujeres, mexicanos y otras comunidades, es una forma de terrorismo incompatible con el mundo multipolar que se erige en el siglo XXI. Así lo ha entendido el puntero sector tecnológico que, paradójica y pragmáticamente, ha ideado medidas anti-racistas más efectivas que los Estados pseudo-democráticos.

El racismo interno trasciende fronteras y como impacto geopolítico indeseado, genera medidas de repudio (el boicot anti-apartheid en Sudáfrica o el retiro de inversiones). Sería el 12 de agosto, en Charlottesville, Virginia, cuando el mundo confirmaría la dimensión político-económica del racismo. Ese día, tras participar en una marcha de supremacistas, un manifestante neonazi arrolló con su auto a miembros de una contramarcha antirracista. El saldo fue la muerte de Heather Heyer de 32 años y 19 personas heridas. Se esperaba la tajante condena del presidente estadunidense, pero Donald John Trump sólo admitió que había “violencia y odio” en muchos lados. Luego, presionado por las críticas, el magnate condenó explícitamente al Ku Klux Klan, a neonazis, supremacistas blancos y otros grupos racistas. Pero un día después el empresario inmobiliario volvía a atribuir la violencia a “ambas partes” y defendía la concentración supremacista al sostener que ahí también había “muy buena gente”.

La actitud del mandatario causó una onda expansiva que llegó a Silicon Valley, corazón del mundo tecnológico estadounidense. Ante lo que consideraron la inmovilidad del Estado, las empresas que fabrican semiconductores y computadoras, que desarrollan software, proyectos en internet y lideran las tecnologías de la información, decidieron declarar la guerra al extremismo y los contenidos racistas. En su primera ofensiva, el sector –representado por el servidor GoDaddy, el gigante Google y el especialista en ciberataques Cloudfare‒, suspendió cuentas y expulsó a portales como The Daily Stormer (que ironizaba sobre la víctima atropellada). Facebook suprimió cuentas de supremacistas y neonazis, y Mark Zuckerberg anunció que vigilaría a quienes se congregan bajo el lema “Unamos a la derecha”.

En otro campo de batalla, Apple Pay y Paypal clausuraron cuentas de portales extremistas para restarles ingresos y medios de pago. Otro golpe fue el retiro de apoyos, por la plataforma de financiamiento GoFundMe, al presunto atacante de Charlottesville, James AlexFiels Jr. Y, para cerrar la acometida, aplicaciones como Spotify prohibieron difundir música que incite a la violencia racial o de otro tipo.

Esa respuesta de las corporaciones tecnológicas sumó a otros sectores, que admiten los beneficios que les reporta tener una plantilla multiétnica. De ahí que, en abierta oposición al presidente estadounidense, esas firmas decidieron hacer público que financiarán a organizaciones antirracistas. El jefe ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, anunció que, para evitar que prosiga la división de EE.UU. por causas raciales, donará 2.05 millones de dólares (500 mil dólares a la Liga Antidifamación, ADL), otro tanto al célebre Centro Legal de Pobreza del Sur (SPLC, en inglés), 50 mil a la comunidad de Charlottesville y un millón a otros grupos de derechos civiles. El consejero delegado de Apple, Tim Cook, también ofreció un millón de dólares a ADL, otro al SPLC y una cifra por definir a grupos contra la intolerancia.

Ese espíritu solidario llegó al cine; el director de la 21st Century Fox –e hijo del magnate de las telecomunicaciones Rupert Murdoch‒ donará un millón a la ADL. Se le sumó la hotelera MGM Resortis, que también financiaría al Consejo de Relaciones Americanas e Islámicas. Esa guerra corporativa contra el racismo avanza en un país donde en 1999 había unos 450 grupos de odio, que en 2009 ya eran 950 y hoy suman unos 1,250 según el SPLC. En Estados Unidos, en 2016, los grupos anti-musulmanes se triplicaron ante las cifras de 2015 y los crímenes de odio se multiplicaron.

