Los ilícitos de Oceanografía, empresa privada mexicana directamente vinculada a la entidad pública financieramente más importante del país, ha hecho que México y Pemex ocupen recientemente los titulares de los medios de información más importantes del mundo. Ello ha acontecido en medio de la reforma energética más trascendente que ha emprendido México y dentro del torbellino nacionalista de rechazo a la injerencia privada y a la corrupción en la industria petrolera nacional.
El caso de Oceanografía, más allá de las consecuencias financieras y económicas adversas que habrá de imponer, ilustra claramente la magnitud y extensión del déficit de gobernanza que enfrenta el país y el sistema democrático nacional. Sin ninguna duda, a Oceanografía se pueden agregar otros casos también de gran magnitud por sus costos sociales y públicos, que bien valdría la pena airear para salud del país. Sin aceptarse la existencia del déficit de gobernanza y remediarlo poco habrán de rendir las pretendidas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto (EPN).
La magnitud y extensión del déficit de gobernanza que ha puesto de manifiesto Oceanografía demuestra desde la falta de una adecuada regulación, la nulidad del poder legislativo, hasta las prácticas empresariales públicas y privadas ausentes de transparencia de la información y de rendición de cuentas. Las consecuencias de la conducta de la empresa sólo pudieron generarse a partir de un sistema de gobernanza avieso, que involucra al sistema económico y financiero en su conjunto, y en el que las entidades públicas y privadas desempeñan un rol protagónico.
La preocupación de cómo se controlan y dirigen las empresas se remonta a los primeros años de los 1930´s, a raíz de la crisis económica del 29, identificada como la Gran Depresión. Sin embargo, el concepto de gobernanza, originalmente asociada a mediados de los 1980´s al corporate governance (gobernanza de la corporación), surgió en el Reino Unido (UK) en medio de una crisis financiera. Su base conceptual fue el llamado Cadbury Report, solicitado por la Primer Ministro, Margaret Thatcher, para ordenar y regular de manera más eficientemente las finanzas de las empresas. Por su importancia, la corporate governance pronto emergió en los principales países de Europa, incluido Japón, generándose, así, en diversos países los reportes respectivos en la materia.
Al inicio de los 1990’s, el concepto de “governance” fue extendido en UK al sector público, en general, y a las acciones y tareas gubernamentales, en particular. De este modo, lo que en un inicio fue un asunto concerniente al sector privado desde la óptica de la responsabilidad pública, por los intereses privados y públicos que las empresas involucran, pronto se amplificó a la esfera gubernamental. Así, en UK se comenzó a usar y aplicar la gobernanza en lo relativo a las entidades, programas y acciones del sector público, dado el interés general involucrado. Con lo que se contó, entonces, con recomendaciones y regulaciones sobre el control y dirección tanto para las entidades privadas, como públicas; privilegiándose su información, transparencia y la rendición de cuentas.
Con la crisis financiera y económica de Enron y de otras empresas, el concepto del corporate governance se catapultó en Estados Unidos (USA), dando lugar a una regulación financiera más estricta de las empresas listadas en la bolsa. Tales regulaciones generales permearon a un buen número de países, entre ellos México. Las regulaciones se centraron en la búsqueda de una mejor “governance” de las empresas, particularmente en su parte financiera y de auditoria. Dado que las regulaciones involucran en su aplicación y supervisión a entidades públicas, pareció dable hablar simplemente de “governance”-gobernanza, más que de corporate governance.
La gobernanza puede ser definida de una manera más integral como el sistema de fuerzas internas y externas por las que se controlan y dirigen las entidades públicas y privadas, de acuerdo a diversos intereses. Las fuerzas externas son asociadas a la regulación, incluidas las leyes, y al mercado. Las fuerzas internas pueden ser identificadas con los gerentes y los dueños o “principales” de las entidades. Los intereses son públicos y privados.
Bajo este enfoque, el sistema de gobernanza deberá ser congruente y coherente con los intereses involucrados, por lo que en la medida que el interés público sea más importante que el interés privado, un mayor rol deberá tener la regulación. Si el interés privado tiene un mayor peso por el tipo de bien o servicio que provea, una mayor importancia deberá tener el mercado. Ello, a su vez, deberá permear en los arreglos y relaciones que al interior de la entidad establezcan los gerentes, los empleados y el dueño o principal.
