De Economía Varia

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Después del acuerdo de la semana pasada de la Unión Europea (UE), que teóricamente debería significar un nuevo tratado, magnificado en materia de integración y disciplina fiscal de casi todos sus miembros, cualquiera hubiera esperado que los “mercados” reaccionaran positivamente. Sin embargo, el hecho es que las bolsas comenzaron la semana con grandes pérdidas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró insuficiente el acuerdo y el presidente Barack Obama estimó que el tema de urgencia no se había realmente abordado. En este entorno, es evidente que hay dos visiones y posiciones; la optimista y la pesimista, sobre el futuro inmediato de la crisis europea. Por simple lógica es posible decir que la visión optimista únicamente puede surgir y ser valedera después de haber atendido y derrotado a la visión pesimista. Sea la visión que se asuma, objetivamente o con fe, ante los acontecimientos europeos de este fin de año lo que resta decir es que Europa va y va.  La pregunta, en todo caso, sería ¿hacia dónde va?

Desde mediados del año que termina, El Semanario Sin Límites ha abordado sistemáticamente el tema de la crisis europea, tal como consta en su revista semanal. Obviamente, la cuestión original que se documentó fue el rescate de Grecia, porque era el principal tema de la agenda europea; tema que como contagio se amplió hacia España. Era, además, el tema porque todo dejaba indicar que por primera vez la UE había dado un golpe de timón que, como en el comunicado oficial se señaló, evitaría el chantaje de las calificadoras y, por ende, de los mercados.

Además, con el rescate oficial griego se enunció que se pondría en marcha un equivalente Plan Marshall, que en su momento permitió la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El tiempo demostró que tales compromisos fueron vanos, estando pendiente hasta muy recientemente el último tramo de apoyo a Grecia convenido en 2010.

Desde el surgimiento de los problemas de la deuda española, tal como los analistas y otras fuentes internacionales lo avizoraron, en El Semanario Sin Límites también se anunció el riesgo que presentaba ya Italia, especialmente por el embate y apreciación de las calificadoras sobre su deuda y gasto público. En uno de sus artículos, la revista presentó artículos relativos a la Bolsa y de la influencia que sobre ella tienen las calificadoras, sin dejar de enfatizar la duda sobre la racionalidad económica que implica el comportamiento de los “agentes” de la bolsa, calificada por Keynes como un concurso de belleza (beauty contest).

El Semanario Sin Límites tuvo también la atingencia de indicar oportunamente que el problema de la deuda soberana de la UE estaría indefectiblemente vinculado a los bancos y a la necesidad de su capitalización que enfrentarían en el corto plazo. Esta observación se enfatizó aún después de la pruebas de resistencia del mes de septiembre, que demostraron supuestamente la sanidad financiera de los grandes bancos europeos globales. Así, se argumentó que la crisis bancaria europea, negada aún por el ruido mediático internacional, podría ser un tsunami de graves consecuencias de contagio para la economía a escala mundial.

Con bastante certeza, en El Semanario Sin Límites se señaló igualmente que los bancos por su aversión al riesgo contraerían más el mercado de préstamos, que se agudizaría por el retiro de los fondos de inversión de EU, contribuyendo todo ello a deprimir fuertemente la economía del Viejo Continente. Se dijo que en el proceso de un círculo vicioso, las crisis de deuda, la bancaria y la económica terminarían por retroalimentarse a sí mismas, creando un contagio sistémico en donde el euro podría ser el eslabón más débil (weakest link) de una cadena que parece interminable.

La visión aparentemente pesimista que se plasmó en esta publicación se fue tornando aceptable conforme las decisiones institucionales –el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo (BCE), Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), entre otros– fueron anunciando y reiterando sus medidas para enfrentar la crisis, que no lograban ni siquiera paliarla. Esto en un contexto en el que las dos potencias dominantes sobre las decisiones anticrisis, Francia y Alemania, se negaban sistemáticamente a aceptar medidas no ortodoxas o fuera de la bitácora establecida para la operación de la UE, especialmente en materia del BCE como prestamista de última instancia.

Finalmente, en la víspera de “la reunión” de la UE de la semana pasada, en El Semanario Sin Límites se arguyó que ante la visión pesimista de los mercados sobre el euro y de ciertos analistas de gran renombre en “en ese proceso (fallido de toma de decisiones y de falta de acciones) se sigue desperdiciando el capital de la UE y urgiendo por más recursos para la banca que al final saldrán de su propio cofre, o al menos así serán garantizados”.  Los eventos económicos de esta semana que se terminó, por desgracia, parecen reconfirmar tal apreciación.

Sin embargo, tales acontecimientos se dieron en una situación institucional de tres vertientes adversas para la posible estabilidad europea y de la economía mundial. En primer lugar, el FMI, en voz de su economista en jefe, Olivier Blanchard, exteriorizó que los acuerdos alcanzados en la UE todavía no eran la solución, aunque reconoció el optimismo despertado sobre la mayor integración económica acordada (El País, 12 de diciembre). En el mismo sentido, la directora gerente de ese organismo financiero internacional, Christine Lagarde, el jueves 15 declaró que era insuficiente lo pactado para atender la crisis europea.

En segundo lugar, la percepción presidencial norteamericana fue adversa a los resultados de la reunión porque, se dijo, no se había atendido con prontitud y de manera focalizada el problema de la UE, que implica esencialmente un elevado costo de la deuda soberana, la necesidad de capitalización de los bancos y el interés de asegurar la sobrevivencia del Euro.

En tercer lugar, el mismo día 14, las calificadoras redujeron su apreciación sobre bancos, particularmente españoles, y el gobierno francés las confrontó ante la perspectiva de que su calificación sea reducida, señalándolas negativamente por actuar más políticamente que con fundamentos económicos y financieros. Sorprendentemente, se indicó que se debería degradar al Reino Unido antes que a Francia, argumentando su mayor nivel de deuda, déficit fiscal y crecimiento económico.

En esta ambiente, la posición del primer ministro británico, David Cameron, de vetar el acuerdo de mayor integración económica y fiscal de 26 de los 27 países de la UE, pareciera la antesala de la fractura institucional de esa organización.  En esencia el rechazo británico, obviado por la prensa, fue pedir más atribuciones en materia financiera para prevenir una afectación fiscal y de regulación a la City, de Londres; uno de los mayores centros financieros del mundo. Además, el punto de vista francés de que primero se degrade de calificación del Reino Unido antes que el país galo, parece una opinión desesperada para evitar que el fuego de los mercados comience a llegar a los aparejos de esa economía estructuralmente tan rígida.

Pero ya es tarde para seguir confrontándose con las calificadoras, cuando éstas han amenazado degradar a la misma UE, o al menos a una de sus instituciones, el FEEF; mismo que debería tener todo el capital público y la credibilidad para mantener en buen resguardo la fortaleza monetaria del bloque.