Sin embargo, la organización defensora de derechos digitales The Electronic Frontier Foundation (EFF) ha calificado de “peligrosas” a largo plazo las acciones de las firmas tecnológicas. EFF advierte que “cada vez que se saca de la red a un sitio neonazi, las empresas toman miles de decisiones invisibles sin supervisión y menos transparencia”. En Estados Unidos y el mundo sube de tono el debate sobre la libertad de expresión, igual que la auto-victimización de los racistas. Es sano descubrir quiénes son los racistas y sus intereses, cuál el alcance y responsabilidad de la libre expresión y hasta dónde el capital corporativo mantendrá su pragmatismo. Ese debate es urgente y necesario para los mexicanos que hemos sentido cuán profundo cala la violenta xenófoba.

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Muy pocos conocen las historias que narran los mapas: ésta es una de ellas. Por siglos, un pequeño punto en la cartografía marcó la más norteña frontera marítima de México: era la Isla Bermeja. Se la veía claramente arriba al oeste del arrecife Alacranes, al norte de la península de Yucatán en el Golfo de México; situada en los 22º 33’ latitud norte y los 91º, 22’ longitud oeste. Hoy, sin embargo, esa isla o desapareció o es un mito. En 1978 ya no se la consideró en la redacción del Tratado Sobre Límites Marítimos con Estados Unidos, aunque en el 2000 su existencia y ubicación sí se consideró clave en la negociación del Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la región occidental del Golfo de México.

Con la Bermeja como referencia, la geopolítica de México habría definido su frontera marítima más al norte y controlaría más territorio en los dos “Hoyos de dona” cuyos yacimientos transfronterizos alojan, se estima, unos 22 mil 500 millones de barriles de petróleo. Esos veneros de hidrocarburos submarinos se extienden –en los llamados polígonos‒ en mares territoriales de México, Estados Unidos y Cuba: el occidental, frente a costas de Tamaulipas y Texas y el oriental, frente a costas de Yucatán, Nueva Orleans y Cuba. Desafortunadamente, la Bermeja fue elusiva y no se dejó ver. Por ello, a México sólo le correspondieron yacimientos muy profundos (con tirantes de agua entre 1,200 m y 3,200 m). En cambio, Estados Unidos ganó acceso a petróleo en aguas someras.

En pleno siglo XXI la geopolítica del petróleo y el gas rediseñan la geografía y la política global. De ahí que la importancia estratégica de esa isla radicara en la riqueza energética que guarda el fondo del mar mexicano. Hace más de 12 años, se dio la feliz cofradía de académicos y legisladores nacionalistas con esta curiosa global, para seguir el rastro de la Bermeja. En esa pesquisa constaté que aparecía en mapas de navegantes y geógrafos de los siglos XVII al XX. Se la ve clara y rozagante en el mapa Amerique Septentrionale, de H. Iaillot (1694) cuyo original reposa en la Biblioteca Nacional de París; en el mapa de John Ogilby (1671) en Londres, en el Americae Sive Novi Orbis Nova Descripto de Abrahams Ortelio (1854), la vi en el mural del auditorio de la Sociedad Mexicana de  Geografía y Estadística, se enlista en el Atlas Geográfico de la República Mexicana de la Secretaría de Agricultura y Fomento (1919-1921), y en el Atlas Cartográfico del INEGI (1988) y en la Cartografía Histórica de las Islas Mexicanas (1992), entre muchos otros. ¡Múltiples referencias para un fantasma!