Bajo esta visión integral, es claramente comprensible la identificación de la gobernanza desde la perspectiva de Oliver E. Williamson, Nobel de Economía 2009. Williamson señala que la gobernanza es un sistema de reglas o normas de primer y de segundo orden. En un símil, indica que las primeras se refieren a las reglas del juego y las segundas al juego en sí. De esta manera, las reglas de primer orden se asociarían a las leyes y normas constitucionales, en tanto las segundas se referirían a aquellas regulaciones y normas de carácter más específico.
La caracterización de Williamson de la gobernanza es bastante esquemática e integradora, teniendo un carácter descriptivo y formal. Como tal puede ser claramente referida al caso mexicano, para las entidades públicas y privadas. En un adecuado y normal sistema de gobernanza sería de esperarse que las empresas y entidades operaran de acuerdo a las leyes y las normas. En todo caso, durante el juego en sí, el regulador, supervisor o auditor deberían alertar al órgano de gobierno de la entidad y aún a la autoridad jurídica y legal correspondiente, de cualquier conducta fuera de normas y del marco regulatorio vigente.
Sin embargo, es incuestionable que no bastan las normas y su formalización para garantizar una adecuada gobernanza. De igual manera, no es suficiente la existencia de un aparato y organización que supervise y busque garantizar una adecuada gobernanza, para hacerla realidad. Aún más, no es suficiente un órgano de gobierno que esté comprometido en cuidar y garantizar el interés privado, público y general que involucre una entidad pública o privada, si de facto lo que se privilegia por los involucrados en la gobernanza es el interés de unos cuantos, por encima de leyes y de normas. Conducta adversa que se asume hasta públicamente, sin el menor asomo de duda o prurito y sin el temor sobre la posible actuación del órgano de gobierno y de las autoridades.
En ese contexto se inscribe innegablemente el caso de Oceanografía. Ello explicaría cómo fue posible que ésta empresa pudiera actuar fuera de toda norma y control, afectando a entidades públicas, como el IMSS, Infonavit, entre otras más, y a empresas privadas nacionales y extranjeras. Solo con un contubernio generalizado, beneficiando, directa e indirectamente, paso a paso, a cada instancia y actor involucrados pudo haber acontecido un evento que hizo sonar las alarmas de Wall Street y haber afectado a una de las mayores instituciones financieras internacionales.
Fehacientemente, el asunto de Oceanografía es un asunto público que tiene vieja data, casi diez años. La Cámara de Diputados en plena administración Foxista lo abordó, pero obvió lo evidente. La Cámara de Senadores también lo afrontó, habiendo recibido oficialmente por parte de Pemex el desglose de cada contrato otorgado a esa empresa desde 2006 hasta 2008. Pero, igualmente, todo ello se consideró más anecdótico que imputable de irregularidades.
El daño de Oceanografía sigue por cuantificarse y muchas sorpresas pueden aún darse. Concesiones y proyectos públicos y privados podrían haberse otorgado en estados y municipios. Además, el daño a la proveeduría de servicios de Pemex puede ser de alta cuantía, por lo que habrá de verse como actúa la petrolera y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para minimizar el daño a las finanzas públicas y al interés general.
El déficit de gobernanza en México también se ilustra amargamente con el caso de Mexicana de Aviación, cuyo despojo y afectación a trabajadores y público en general ha sido manifiesto ante la complacencia de las autoridades. No sale de este parámetro el posible daño patrimonial hecho a Pemex por el anterior Director General, que actúo por encima de su órgano de gobierno en sus tratos con Sacyr y Repsol.
Finalmente, el Metro, como muchas más obras en los estados y municipios, demuestran que el déficit de gobernanza recorre y cubre a todo el país. Las inauguraciones de obras y servicios bien sirven para cumplir compromisos políticos, pero lo menos que se puede esperar es que sirvan a la sociedad y que no terminen por generar un daño patrimonial público en beneficio privado.
EPN tiene la oportunidad de crear un sistema de gobernanza coherente con la eficiencia económica y congruente con el cuidado del interés general; el sistema económico y democrático del país lo necesita con urgencia. Es lo más elemental que se requiere como cimiento para hacer progresar el país. Certidumbre y eficiencia con reglas del juego claras, que se respeten y se cumplan.
