Aunque por fortuna el presidente y la secretaria de gobernación han dado señales en contra de la iniciativa del senador Monreal, no deja de preocupar que haya sectores de la 4T que tengan en mente descarrilar el flamante Sistema Nacional Anticorrupción que hemos venido construyendo desde 2015. Parece que la inacabada idea de crear una Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especializada en anticorrupción, es un nebuloso invento que pretende desaparecer ciertos órganos para crear otros, sin atender el problema de fondo: la resolución de los casos de corrupción que permita reducir la impunidad que padecemos.
En efecto, el problema principal que enfrentamos se centra en las investigaciones deficientes más que en la falta de especialización de los juzgadores. Si bien el fenómeno de la corrupción es un todo, éste abarca materias tan amplias que van desde la materia administrativa, hasta la del medio ambiente, pasando por la fiscal, la de la función pública y la de auditoría, entre tantas otras. Es así que el juzgador está obligado a realizar una aproximación al fenómeno de manera integral, y lo que hace falta no es desconfiar de los tribunales ordinarios para elevar la instancia desde el inicio a la jerarquía superior del Poder Judicial Federal, acorralando al acusado a tener que acudir a instancias internacionales, en caso de ser violados sus derechos.
Parece paradójico que cuando el actual Sistema Nacional Anticorrupción parece poder ser destrabado ante el amparo ganado por el Comité de Participación Ciudadana, para que finalmente el Senado cumpla con su obligación de abrir el procedimiento para la ratificación de los Magistrados Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa faltantes, el Presidente de Coordinación Política del Senado presente una iniciativa para modificar la Constitución en sentido contrario, y ésta sea también contraria al programa de austeridad del gobierno, ya que la integración de la propuesta Tercera Sala de la Corte necesariamente requerirá afectación del erario público.
Prestigiadas instituciones como el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, fundado en 1760, lo que lo hace ser la institución gremial más antigua del continente Americano, se han pronunciado en contra de la iniciativa de Monreal por otras importantes razones, como la de que ésta va en contra de las reformas más recientes a la SCJN que han buscado convertirla en un auténtico Tribunal Constitucional, esto es en un órgano jurisdiccional de la mayor jerarquía, que posea la función esencial de establecer la interpretación final de las disposiciones de carácter fundamental, en un órgano compacto con función de carácter político y constitucional, capaz de deliberar con agilidad. En sentido contrario, la reforma propuesta pretende otorgarle facultades a la Corte que son propias de un tribunal de legalidad y su número amplificado de miembros entorpecería su forma de deliberar.
También el Ilustre ha señalado su preocupación de que con el aumento de los integrantes de la SCJN de 11 a 16, se generarían las condiciones para que López Obrador pudiera incidir en las decisiones sobre la constitucionalidad de normas de carácter general que corresponda resolver al Pleno de la Corte. Ello por la facultad que tendría el presidente de proponer ternas al Senado para elegir a los cinco integrantes adicionales, lo que en última instancia podría terminar en su designación directa, en caso de que las ternas sean rechazadas en dos ocasiones por el Senado. En este caso, el Colegio alerta sobre el riesgo de que se conculque la independencia y autonomía judiciales y el principio de división de poderes, ante la posibilidad de que el presidente, con los nuevos ministros, más los dos que nombró recientemente, bloqueara una declaración de inconstitucionalidad de normas generales.
Por su parte el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, en una columna reciente señaló que “La creación de una sala que no es necesaria ni resulta funcional, parece darle la razón a quienes hablan de indebidas intromisiones judiciales” y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad acaba de publicar en NEXOS que “Bloque por bloque, uno a uno, el gobierno desmantela los contrapesos de nuestro Estado; ahora van por la Suprema Corte.”
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad plasma en los siguientes términos la inutilidad de la nueva Sala propuesta: “no va a investigar ni a perseguir a algún corrupto: esa tarea corresponde a los Órganos Internos de Control, las Auditorías Superiores y los Ministerios Públicos. No va a meter a nadie a la cárcel: esa función es de los jueces y magistrados penales. No va a destituir, inhabilitar o multar a funcionarios o a empresarios corruptos: los únicos que pueden hacerlo son los magistrados anticorrupción… Tampoco va a recuperar el dinero que se haya desfalcado del erario: esa labor corresponde a la Auditoría Superior.” Para concluir señala que su labor no sería la de combatir la corrupción, sino de interpretar los artículos constitucionales en materia de corrupción, labor que ya lleva a cabo la Primera Sala de la SCJN mediante el control de constitucionalidad en materia penal, “no sólo por delitos de corrupción, sino por toda clase de delitos”, y la Segunda Sala en materia administrativa.
El mismo Consejo General de la Abogacía Mexicana, integrado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el propio Ilustre, han hecho un enérgico llamado al Senado para que ratifique a los Magistrados Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y al Congreso de la Unión para que se abstenga de aprobar esta reforma constitucional.
Como lo hemos señalado en esta columna, lo que engrandece a los países son sus instituciones, y es deber de sus gobiernos contribuir a consolidarlas. Ojalá que en este caso prive la razón. El mandato es construir, no destruir.
Al parecer todo el pasado para la 4T está mal y quiere cambiarlo a su modo y para poderlo controlar , un excelente análisis de lo que qué quieren hacer abiertamente, literalmente “al Diablo las Instituciones” denunciarlo y difundirlos CP no lo haces es la única solución para crear conciencia en “el Pueblo Sabio”.
Su amenaza de campaña fue “al diablo con SUS instituciones”, las que considera de la mafia del poder, o sea, las construidas por todos los mexicanos desde De La Madrid para acá. Todas esas instituciones son las que trata de mandar al diablo y que debemos defender.
Esas fueron las palabras con las cuales se dirigió el Presidente Benito Juárez a los mexicanos en 1867 a su regreso a la capital, después de haber derrotado a la invasión extranjera y haber afirmado la vigencia de la Ley de la República.
En estas históricas frases se condensan los valores y principios históricos de nuestra Nación: soberanía e independencia, legalidad y respeto a los derechos de los ciudadanos, tolerancia, búsqueda de la paz y edificación de instituciones que robustecen nuestro México.
Juárez es el gran constructor de la Nación, el defensor de la República. Gracias a él y a una extraordinaria generación de liberales, se colocaron los cimientos del Estado mexicano y de sus instituciones.
…Como lo hemos señalado en esta columna, lo que engrandece a los países son sus instituciones, y es deber de sus gobiernos contribuir a consolidarlas.
Sin Instituciones, ya lo dijo Don Benito Juarez, lo único que prevalece es el caos.
Poco a poco se van desvaneciendo las Instituciones al grado que la division de poderes desaparece y todo se centra en un solo poder.
La pretensión de la reforma Monreal es que el Presidente nombre de golpe 5 Ministros, sin tomar en cuenta la exposición de motivos de la Constitución que previó desde un principio un nombramiento escalonado para que ningún Presidente cuente nunca con el control total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Toño, el contenido de tu artículo así como los dos comentarios subsecuentes, aclaran la pauta de AMLO, hacia un poder centralizado dictatorial, haciendo, caso omiso de las Instituciones.
Así es, estimado Carlos. Es preocupante la persistente actuación del Presidente por acaparar el control de todas las instituciones, a toda costa. Lo que está en juego es, ni mas ni menos, que nuestra democracia.