Sería inexacto afirmar que el Estado no ha buscado a la Bermeja. En septiembre de 1977 hubo una primera expedición para certificar su existencia, a bordo del buque japonés de investigación pesquera Onjuku y al mando del contralmirante C.G. Dem. Dtor. Néstor Yee Amador. En su informe al Subsecretario de Marina, el oficial refiere que “se hizo barrido hidroacústico con resultado negativo” en las coordenadas: latitud 22º 33’, longitud 91º 22’ oeste y latitud 24º 05’, con longitud 89º 40’. Sin embargo, admite que la capacidad tecnológica del navío no era suficiente para realizar con eficiencia la tarea asignada. En 2009, concluyeron sin éxito: una segunda expedición a bordo del buque Justo Sierra de la UNAM y meses después una tercera en el buque Río Tuxpan. Ese mismo año, estudios de los institutos de Geografía y de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM dictaminaron que no existía tal isla “en las coordenadas establecidas en cartas oceanográficas de los siglos XVI y XVIII”. No obstante, no descartaban que estuviese en otras coordenadas o que su desaparición se explicara por un deslizamiento geológico.

Si por su naturaleza coralífera la isla hubiese sido minada por el oleaje, y si en el subsuelo subsistieran algunos mojones o rastros, servirían para efectos del derecho internacional conforme a la III Conferencia sobre Derechos del Mar de Naciones Unidas. Mientras algunos académicos sostienen esa posibilidad para defender el interés de México, otros le niegan a la Bermeja hasta su carácter de isla y la han reducido a “islote” o “peñasco”. No faltan las teorías conspiratorias sobre esa porción de tierra; como que fue “dinamitada” por la Agencia Central de Inteligencia o que reapareció y se hundió. Pese a que para muchos es un lugar mítico y casi fantasmal, hoy la Bermeja es tan célebre que tiene su propia referencia en “Wikipedia”, cíclicamente científicos y medios extranjeros reviven su importancia al actualizar sus pesquisas con nuestros especialistas.

Tal vez ahora que la participación de firmas extranjeras en el sector energético mexicano ha localizado yacimientos que el Estado consideraba inexistentes o agotados, por ahí emerja algún mojón coralífero de la veleidosa Bermeja.

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La gobernabilidad parece tener un pie en la transparencia y otro en el secretismo. Esa premisa se aplicaría por igual a la superpotencia global, México, Rusia, Indonesia o Zimbabwe, entre otros. Para garantizar la rendición de cuentas existiría la vocería presidencial, cargo que implica privilegios y desafíos. Y es que no debe ser fácil hablar por otros o expresar lo que no se quiere; los mexicanos hemos visto a voceros que, al intentar enmendar los entuertos de sus jefes, los complicaban con frases como: “Lo que el Presidente quiso decir es…”. El tema cobra interés tras la dimisión del Jefe de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, opuesto a la designación del financiero Anthony Scaramucci como nuevo Director de Comunicaciones.

Según el vocero, ello añadiría “confusión e incertidumbre” sobre quién maneja las relaciones públicas del presidente estadounidense. No obstante, en los pasillos de la casona del No. 1600 de Pennsylvania Avenue, se murmura que la renuncia descubre una Casa Blanca dividida por las intrigas. Se afirma que Ivanka Trump, su marido Jared Kuschner ‒feroz crítico de Spicer‒ y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, respaldaron la designación de Scaramucci. Su misión será frenar las filtraciones que, se sospecha, proceden del Jefe de Staff de la Casa Blanca y exlíder del Comité Nacional Republicano, Priebus Priebus. Sin embargo, éste es un momento inoportuno para que Donald John Trump pierda un portavoz: fracasó su plan de hundir el Obamacare, su hijo y yerno han debido testificar ante el Senado por el Russiagate y las encuestas le dan menos del 40 por ciento de aprobación.