Las acciones para el cambio estructural de la UE son válidas y necesarias, pero son medidas en lo general ya antes acordadas, como es el tope de 3% del déficit público, que Alemania y Francia reiteradamente violaron a mediados de la década del 2000. Igualmente, las acciones que se reiteraron son las mismas que no han funcionado, aunque con ellas se espere ingenuamente con insistencia lograr resultados diferentes. Europa necesita nuevas ideas y acciones más prontas. El 2012 será un año de elevados vencimientos de deuda, tanto para la banca europea como para la UE, esperamos que haya las fuentes, los recursos y la confianza para que lo transitemos objetiva y optimistamente de la mejor manera. Allá y acá.

Ojala no se llegue al límite de reconocer que donde hay humo fuego hubo.  Lo positivo de la crisis europea es que parece haber llegado al límite de la tensión social y económica para cambiar de rumbo, o que el resto del mundo pueda haber ya aprendido que no se puede apagar un incendio con más combustible. Mientras tanto, Europa va
y va.

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La Compañía Federal de Electricidad (CFE) ha estado en la palestra nacional de manera aguda en los últimos años, por asumir los servicios que prestaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), los señalamientos internacionales y nacionales sobre la corrupción en los que se han visto involucrados sus funcionarios, y por el aumento, en muchos casos desmedidos, de las tarifas de consumo eléctrico.  En este último caso, ha generado afectaciones severas a los consumidores finales del servicio eléctrico del país.

Por todo ello, la CFE ha sido cuestionada en su pertinencia operativa y la calidad del servicio que presta. Esto último en un ambiente oficial en el que se le festina como una “Empresa de Clase Mundial”.

El pasado 16 de noviembre, la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores citó a Antonio Vivanco Casamadrid, director general de la CFE, a una reunión ordinaria para abordar, además de explicar las causas y consecuencias del apagón ocurrido el pasado 6 de septiembre en Baja California, “La revisión de las causas de los cobros excesivos que se han ido realizando a los consumidores de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad en todo el país, particularmente en la zona centro, después de la extinción de la empresa Luz y Fuerza, por el Decreto Presidencial, del pasado 11 de octubre del 2009.”

En este contexto, el director de la CFE reconoció que la empresa había recibido hasta 6.8 millones de llamadas telefónicas, sin poder precisar cuántas fueron sobre reclamos de los consumidores por habérseles elevado el monto de la facturación bimestral.  Al respecto, un senador indicó, según versión estenográfica, que “de acuerdo a las estadísticas de la Comisión, de cada mil personas se inconforman 4.51 de ellas, lo cual se traduce que en un año se quejan más de 4560 mil personas […]”.

Por esta razón, el volumen de reclamos sobre facturación ha hecho que la CFE cree grupos especiales de atención a los consumidores, de acuerdo a lo señalado por el propio director general.  A pesar de ello, el problema de inconformidad de los consumidores parece no menguar, especialmente en la zona central del país, que anteriormente era atendida por LyFC.

La solución inicial al problema es el cobro mensual
del consumo de energía eléctrica de acuerdo a lo realmente consumido (…) Algo simple y sencillo
que, sin ser de clase mundial, si es de la clase de sentido común, que tanta falta hace a nuestra burocracia ilustrada.

Por otro lado, leer un recibo de luz es casi un esfuerzo intelectual de ciencia de cohetes, a pesar de que ya han sido simplificados, por lo que se ha comprometido Vivanco Casamadrid a tratar de hacer el recibo mucho más “amistoso” (friendly) y claro, según indicó ante los miembros de la Comisión de Energía del Senado.

Entre otros problemas sobre la información y transparencia de los recibos de luz, uno de los que resulta más importante es que la CFE cobra bimestralmente a los usuarios de acuerdo al promedio de consumo de los últimos meses. Esta práctica de cobro hace que la factura no corresponda necesariamente al consumo real que se efectúa. En todo caso, asumiendo una acertada medición del consumo, lo que hace la CFE es penalizar muy a posteriori el mayor consumo de energía en el que se hubiese incurrido.

Otro problema, en el mismo sentido, es la determinación de los niveles de consumo asociados a las tarifas de cobro establecidas, que pueden ser arbitrarias, según el consumidor.

Hasta donde se entiende, hay cuotas mensuales de cobro que van de la “A” a la “F”, que varían según sea verano o invierno y que a su vez tienen tres niveles: básico, intermedio y excedente. Ello, independientemente de que hay tarifas específicas, dentro de las que la CFE identifica las domésticas y las domésticas de alto consumo.

Ante tan variada gama de alternativas de posible cobro, todo indica que sustentar un reclamo sobre el mismo por el consumidor doméstico es casi una misión imposible. Este tipo de consumidor constituye 30 millones de clientes, que representan el 88% de los usuarios, y que facturan el 21% del total de ingresos de la CFE. Por ello, en los últimos dos años se ha agudizado el reclamo de la ciudadanía sobre las altas tarifas que les impone la paraestatal.

Tal situación ha llegado a un descontento social permanentemente difundido, inclusive, en medios de comunicación. Para miles de hogares la factura de energía eléctrica, identificada como “recibo de la luz” en México, ha llegado a pasar de cientos a miles de pesos, particularmente en la zona metropolitana.

La solución inicial al problema es el cobro mensual del consumo de energía eléctrica de acuerdo a lo realmente consumido. Esto ajustado a niveles escalonados de consumo, con lo que el precio o tarifa del consumo unitario sería mayor conforme se consuma más energía eléctrica. Algo simple y sencillo que, sin ser de clase mundial, si es de la clase de sentido común, que tanta falta hace a nuestra burocracia ilustrada.

Otro tema de queja es el cálculo arbitrario del nivel de consumo por descomposturas de medidores o de tardía instalación de los mismos, cuya consecuencia son los cortes del servicio eléctrico, sobre todo en días “sensibles”, como los de antes de vacaciones o festividades, que más pareciera orientarse hacia un “castigo ejemplar” para el consumidor, finalmente indefenso, que a una simple relación comercial convencional.

A esta situación de afectación del servicio directo al consumidor final, se agrega la disrupción que la CFE genera de otros servicios colaterales, como son el alumbrado público; el servicio de agua potable, proporcionado por empresas municipales o estatales; los servicios de carácter público suministrados por entidades privadas, como el servicio médico, entre otros más.  Este tipo de disrupción también ha generado tensión entre la CFE y sus clientes no domésticos, particularmente por el cobro excesivo de sus servicios.

En una situación y apreciación de baja eficiencia y de elevadas tarifas, el consumidor queda indefenso en el ámbito monopolístico de una empresa pública, que le obliga a pagar previamente la factura impugnada antes de iniciar revisión alguna.

En una situación y apreciación de baja eficiencia y de elevadas tarifas, el consumidor queda indefenso en el ámbito monopolístico de una empresa pública, que le obliga a pagar previamente la factura impugnada antes de iniciar revisión alguna.

Frente a la capacidad ociosa de generación, es decir de mayor oferta que demanda, cualquiera se pregunta por qué no se deja operar relativamente al mercado, para que, en bien del consumidor las tarifas y costo unitario de energía eléctrica, los productores sean beneficiados.

