Todos estamos conscientes de la patética situación del Estado de Derecho en México y es clara prioridad, de lo que pretende ser un nuevo régimen, el remediarla.
Parte central la constituye la impartición de justicia a la que el Estado está obligado. También es sabido que los tribunales están sobrepasados por el cúmulo de asuntos a su cargo e impregnados de corrupción.
Ante la coyuntura, complicada con fenómenos de violencia e inseguridad, motivados en gran parte por el narcotráfico, se hace indispensable la actuación conjunta y coordinada del Gobierno, de la sociedad civil y de la iniciativa privada.
Ya el Gobierno se ha planteado la necesidad de pacificar al país, y es en ese cometido que la sociedad civil y la iniciativa privada pueden contribuir con su experiencia, de al menos un par de décadas, en la prevención o mitigación de conflictos sociales que pueden generar violencia, así como en la solución pacífica de los conflictos ya generados.
Dicha experiencia se relaciona con los mecanismos alternos de solución de controversias, especialmente la Mediación y la Conciliación. Se trata de técnicas utilizadas por uno o más facilitadores neutrales para establecer o reestablecer la comunicación entre las partes en conflicto, a fin de empoderarlas para que ellas mismas encuentren la solución de éste.
Los conflictos, que se pueden resolver con estas técnicas, incluyen los de tipo social o comunitario, los vecinales o educativos, así como aquellos de tipo familiar, civil, comercial y aun penal, que sólo afectan a los particulares. Sobre las materias que pueden ser mediables, la limitación es que se trate de derechos disponibles, esto es, aquellos que se pueden ceder o limitar sin contravenir el orden público.
Apenas esta semana, se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, el primer Congreso Nacional e Internacional de Conciliación en Derecho, en el que participamos mediadores y conciliadores de Brasil, Perú, Chile, México y, naturalmente, de Colombia, durante el cual se intercambiaron experiencias en este campo de la promoción de la cultura de la paz.
Uno de los participantes colombianos, representante del fiscal general de la nación, se refirió a las alianzas público-privadas para la conciliación que llevará a cabo su flamante presidente Iván Duque, como mecanismo para descongestionar a los tribunales y para garantizar el acceso a la justicia de sus ciudadanos. Desde luego, planean facilitar los recursos públicos requeridos que permitan la participación de centros de conciliación privados, universidades, institutos de investigación, barras o asociaciones de abogados y cámaras de comercio, entre otros.
De lo que se trata es de reconstruir el tejido social echando mano de la experiencia privada, que permita brindar seguridad y tranquilidad a la población, resolviendo conflictos antes de que generen violencia.
Conflictos sindicales, mineros, ambientales, ejidales, entre la administración pública y los ciudadanos y desde luego, los estrictamente privados, pueden y deben ser resueltos también en México de manera preventiva, utilizando las efectivas técnicas de la Mediación. El reto es su implementación masiva, para lo cual el Gobierno no puede solo. Los mediadores, en conjunto con la sociedad, debemos tenderle la mano al nuevo régimen para lograrlo.
El primer paso que se debe dar es que el Senado de la República apruebe la nueva legislación en materia de Mediación, ya pasada por la Cámara de Diputados.