Volvamos a Sean Spicer, de 45 años, cuyo trabajo era transmitir una imagen veraz y confiable de su jefe. Sin embargo, por 183 días y 58 conferencias de prensa mintió con tal desparpajo que sus detractores lo acusaban de haber vendido su alma en beneficio de un inestable e inadecuado presidente. Sus desaciertos más sonados incluyen su versión engañosa de la cantidad de asistentes a la toma de posesión de Trump; él afirmó: “Ésta fue la mayor audiencia que jamás haya presenciado una toma de posesión”. Pero la prensa –hostigada por el mandatario y a su vez hostil con Spicer‒ divulgó imágenes que evidenciaban que, en la toma de posesión de Obama en 2009, la audiencia fue muy superior. Para contener la escalada de sarcasmos contra el vocero, debió salir en ayuda la consejera de la Casa Blanca Kellyanne Conway, y decir que él no había mentido sino que “dio datos alternativos sobre la realidad”. En abril, al denostar al presidente sirio, Spicer expresó que ni siquiera “alguien tan despreciable como Adolfo Hitler cayó tan bajo como para emplear armas químicas”. Esa afirmación lastimó la sensibilidad de la comunidad judía que exigió su renuncia; sólo entonces el locuaz portavoz admitió que su comentario fue “un error”.

Incontenible en su arrogancia, el hombre que debía atender a la prensa peleó con los periodistas que cuestionaban su versión de la realidad. Es célebre su encontronazo con April Ryan ‒quien le preguntó cómo planeaba Trump limpiar su imagen tras los informes de sus vínculos con Rusia‒. También se confrontó con Jim Acosta de CNN porque cuestionó el intento de censura de la Casa Blanca y eludió a Hallie Jackson de MSNBC cuando le pidió que explicara si Trump grababa o no sus reuniones con funcionarios. Esos desatinos lo hicieron blanco de escarnio en redes sociales, cita Erin Gloria Ryan en The New York Times. Es obvio que habrá un rediseño en la política de comunicación de Donald John Trump, también es cierto que él no modificará un ápice su conducta en general ni con los medios en particular. De ahí que hoy los estadounidenses se pregunten: y ahora “¿quién nos mentirá?”.

Y mientras Sara Huckabee-Sanders, la sucesora de Spicer, perfecciona el arte de no informar, también de Washington se sabe que los secretos gubernamentales son noticia. El Informe Anual 2016 para el Presidente de la Oficina de Vigilancia de Información de Seguridad (ISOO, en inglés), difundido en julio pasado, sostiene que en 2016 las agencias oficiales “sólo clasificaron 39,240 secretos”. Es decir, fue el año con menos secretos de seguridad nacional reportados; antes lo fue 2014 con 46,800 archivos; ambos muy lejos de los 230 mil secretos que se clasificaban hace una década. Y aunque el secretismo pareciera ir a la baja, clasificar los secretos del gobierno les costó a los contribuyentes unos 16,89 mil millones de dólares el año fiscal 2016, refiere el experto en secretismo gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses, Steven Aftergood.

En México se soslaya la importancia geopolítica, política e histórica de los secretos oficiales. Poco se atiende que cada vez más miles de archivos gubernamentales se clasifican como “reservados” y su acceso se bloquea hasta por 12 años, renovables a criterio del clasificador. Pero ésa, claro, es otra historia.

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Sophia habla, se mueve e interactúa: inclina la cabeza si se le acercan demasiado, y su piel está dotada de tacto hiperrealista, frunce el entrecejo cuando no comprende una pregunta y reacciona a las bromas. Es posible que este software de inteligencia artificial, montado en estructura de androide, sueñe con ser tan inteligente como los seres humanos. La idea es que yo sea cada vez más lista; trabajando con humanos aprendo qué significa ser una persona, expresaba la autómata en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), en Ginebra, Suiza el pasado junio. Construir a Sophia le llevó tres décadas de investigación y al doctor en artes interactivas e ingeniero por la Universidad de Texas, David Hanson.

Sophia es producto de la Inteligencia Artificial (IA), una rama de las ciencias de la computación y de las tecnologías de la información, que usa software y hardware para simular el comportamiento y comprensión humanos. Hace décadas que en México convivimos con sistemas semiautónomos incorporados a la industria, transporte, telecomunicaciones y medicina. También, estamos familiarizados con robots multifuncionales y vehículos aéreos no tripulados (drones). Por tanto, muchos en el planeta nos hemos beneficiado del “trabajo” o servicios que realizan esos sistemas, de ahí que consideremos que no nos será ajeno convivir con ciborgs, autómatas y androides en un futuro próximo.