En contraste, ante el cuestionamiento de la eficiencia operativa de la CFE y su compra de energía, su director general pondera la pretensión cada vez más modernizada de cobro del servicio. Ojalá que con esa misma prestancia de factible innovación fuese la calidad de los servicios que brinda la paraestatal, especialmente en bien del consumidor. Ojalá también así cuidara la CFE su patrimonio, que tanto es menguado por el apetito de sus funcionarios.

El hecho de “cortar la luz” a un ciudadano es un acto vandálico. Y el consumidor en ese ámbito monopolístico se exhibe en brutal indefensión. Y sin el “fluido eléctrico”, ni aparatos médicos en función ni la existencia de infantes o familia de tercera edad, le tocan el corazón a la CFE. ¡Supuestamente se iba a terminar con esta brutal práctica!

Ante tantas posibilidades para sustentar un reclamo ciudadano de cobro y ser realmente eficientes y justos con el consumidor, la solución es el cobro mensual del consumo de energía eléctrica de acuerdo a lo realmente incurrido. Y si por razones económicas no le es factible cubrir la factura, acercarse a que tome las medidas prudentes que le permitan existir. La luz no es como el servicio telefónico, incluso ni como el agua. Simplemente hoy, sin ella, en la urbe, es imposible habitar. ¿Qué está haciendo el Congreso para enfrentar este tema de tan magna trascendencia?

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El miércoles de esta semana, Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo (BCE) cumplió su ofrecimiento, hecho el pasado 8 de diciembre, de que los bancos europeos podrían acceder directamente a recursos casi ilimitados, a bajas tasas y a plazos mayores a los convencionales fondeados por esa institución comunitaria.  Este ofrecimiento fue, en general y originalmente, mal interpretado, asociándosele a que el BCE compraría de manera masiva bonos de España e Italia, casi bajo el carácter prestamista de última instancia (lender of last resort).

En primer lugar, la consecuencia lógica del anuncio de tal acción fue la expectativa de reducción de la tasa de los bonos soberanos de esos países, tal como aconteció pero sólo de manera inicial.  En segundo lugar, era de esperarse que las bolsas reaccionaran positivamente ante la caída de la prima de riesgo de la deuda soberana, especialmente de la zona del euro; efecto que no aconteció.

Tales resultados cuestionan, una vez más, la pertinencia de las medidas que se siguen implementando para afrontar la crisis financiera y bancaria europea, sin negar que con ellas se gana tiempo para lograr una solución sostenible y duradera, al menos de mediano plazo.

En efecto, el miércoles pasado el BCE en subasta prestó € 489,000 millones a 523 bancos de manera extraordinaria, a una tasa de 1% en el primer año de un período de tres, para quitarle presión al sistema financiero de la zona euro ante la crisis de la deuda soberana.  Esta ha sido la mayor inyección de recursos proporcionados por el BCE en toda la historia del euro, sobrepasando los € 442 mil millones otorgados en 2009, para paliar los efectos globales adversos de la quiebra de Lehman Brothers.

Con la primera de dos subastas extraordinarias del BCE –la segunda la realizará en el mes de febrero- se beneficiaron prácticamente el 100% de los bancos que componen el Eurosistema, sobrepasando toda expectativa de requerimientos de fondos por parte de los bancos, por lo que se estima que accedieron a tales recursos inclusive bancos que no los requerían.  Esto porque la diferencia entre la tasa de cobro del BCE sería de 1% el primer año, frente a una tasa de los bonos soberanos mayor, con lo que el negocio para las instituciones beneficiadas está plenamente garantizada.

Con el fondeo del BCE se espera estimular el crédito, particularmente a las empresas, en un entorno en el que se piensa que la zona euro sufrirá en los primeros meses de 2012 al menos una recesión leve.  Así, el objetivo último del BCE ha sido inyectar liquidez al sistema bancario para que fluya el crédito y se atempere la presión de la deuda soberana, primordialmente con la baja de su prima de riesgo.  Este objetivo sobradamente podría haberse logrado si se hubiera aceptado que el BCE asumiera su papel de prestamista de última estancia y emitiera eurobonos que garantizaran la deuda soberana.

Pero como Draghi ha insistido en la últimas semana, el BCE nunca haría ninguna acción a la que se opusiera Alemania, por lo que no compraría extensivamente deuda de España e Italia, ni financiaría directamente a ningún gobierno europeo (NYT, 22 de Diciembre de 2011).

A pesar de tal posición, con la inyección de liquidez, el BCE ha actuado indirectamente como garante de la deuda soberana, al aceptar como colateral sus bonos, así como deuda bancaria de las pequeñas y medianas empresas y deuda reestructurada de dudosa recuperación.

El mismo mecanismo de inyección de liquidez, asumido como artilugio para que Draghi honre su posición institucional y se apegue a los principios estatutarios del BCE, no garantiza necesaria y suficientemente el objetivo perseguido con la inyección de liquidez, ni ataca el fondo del problema bancario, que es el de su capitalización.

Así, los fondos de BCE servirán en una parte para el refinanciamiento de vencimientos, por lo que sólo el remanente de entre € 200 y 250,000 millones, podría destinarse a nuevos créditos.  De destinarse estos recursos a créditos, que necesariamente tendrían riesgo, obligaría a incrementar el capital con el que cuentan actualmente los bancos, al menos en un 8% por cada euro prestado.

En la misma línea de argumentación, los fondos del BCE podrían terminar siendo usados para comprar nueva deuda soberana, al menos por lo que hace al año que entra, con la ventaja de que teóricamente al no tener oficialmente riesgo no implicaría aumentar los requerimientos de capital de los bancos.

Esos mismos bonos soberanos podrían ser usados por los bancos una vez más para garantizar un nuevo fondeo vía el BCE, tantas veces como el propio banco central lo aceptara.  Por tal razón, es altamente probable que la inyección de liquidez del BCE termine siendo una vía para financiar deuda soberana, situación que no debe sorprender a nadie.

La inyección de liquidez no suple la necesidad de capitalización que enfrentan en el muy corto plazo los bancos, que se estima sea al menos de € 115 mil millones.  Tal monto de recursos no es fácil que sea aportado por los inversionistas o accionistas de los bancos, dado que en la actualidad el riesgo se ha incrementado, aumentando, por lo tanto, la aversión con respecto a los bancos (THE ASSOCIATED PRESS, 21 de diciembre, 2012).

Sin embargo, de ser los recursos del BCE usados por los bancos para adquirir deuda soberana y dado el diferencial de tasas de préstamo y de rendimiento, podrían en el período de los tres años del préstamo idealmente generar pingues utilidades que podrían ayudar a capitalizar a las instituciones crediticias.

Por lo que con la inyección de liquidez se habría ganado tiempo para la capitalización de los bancos, pero quedando pendiente aún el problema de los montos de deuda de los países de la zona euro y, más importante, el financiamiento para poner de nuevo en marcha la economía europea.  Retos, estos últimos, que se antojan, no insalvables, pero si difíciles de ser solventados en el corto plazo.

Bien ha dicho este jueves Sir Mervyn King, Vice Presidente del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y Gobernador del Banco de Inglaterra, que se debe urgir a los bancos a cumplir con estrictos requerimientos de capital, pagando menos en bonos a los gerentes y dividendos a los accionistas, en lugar de reducir los préstamos a la economía real, es decir la relacionada directamente con la producción y el empleo.  A esto se agrega la opinión de algunos analistas de que la acción del BCE salvó algunas de las dificultades del fondeo de los bancos, sin atender realmente la crisis de la deuda soberana que es la raíz de los problemas de liquidez.

Finalmente, a pesar de la enorme inyección de recursos por el BCE, los mercados reaccionaron sin entusiasmo y la prima de riesgo de España e Italia volvió a subir, en una ambiente en el que los Estados Unidos han emitido deuda con tasa de interés cero, a pesar de la amenaza de las calificadoras de degradar de nuevo su calificación, aunque no sea antes del 2013 (The Guardian, 21 de Diciembre de 2011).

La diferencia entre la UE y EU ha radicado en la oportunidad, profundidad y marco institucional vigente para atender la crisis bancaria, con confianza y seguridad al instrumentar nuevas ideas, nuevas visiones, con el menor costo fiscal posible.  Al final, a pesar del tiempo ganado, el BCE podría quedarse con bonos chatarra, hoy catalogados como soberanos, cuyos costos terminarían asumidos por la sociedad europea, ya de por sí gravemente castigada económica y moralmente.  Tales serían los costos de atacar los síntomas y no la enfermedad.

FELIZ NAVIDAD

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Públicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo descentralizado, con capacidad jurídica y patrimonio propios, se ha reputado, desde hace un buen tiempo, ser una empresa de clase mundial.

Probablemente algún organismo calificador, hoy tan en boga, le otorgó tal distinción. Sin embargo, a la par que ha festinado tal calificativo, aún en su imagen corporativa, están presentes ciertos hechos que abollan tal donaire, tanto de los consumidores de energía, de su operación en sí, como porque sus resultados financieros parecen ser nada halagüeños. Esto, independientemente de los casos de corrupción que han cubierto la prensa nacional e internacional.

Al respecto, el director general de la CFE, Antonio Vivanco Casamadrid, reconoció que la empresa había recibido hasta 6.8 millones de llamadas telefónicas (16 de noviembre, Canal del Congreso), sin precisar cuántas de ellas están relacionadas con los reclamos de facturación equivocada. La situación ha obligado, por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a que la CFE cree grupos especiales de atención sobre los errores de facturación en los que incurre la empresa, según ha señalado el propio director de la paraestatal.

De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, México tenía arriba del 15% de desperdicio de electricidad por transmisión y distribución; encontrándose 5 puntos arriba de Chile y casi 10 por encima de EU. España, Francia y el Reino Unido estaban muy por debajo del nuestro país en el desperdicio de energía, según una muestra de 2009 del Banco Mundial. En tanto el desperdicio de México rondaba 17%, el de EU era del orden de 3%. No creemos, a la fecha, que se haya cambiado sustancialmente tal situación, quedando la duda si en tal nivel de desperdicio se compute el robo de energía.

En el informe presidencial se indica que las “acciones trascendentes (han sido) orientadas a mejorar la competitividad del servicio eléctrico”, presentándose inmediatamente la información del aumento de costos unitarios por el concepto de energía Termoeléctrica de 8.7%, en el primer semestre de 2011, muy por arriba de la inflación, y de 94% de incremento del costo de la energía eoeléctrica.

En este contexto, según la Cuenta Pública 2009, la Comisión Reguladora de Energía otorgó de manera desordenada 768 permisos de generación e importación de electricidad. Alrededor del 50% de la capacidad de los permisos otorgados para la generación de energía eléctrica ha sido para productores independientes, situación creciente y en beneficio mayormente de empresas españolas.

La creciente concurrencia de los productores independientes hizo que, de acuerdo al balance del Sistema Eléctrico Nacional, entre 1998 y 2008 la generación del servicio por particulares creció casi 30% promedio anual, en tanto el servicio público nacional creció sólo al 3.3%. Así, el pago hecho a productores por la compra de electricidad pasó de 6 mil 428 millones en 2002 a 70 mil 600 millones ya para 2008, que representó en ese año 30.2% del gasto corriente de la paraestatal. De esta manera, la participación de inversión privada en actividades sustantivas de la industria eléctrica nacional ha obligado a la CFE a establecer compromisos con los productores independientes de energía (PIE) por 14 mil 944 millones de dólares.

En contraste, los márgenes de reserva y de reserva operativo a partir de 2006 se han mantenido relativamente altos. En el primer caso por arriba del 45%, lo que significa que hay una capacidad ociosa frente a la creciente compra de energía eléctrica.  Si dejáramos operar realmente el mercado significaría que a mayor oferta deberían resultar menores precios, obviamente en beneficio de los consumidores, especialmente domésticos y de la pequeña y mediana empresa. Pero es posible pensar que el mercado de energía eléctrica es, ahora, un mercado administrado por un quasi monopolio público en beneficio de su burocracia y de generadores privados.

Otra fuente de financiamiento de la CFE, además de sus ingresos propios, ha sido el sistema de Pidiregas (originalmente denominados Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto), que fue un sistema para ocultar deuda y fondear proyectos supuestamente por parte del sector privado. La CFE sigue utilizando este sistema de financiamiento y registro contable, aún cuando ya no se debe seguir difiriendo el registro presupuestal de la deuda y de que el financiamiento al sector privado en toda lógica financiera es más caro que el financiamiento al sector público.

La importancia de los Pidiregas ha llegado al extremo de que constituyen 40% de la deuda total de la CFE. Por ello, la inversión presupuestaria que realiza la Comisión se ve afectada por la llamada amortización de los Pidiregas, que según la estadística oficial es de 14,000 millones de pesos en 2011, cifra que es contradictoria con los 5,000 mdp señalados en el texto del informe presidencial. Los Pidiregas hacen, sorprendentemente, que la inversión fuera de presupuesto sea alrededor del 60% de la llamada inversión impulsada por la CFE.

Literalmente la paraestatal consigna en sus estados financieros auditados que: “Al 31 de diciembre del 2010, los compromisos mínimos de pago por Pidiregas son:” 89,659 mdp. No creemos que este aserto signifique el no saber cuánto se debe, aunque si sorprende que sea una afirmación llena de ambigüedad, que refleja el verdadero estilo gerencial de la empresa y que pone en duda a su gobierno corporativo.

Por otra parte, como reflejo incontrovertible de la situación financiera real de la CFE, desde 2008 el patrimonio de la Comisión ha estado disminuyendo, en tanto el pasivo ha estado aumentando. Esto ha terminado afectando adversamente la relación patrimonio a pasivo. De esta manera, en una misma trayectoria declinante, en 2008 el patrimonio de la CFE era de 416,000 millones y para 2010 era únicamente de 352,000 millones, una pérdida patrimonial de más de 60,000 millones, en tres años. Por lo que la erosión de su patrimonio fue de 20,000 millones promedio anual.