Sin embargo, ciertos científicos temen que esa inteligencia iguale o rebase a la humana y les inquieta saber hasta dónde será posible controlar ese proceso. Una de las voces más influyentes en esa tecnología, el doctor taiwanés Kai Fu Lee, advierte que estamos ante “una revolución inimaginable” que impacta en nuestro modo de vida por el uso creciente de IA cada vez más perfeccionada. Lee, también director de Sinovation Ventures, puntualiza que la creciente actividad de la IA en ámbitos cada vez más amplios, dará una nueva forma al significado del trabajo y al mismo proceso de generación de riqueza.

Tal escenario alteraría la actual estructura de poder político y profundizaría la brecha económica entre naciones, personas y organizaciones, estima a su vez el director de la Academia Sinica Europaea, David Gosset. Y si bien esto tardará décadas en llegar, urge que Gobiernos y organizaciones anticipen reacciones posibles ante la llamada “fractura digital”; es decir, que mientras un pequeño segmento de la sociedad maneja y se beneficia del aumento de algoritmos de la AI y los llamados big data, la mitad de la población mundial aún no tiene acceso a internet.

Desde una perspectiva geopolítica, el análisis de los efectos sociales y políticos de la IA anticipa riesgos de inequidad internacional sin precedentes. En los países industrializados ya hay un claro debate sobre el efecto de la Inteligencia Artificial en las relaciones China-Occidente y, en particular, entre Beijing-Washington que es el mayor determinante en el orden internacional actual. Si por décadas, las armas nucleares fueron el símbolo dramático de la Guerra Fría, hoy los analistas consideran que la Inteligencia Artificial será la marca del antagonismo estratégico sino-occidental del siglo XXI.

Para conocer ese y otros efectos, Gosset propone crear una Agencia Internacional de Inteligencia Artificial, inspirada en el modelo de cooperación de la Agencia Internacional de Energía. Desafortunadamente, en México prácticamente están ausentes del debate público las implicaciones geopolíticas de la también llamada, Cuarta Revolución Industrial.

Y es que, a diferencia de la Revolución Industrial y la llamada Revolución de las Computadoras, la Revolución de la Inteligencia Artificial implica la supresión de empleos a gran escala; sobre todo los mal pagados. En contraste, reportará colosales ganancias a las empresas que posean esa tecnología. Del riesgo y ventajas de la IA en el periodismo ya hablaremos en otra ocasión.

¿Qué hacer? Algunos proponen re-capacitar a las personas en riesgo de perder sus empleos, en tareas ajenas al ámbito de la IA como en: pensamiento multidisciplinario (abogados litigantes), profesionales que interactúen con personas, trabajadores sociales y voluntarios. Pero ese proceso requerirá más inversión pública y, por tanto, más impuestos.

El presupuesto mexicano, dedicado en su mayoría al pago de servicios y nóminas, es absolutamente deficitario en inversión en educación, ciencia y tecnología. Si los estrategas políticos no invierten de forma apremiante en el futuro, esta Revolución de la Inteligencia Artificial sobrepasará a México. Y ése, es un riesgo que no puede ni debe correr la sociedad.

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Es paradójico que en el siglo XXI sea difícil asegurar que existe un libre comercio global. La histórica disputa entre Estados por materias primas, mercados, rutas, menores costos de producción y mano de obra casi regalada, se ha intentado zanjar con instituciones que regulen y promuevan el libre intercambio de bienes y servicios como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Organización Mundial de Comercio. No obstante, hace 55 años ‒desde febrero de 1962‒, Estados Unidos bloquea todo comercio con Cuba y hace unas semanas la Unión Europea (UE) impuso nuevas sanciones comerciales a Rusia. Además, las restricciones contra Irán que Obama comenzó a relajar fueron reforzadas por Donald John Trump, quien también arrinconó a México con la renegociación de facto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Tras esos vuelcos, lejos del escrutinio público, está el fortalecimiento de las corporaciones mediante fusiones multimillonarias (vrg.: Monsanto –el mayor productor mundial de organismos genéticamente modificados‒ y el gigante químico-farmacéutico Bayer), que concretan monopolios y aumentan su poder. Son ellas las beneficiarias de los pactos de “libre comercio” (TLC’s) y Alianzas de Asociación Estratégica binacionales y regionales, que eventualmente traspasan el ámbito económico-comercial y trascienden hasta lo político-social (pues abarcan energía, telecomunicaciones, normas laborales, patentes, salud –temas de bioética y genética‒, agricultura, entre otros).