A mayor reiteración, la relación pasivo-patrimonio, que no es más que obligaciones o deudas sobre la propiedad real de la CFE, se demeritó pasando de 0.846 a 1.28, generando crecientes cargas financieras para la Comisión. De esta manera, los resultados del organismo en los años recientes han significado cuantiosas pérdidas: 17,646 millones en 2008; 39,818 millones en 2009 y 37,125 millones en 2010. Estos últimos indicadores no mienten sobre el estado financiero declinante de la empresa, pero no se trata de festinar fracasos, ni mucho menos se deben avivar supuestos éxitos.

Mexico debería tener una visión integral en materia de energía, como el siglo XXI lo demanda y se hace en otros países, pero se sigue teniendo un enfoque parcial y aislado de las dos empresas públicas en la materia. La CFE compra insumos para producir energía y Pemex  los desperdicia, como es el caso del combustóleo o de la quema de gas a cielo abierto; ¡qué desperdicio del patrimonio de todos los mexicanos!

Estas empresas deberían operar y ser controladas con el protocolo y reglas de gobernanza de empresas públicas, tal como los organismos internacionales lo sugieren, en lugar de pensar en privatizarlas o socavar su patrimonio.

Mantener una alta capacidad ociosa, hacer compras crecientes a precios mayores, endeudar más a la CFE y ver como se contrae su patrimonio significa una actuación y un resultado que no parecen ser los de una empresa de clase mundial; aunque después de Enron todo se puede esperar de una empresa pública de energía con una frágil gobernanza.

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Los problemas económicos y financieros en Europa se han agravado después de julio pasado, cuando la Unión Europea (UE) se comprometió a implementar un nuevo programa de rescate para Grecia. Tal programa fue ampliamente considerado positivo y visionario. Declarativamente se centraba en atender el problema de la deuda griega por la vía de su financiamiento, el abatimiento de su riesgo, la capitalización de ciertos bancos europeos y el apoyo para que la economía helénica volviera a crecer.

Tales buenas intenciones se han quedado en la esfera de propósitos compasivos y no de realizaciones concretas, mientras Italia parece haber sido financieramente contagiada, haciéndose evidentes sus problemas estructurales de vieja data.

Originalmente, se estimó que el peligro del contagio griego hacia otras economías era altamente probable, especialmente para el caso de España, sin dejar de ser considerada Italia e inclusive atrevidamente Francia. Así, en un entorno de dificultades políticas y de deuda por parte del gobierno americano, la fragilidad financiera europea se acrecentó, especialmente en el ámbito de la liquidez y la solvencia de los bancos europeos, así como de otras instituciones financieras expuestas a la deuda soberana de países de ese continente.

Ante esta situación, nuevas medidas económicas han sido acordadas, mientras otras siguen pendientes desde hace un año, como el último tramo de ayuda a Grecia por 8,000 millones de euros (mde)­, a la par que se han generalizado más las recetas recesivas o deflacionarias agravando los problemas de solvencia de la deuda pública, ante el regocijo de los mercados financieros y de deuda.

¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que hombres de Estado no hayan podido tomar las medidas pertinentes para evitar el agravamiento de la deuda y la solvencia europea? ¿Hasta cuándo se seguirá transitando por un camino que lleva a más problemas? ¿Solicitará Italia pronto un programa de rescate?

Las preguntas parecen obvias, pero las respuestas se antojan un reto en el mar de un ruido explicativo que se puede juzgar insustancial o al menos redundante de las visiones convencionales. Bajo esta consideración, y el hecho de que la memoria siempre se hace corta, al menos para lo que no se desea recordar, hay que comenzar por el caso y después abordar la esfera de lo general.

Aún cuando Italia fue país fundador de lo que hoy es la UE con la suscripción, en los 50 del siglo pasado, de los Tratados de Roma sobre el mercado del carbón y el acero, sorprendentemente entró a la zona del Euro en condiciones financieras y de deuda pública de manera controvertida. En primer lugar, igual que Grecia antes de que Yorgos Papandreu tomará el gobierno, Italia cocinó (cooking)sus reportes sobre deuda pública para que pudiera cumplir con las condiciones del bloque europeo para entrar a la zona del euro.  Tal hecho era sabido, o al menos se hizo totalmente público cuando estalló la quiebra del fondo americano Long-Term Capital Management (LTCM) ¹, que obligó en 1998 al gobierno norteamericano su rescate, con el apoyo de los grandes bancos de inversión estadounidenses.

Ante tal situación, la UE y específicamente el Banco Central Europeo (BCE) debieron haber seguido de cerca el comportamiento gubernamental italiano, la aplicación de las medidas de integración y armonización económica hacia la Unión por parte de ese país mediterráneo y la evolución de su deuda pública. Tal vigilancia se debió haber acrecentado ante el regreso al gobierno del cavaliereSilvio Berlusconi, personaje harto conocido por sus triquiñuelas políticas y judiciales, y cuyos resultados económicos han significado que Italia haya tenido un magro crecimiento en los últimos años.  Hoy parece ser Berlusconi el único culpable de la debacle italiana, por su falta de credibilidad e incumplimiento de los compromisos con la UE.  No sea que el nuevo gobierno italiano encuentre en el clóset un muerto con los bolsillos llenos de deudas por pagar.

La evidente lentitud de la UE para aplicar medidas anunciadas y no aplicadas ha hecho que los mercados sean mayormente manejados por los especuladores. Esto ha provocado que la prima de riesgo de la deuda Italiana haya llegado a situarse por arriba de los cinco puntos sobre el bono alemán a diez años. Tal encarecimiento del financiamiento ha terminado por imponer mayores costos fiscales, abultando la deuda pública y generándole problemas de liquidez que se pueden tornar en el corto plazo en problemas de solvencia, como ha sucedido antes en los casos de Irlanda, Portugal y Grecia.

Por otra parte, el empecinamiento de la UE por no darle plena seguridad y liquidez a los mercados de deuda soberana de los países europeos, con la operación del BCE como autentico banco central y prestamista de última instancia (lender of last resort), ha hecho que los precios de los bonos caigan y los rendimientos esperados suban. Tal resultado ha afectado adversamente la exposición de deuda de los bancos, obligándoles a capitalizarse perversamente por la vía de la propia UE, auto-imponiéndose ésta, pasmosamente, mayores obligaciones y necesidades de fondeo. Este fondeo cada vez que se incrementa debe ser autorizado por todos los miembros de la zona del euro; Proceso institucionalmente lento.

No menos importante para explicar el vaticinio de crisis que la UE ha ido haciendo realidad es la prescripción la conjetura de que con menos crecimiento y más desempleo se sanean las deficitarias cuentas públicas y se mejoran los negocios de los bancos, evitándose con ello la especulación financiera y sentándose las bases para el progreso económico sostenido.  En el absurdo, se parte del supuesto de que sin crecer se pueden pagar deudas crecientes.  Ya vendrá el tiempo, se asume, que el caballo aprenda a no comer y estar
más sano.

Denodada y sistemáticamente la UE se ha ido imponiendo cargas financieras que cada vez son más difíciles de solventar, desgastando su capacidad monetaria y política hasta llegar al riesgo extremo de agotar su poder institucional. Con Italia, la UE corre el riesgo de acabar no sólo con el proyecto del euro, sino también destruir el sueño integracionista continental de Jean Monet, Robert Schuman,Winston Churchill, Konrad Adenauer y millones de europeos más².

Capitalizar a los bancos europeos ahora, según se ha oficializado, ronda los 120,000 mde, aplicar el paquete de rescate futuro de Grecia conlleva otro tanto, y la recompra de deuda soberana ha significado que Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) disponga de recursos del orden de 440,000 mde más. Sin embargo, algunas fuentes estiman que la recapitalización real de los bancos, aun sin la afectación por la situación Italiana, podría requerir el equivalente del fondo original de estabilización.  En ese escenario, el billón de euros prometido para enfrentar la falta de credibilidad y la especulación de los mercados estaría agotado.

Italia es la tercera economía de Europa, con un mercado de bonos de alrededor de dos billones de euros, siendo el tercer mercado en la materia después de EU y Japón (NY TIMES, November 10). Además, Italia enfrenta una situación de deterioro creciente de su solvencia financiera, con una tasa de interés de los bonos públicos que ha llegado a 7%. Así, la prima de riesgo de sus bonos con respecto a los bonos alemanes a 10 años ha llegado a estar arriba de los 500 puntos base (Cuadro 1), que es el nivel alcanzado cuando Grecia, Irlanda y Portugal tuvieron que ser rescatados por la UE (El País, 10 de noviembre).

Sin haber presentado en apariencia mayores problemas previamente, la deuda pública Italiana es un poco más del 120% de su Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje menor al griego, pero teniendo una deuda total de alrededor de 2.7 billones de euros, superior a la deuda francesa, y casi siete veces la deuda del país helénico (Cuadro 2). Dada su importancia económica y la magnitud de sus indicadores financieros y de deuda, Italia no sólo es un riesgo en sí, sino un riesgo para la supervivencia inmediata del euro y consecuentemente de la UE. Aún más, el mismo BCE podría correr el riesgo de ser insolvente si para rescatar a Italia la UE tratara de aplicar las mismas medidas hasta hoy empleadas para salvar a Irlanda, Portugal y Grecia.

Bien enfatizó el ex presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, en entrevista al diario español El País, “Dije en julio que el euro estaba al borde del abismo. Lamento haber tenido razón”.

Europa no tiene tiempo para deliberar si llama o no a los bomberos para que apaguen el incendio italiano; las alarmas, los extinguidores, las rutas de escape sirven cuando ya ha estallado el fuego, no para prevenirlo. Son las ideas y sus acciones, no las buenas intenciones, las que deben cambiar, no hacerlo ya sería desastroso y costoso para todos, incluidos Francia y Alemania.

1/ En el Board del LTCM participaban Myron Scholes y Robert C. Merton quienes compartieron en 1997 el Premio Nobel de Economía.
2/ Winston Churchill es considerado como uno de los padres de la Unión Europea, a pesar del fuerte sentimiento
antieuropeo de integración por parte del Reino Unido.

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En los últimos años, el término governance (gobernanza) se ha hecho altamente visible en el ámbito de los negocios, la academia, los organismos internacionales y el léxico político de buen número de países, especialmente de habla hispana.  De esta manera, la gobernanza es un concepto relativamente reciente en países como México.

El origen de la expresión governance, aunque de raíces latinas, es inglés, remontándose al siglo XVI. Desde mediados de los 80 del siglo pasado, el término adquirió importancia en el Reino Unido ante la preocupación pública sobre la manera y forma en que son internamente gobernadas las corporaciones (corporate governance).  El término adquirió gran relevancia a raíz del Cadbury Report que se centró especialmente en el área financiera del corporate governance de las empresas británicas.  El impacto internacional del reporte, dirigido por Adrian Cadbury, fue replicado en varios países, especialmente europeos, generándose finalmente un nuevo campo de análisis, investigación y servicios profesionales sobre el gobierno de las empresas, según su board (consejo), vinculo del Chairman (presidente) y el Chief Executive Officer (director o gerente general), sistema de financiamiento, sistema legal, rol de los sindicatos, entre otros varios aspectos.

El tema del corporate governance –llamado en México “gobierno corporativo (sic)”– adquirió relevancia mundial a principios del nuevo milenio, como consecuencia de los escándalos financieros de Enron, WorldCom, sólo por señalar dos empresas financieramente problematizadas de gran tamaño de EU. Como resultado de tales problemas y para prevenir conductas adversas de los directivos hacia los dueños y otros interesados, se generaron nuevas disposiciones regulatorias sobre las empresas en bolsa, con la denominada Ley Sabarnes-Oxley, que se concentranró particularmente en la supervisión y auditoría financiera.

Así, lo que comenzó siendo netamente un asunto interno y esencialmente privado de las corporaciones (corporate governance), en el que se identificaron dos intereses contrapuestos, el de los gerentes (agent) y los dueños (principal), evolucionó involucrando a los stakeholders (otros interesados), para terminar en una cuestión de interés público concerniente a la legislación y la regulación.  Finalmente, se acabó por reconocer el límite legal y jurídico que el interés privado tiene en relación al interés general y como éste debe ser tutelado por el estado, aún en el caso del corporate governance.

En el ámbito público, el concepto de gobernanza (governance) ha sido promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, a partir de definiciones prescriptivas o de orientación de la acción gubernamental y de las políticas públicas en consideración a los intereses generales y no sólo a los intereses privados.

El Banco Mundial define la gobernanza como el ejercicio de la autoridad política en el uso de los recursos institucionales para manejar o administrar los problemas y asuntos de la sociedad. En tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece la gobernanza como la manera en que el poder es ejercido en la administración de los recursos sociales y económicos para el desarrollo. La OCDE considera que la buena y efectiva gobernanza pública ayuda a fortalecer la democracia y los derechos humanos, promueve la prosperidad pública y la cohesión social, reduce la pobreza, fortalece la protección ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales, profundizando la confianza en el gobierno y la administración pública.

Dado que todo gobierno debe atender y enfrentar diversos intereses, siendo relevante el suyo propio, la gobernanza debe ser conceptualizada como el modo, forma o procedimientos bajos los cuales se gobierna adecuadamente, de acuerdo a diversos intereses y fuerzas sociales e institucionales.

De manera también extensiva, la gobernanza es definida por la Comisión de la Unión Europea (UE) como un conjunto de normas, procedimientos y prácticas relativos a la manera en que la UE utiliza los poderes que le otorgan sus ciudadanos, para la formulación y aplicación de políticas públicas más eficientes y coherentes, que permitan establecer vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones europeas y hacer más eficaces las políticas, para acercar las instituciones a los ciudadanos.

De acuerdo a la evolución del tema de la gobernanza y de las posiciones de los organismos internacionales, es indiscutible que involucra de manera directa la acción del gobierno, tanto en materia de sus políticas, como de la propia administración pública. De igual forma, que comprende los intereses de la sociedad y concierne a la democracia, aspectos que cada día parecieran menos atendidos, al menos como manifestación de indignación social frente a la crisis que avasalla a buen número de países.