Los detractores de esos acuerdos denuncian la injerencia de esas corporaciones en la política interna de los Estados miembros, su secretismo y competencia desleal con la producción nacional. Afirman que el miembro más vulnerable de la alianza aumenta sus importaciones –no siempre por bienes de buena calidad‒ y desmantela su planta productiva.

Para romper esa estructura corporativa desigual, ha surgido una red de alternativas multipolares con iniciativas que desafían la inequidad del “libre mercado”, acordes a historia y naturaleza de sus respectivas regiones. Y ahí están: el proyecto de integración económico-comercial-financiera del Mercado Común del Sur (Mercosur), el intercambio comercial-bancario entre las economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), así como el bloque euroasiático que lideran China y Rusia. Esas visiones coinciden en que bajo el modelo neoliberal el comercio sólo es garante de los oligopolios, de sus leyes y tribunales extraterritoriales. Es decir, se impide todo intercambio equitativo y, por ende, la esencia de las relaciones internacionales.

México es el país con más TLC’s firmados (40), con regiones y países del mundo sólo entre 1994 y 2015. Para los expertos, el peor es el firmado con Israel pues apenas se exporta 0.03 y recibe de los hebreos una marginal inversión extranjera directa. En su balance los críticos del TLCAN ven a un México desindustrializado, con un sector rural desmantelado, acentuada dependencia alimentaria, dominio extranjero en el sector agropecuario, sin autonomía tecnológica, alto desempleo y bajísimo crecimiento. Para sus defensores, ese pacto ha aumentado la capacidad exportadora del país en el sector minero, automotriz, abarrotes (cerveza y tequila) y textil. La exportación agropecuaria supera a la energética; al menos en 2016 la venta de aguacate fresco generó más divisas ‒2,227 millones de dólares‒ que la de petróleo ‒17,491 millones de dólares‒, según cifras del Sistema de Información Arancelaria. En cambio, el bimestre mayo-junio fue el más alto en precio del aguacate al consumidor mexicano: 80 pesos el kilo.

A fines de junio, en The New York Times, Clifford Krauss y Azam Ahmed advertían que la ruptura del TLCAN causaría “una catástrofe en el mercado energético”. Y es que pese a ser productor de ese energético, México tiene gran dependencia del suministro de gas natural desde Estados Unidos. Algo está mal cuando la economía de un Estado se sustenta en la exportación de sus recursos estratégicos, materias primas y alimentos mientras importa bienes producidos a partir de sus exportaciones. Es un error de cálculo, que ya impacta en la estructura político-social del Estado, propiciar el desabasto interno y renunciar a una planta industrial que impulse el desarrollo.

También se cuestiona el secretismo que rodea a los TLC’s. Cabe citar que en los últimos tres días de junio hubo audiencias en Estados Unidos sobre la reforma al TLCAN con respecto a México. Ahí, empresas, ciudadanos, legisladores y grupos de presión (lobbies) presentaron sus principales puntos de interés a renegociar. En contraste, no sería aventurado afirmar que la mayoría de mexicanos carece de información veraz y suficiente de los puntos rojos y aspectos cruciales de esa renegociación. Mientras la élite político-empresarial defiende sus intereses en el diálogo bilateral, a millones de ciudadanos se les escatima el derecho a la información sobre ese proceso que habrá de definir su porvenir en el futuro cercano. Eso, estimados lectores, también es geopolítica.