En tanto la gobernabilidad (governability) está netamente referida al ámbito político, la gobernanza (governance) se refiere al modo, forma o procedimientos bajos los cuales se gobierna la rex publica (cosa pública). Sin embargo, dado que todo gobierno debe atender y enfrentar diversos intereses, siendo relevante el suyo propio, la gobernanza debe ser conceptualizada como el modo, forma o procedimientos bajos los cuales se gobierna adecuadamente, de acuerdo a diversos intereses y fuerzas sociales e institucionales. Ello bajo el principio de una democracia participativa.

Sin embargo, dado que no en todas las actividades económicas y sociales están involucrados intrínseca y explícitamente con la misma intensidad los intereses privados y generales, es obvio colegir que la gobernanza, y por lo tanto las políticas públicas y de regulación, puede tener una profundidad diferente en cada caso específico. De igual manera, es posible que las decisiones políticas y sus compromisos ideológicos puedan orientarse a establecer un sistema de gobernanza que no corresponda razonablemente a los intereses en juego.

Por ejemplo, en el primer caso, hay actividades económicas en las que el interés privado puede y debe prevalecer sobre el interés general, por lo que su regulación ni es profunda, ni extensiva. Tal sería el caso de organizaciones en las que la voluntad de partes sobresale en relación a consideraciones de terceros, como serían las cooperativas. Caso contrario sería por ejemplo la producción de medicinas, la prescripción de las mismas o los servicios de salud.

A contra sensu, es posible que ideológicamente o por mandato electoral un gobierno considere que hay que desregular ampliamente actividades con alto riesgo para el interés general, como serían los bancos, las actividades de crédito, fondos de pensiones, bajo el principio de que una mano oculta los hará necesariamente eficientes por la vía de la competencia y apetencia particular, en bien de la ciudadanía. En contraste, es posible que al mismo tiempo mantenga una regulación que garantice una estructura de mercado relativamente oligopolizada, como serían los servicios de televisión o comunicación telefónica.

Para elucidar qué, cómo y para quién opera un determinado sistema de gobernanza es necesario contar transparente y oportunamente con la información que permita conocer a la ciudadanía en bien de quién se gobierna, o dicho de otra manera a favor de quién no se gobierna.

Así, el dilema de si se gobierna de acuerdo al interés general o si se considera de mayor relevancia el interés privado, de grupo, gremial, o de poderes facticos es un asunto de la gobernanza, inscrita en un marco ideológico, político, de gobierno específico, y de poderes establecidos, pero también de la participación de la sociedad en un tipo específico de democracia. Sin embargo, para elucidar qué, cómo y para quién opera un determinado sistema de gobernanza es necesario contar transparente y oportunamente con la información que permita conocer a la ciudadanía en bien de quién se gobierna, o dicho de otra manera a favor de quién no se gobierna. Sólo con la información adecuada la sociedad puede exigir la rendición de cuentas (accountability) y hacer que el sistema de gobernanza provea lo que prescriptivamente se esperaría como sus resultados.

En este último aspecto radica el hecho de que no hay necesariamente una gobernanza buena o mala, sino si cumple o no con los fines que constitutiva y enunciativamente le dan origen y vida, es decir con las reglas de juego establecidas y con el juego en sí. Aunque es posible que perversamente se ofrezca la persecución de un fin y se busque realmente otro, o se prometa un resultado y se logre otro totalmente opuesto. En cualquier caso, una gobernanza sostenible debe ser coherente, eficiente e incluyente. La coherencia sería relativa a la correspondencia entre medios y fines. La eficiencia manifestaría la relación de recursos y resultados. La inclusión sería una condición no sólo en términos de la participación ciudadana, sino también de garantía de que ésta se identifique y participe en el ejercicio del poder gubernamental para atender a los diferentes intereses de manera consistente, es decir en tiempo y en intensidad.

Hoy, en plena crisis económica y financiera, buena parte de los gobiernos siguen sin responder al interés general, a pesar del descontento social que cada vez se generaliza más. Pareciera que el gobierno (agent) se resiste a servir y atender el bien de la ciudadanía (principal), bajo el pretexto velado de que el bien privado debe ser privilegiado. La sociedad casi globalmente reclama un nuevo pacto social, un new deal, para que el estado retome el tutelaje de los intereses de la sociedad, así como de la garantía fiduciaria que para sus bienes y posesiones debe brindar.

Como resultado de la crisis evidente a partir de 2008, en muchos países se prometió una nueva arquitectura financiera y bancaria que, con la regulación respectiva, pusiera freno a los abusos y conflictos de interés que generaron un riesgo financiero sistémico a escala global.  Los efectos de la crisis, por incapacidad, acciones tardías o decisiones políticas, han acrecentado la incertidumbre y pobreza de millones de ciudadanos, que revelan públicamente la indignación hacia sus gobiernos.

Bien dijo John Maynard Keynes: “Al mismo tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión, aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la especulación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial estable; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte en una burbuja en medio del desorden especulativo”.

Hombres como Warren Buffet, una de las personas más ricas del mundo por sus operaciones financieras, ha propuesto que los más ricos paguen más impuestos, comprendiendo, así, que sólo el interés privado puede ser garantizado lícitamente si los intereses generales, es decir de la mayoría, están razonablemente atendidos. Ello es, sin duda, una visión simétrica y honesta de lo que debe ser la gobernanza: la garantía de lo general, para garantizar lo particular.

En México al menos sucede lo que bien decía el viejo maestro de economía de Cambridge:

“[ ] los principios del laissez-faire (dejar hacer, dejar pasar) han tenido otros aliados, además de los manuales de economía”.

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Desde hace muchos años los mexicanos han clamado reiterativamente por la reforma política. Como un reflejo vivo del devenir de la sociedad, la esencia de tal reforma ha ido cambiando, no sin antes haberse logrado ciertos avances, así como el levantamiento de nuevos muros para impedir la participación libre de los ciudadanos en la rex publica –la cosa pública-, dicho así porque no puede haber algo más público que la política y el poder que emana de él.

Tales avances y muros han sido finalmente el resultado legislativo de acuerdos y convenios establecidos entre los propios actores del sistema político imperante; algunas veces dominado por un solo partido, a veces más simétrico en razón de resultados electorales y otras por coaliciones no explícitas. Pero, en esencia, los partidos políticos nacionales han convenido acuerdos y leyes que en general, por una parte, han faltado a las preferencias de la población y, por la otra, han terminado por afectar los niveles generales de vida de la población.

Ejemplo de ello fue el aumento del IVA y la socialización del costo del Fobaproa durante la administración zedillista; la fallida investigación de la guerra sucia en el sexenio de Vicente Fox; la frustrada investigación de los vínculos del narcotráfico con el poder económico y político y, recientemente, la deseada “reforma política”  de la actual administración. Tales ejemplos sirven para tener presentes temas que seguirán en la aspiración nacional por mucho tiempo.

Pareciera ser que en México los partidos políticos actúan más allá de los intereses ciudadanos y de los compromisos que políticamente asumen durante las campañas electorales. Aún más, tal como será evidente en la próxima campaña política, se forjan alianzas entre supuestos partidos antagónicos y miembros relevantes de los mismos que indistintamente cambian de un partido a otro, sin importarles la contradicción doctrinaria de las posiciones y declaraciones políticas que hayan asumido anteriormente.

¿Por qué los partidos políticos mexicanos actúan sin consideración a las aspiraciones y preferencias ciudadanas? ¿Por qué los gobernantes incumplen de manera abierta los compromisos que previa y públicamente asumieron con el electorado?

La respuesta a tales interrogantes radica en mucho en la naturaleza del sistema de partidos que caracteriza a la democracia mexicana, más para mal que para bien, siendo este sistema el que seguirá gobernando al país y sofocando, las aspiraciones ciudadana. Tal sistema es esencialmente partidocrático.

El concepto de partidocracia fue utilizado en Europa hasta los 70 para caracterizar el predominio político de las masas sobre la preferencia individual y el completo control de los partidos políticos sobre la sociedad.  Así, “La partidocracia significa…, más que (el) gobierno de los partidos, un dominio verdadero y propio de éstos o una expansión de sus ambiciones de dominio” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1988).

Hoy el concepto de la partidocracia es usado para identificar un sistema político en el que las exigencias sociales del cambio son encarceladas o secuestradas por los partidos políticos, encausándolas por la vía institucionalmente establecida por ellos mismos, al extremo de no dejar espacio a la sociedad civil y dar paso a las verdaderas necesidades de las masas (Pasquino, 1988).

Para explicar la moderna partidocracia, se afirma que ésta es posible gracias al financiamiento público de los partidos y a la atribución de cargos públicos sobre criterios eminentemente políticos (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1988).  Así, la partidocracia vía el financiamiento público permite que un grupo social de “profesionales” involucrado activamente en la “cosa” (res) pública viva de la política y no para la política (Weber, 1981).

Todo deja indicar que hoy México vive claramente una partidocracia.  Por una parte, los partidos políticos no necesariamente responden a los intereses de la sociedad, ni responden a las ofertas políticas hechas durante las campañas electorales.

El financiamiento para los partidos políticos, normalmente sin control ni transparencia pública, por medio de su ejercicio de gasto permite que el interés de las burocracias políticas termine por capturar a otros sectores de la población, especialmente a los medios de comunicación.  De esta forma, los medios y sus contenidos terminan por orientar a la población hacia determinadas posiciones políticas, no como resultado de la oferta política, sino en virtud del interés propio de los medios, y de una propaganda moderna dirigida a controlar a las masas.

La partidocracia no sólo asegura que la distribución de cargos públicos se haga en virtud de la afiliación política, sino también posibilita que la burocracia pública ayude y dispense preferencias a grupos de interés vinculados a los partidos políticos. Tal es el caso especialmente de empresarios, ya sea como individuos o como “gremios”. En esta situación se esperaría que ciertos grupos de interés, especialmente económico, presionaran a la burocracia pública y a los gobernantes a través de los partidos de oposición para obtener ciertas canonjías y prebendas para el buen éxito de sus negocios. Así, en una partidocracia los institutos políticos, por medio del control y presión sobre los cargos públicos, terminan por participar activamente en el “control” sobre la esfera económica de la sociedad.

Algunos de los grupos de interés pueden correr transversalmente en los partidos instituidos y en el gobierno, hasta el punto de llegar a estar presentes burocráticamente en las esferas del poder Ejecutivo, independientemente de cuál sea el partido en el poder. La partidocracia considera, además, a los poderes fácticos con los que finalmente cada partido aspira y desea gobernar, por lo que éstos terminan afablemente siendo capturados.

Un instrumento de la partidocracia, tradicionalmente no considerado, es el control “colegiado” de las reglas para la participación política institucional (the rules of the game), más asociado al concepto anglosajón de la gobernanza (governance). Con el control y la definición de las reglas del juego político institucional los partidos vigentes, especialmente aquellos con mayor peso relativo, definen las reglas a las que deben someterse los que deseen estar en el club electoral, y las reglas de comportamiento para asegurar su permanencia. La propiapartidocracia define la mera existencia de las organizaciones políticas que le dan vida y sustento final.

De esta forma, el control al juego político de los partidos dominantes les asegura la definición “legal y jurídica” de nuevas organizaciones y partidos políticos. De igual manera, les permite establecer las normas y la forma en que se distribuyen los respectivos recursos públicos. Más importante aún, la partidocracia asegura para sí también el control del espacio y los canales institucionales con los que cuenta la sociedad para expresar políticamente sus aspiraciones, preferencias y verdaderas necesidades (Reyes, 2004).

Así, la ciudadanía termina viendo enajenados sus derechos de participación dentro de un sistema político gobernado y controlado por los propios partidos políticos que ella dio origen y razón de ser, aún y cuando con ello estrictamente se le cancele derechos consagrados constitucionalmente. La partidocracia, en una suerte de evento circular, termina por segregar a la sociedad de la participación política, al tiempo que actúa en nombre de ella para justificar al mismo sistema imperante y a sus participantes.

Hoy el concepto de partidocracia es usado para identificar un sistema político en el que las exigencias sociales del cambio son encarceladas o secuestradas por los partidos políticos, encausándolas por la vía institucionalmente establecida por ellos mismos.  

Todo deja indicar que hoy México vive claramente una partidocracia.  Por una parte, los partidos políticos no necesariamente responden a los intereses de la sociedad, ni responden a las ofertas políticas hechas durante las campañas electorales. Por otra parte, éstos se han constituido en una “corporación” que no sólo dicta las reglas de su operación y las normas de la democracia, sino también define la existencia legal y jurídica de sus miembros.

Esta partidocracia ha terminado por actuar de acuerdo a los propios intereses de quienes institucionalmente la integran.  En general, sus miembros destacados, sean del signo ideológico que sean, sean el Presidente de la República, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, luchan por convenir y negociar sobre la base de sus propios y particulares intereses, siempre en un afán de permanecer viviendo de la política, más que para la política.

Lo que importa primordialmente a los partidos dominantes es convenir y negociar entre ellos sus intereses, en tanto el responder a los cambios que demanda la sociedad y cumplir las promesas de campaña se tornan en asuntos de segundo orden político. Al fin, que los cambios que la sociedad Mexicana reclama sólo podrán tener cause cuando sean aceptados por la partidocracia a través de las vías que ella misma establezca.

Ante esta realidad se ha enfrentado una vez más “la reforma política” que después de 16 meses llegó del Senado a la Cámara de Diputados; misma que fue votada en cuatro meses. Formalmente fueron aceptadas las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas, habiendo sido rechazadas las propuestas de reelección y de revocación de mandato, entre otras.

Una vez más “la reforma política” votada regresará a los senadores para que colegislativamente sea ratificada o de nuevo modificada. Al fin que su aplicación podría darse posiblemente para 2015. Para entonces, sin duda, quedarán menos partidos políticos dentro del club partidocrático, como resultado de una reforma previa, y no se contará con los instrumentos legales y electorales equitativos para hacer valedera la participación democrática de la ciudadanía. Todo ello, si antes no acontece un cambio sustancial de la rex publica, hecho que parece sólo ser posible gracias a los propios ciudadanos.