El gobierno debe respaldar nuestra libertad al final de vida

Alguna vez he comentado (y no creo ser la única que lo haya hecho) que en el futuro, en cien años quizá, cuando la gente vea hacia atrás y analice la forma en que se muere actualmente, se sorprenderán de cuánto sufrimiento innecesario padece mucha gente y lo difícil que es dejar que las personas tomen decisiones sobre el final de su vida. “¿Por qué había tanta resistencia –podrán decir‒ para permitir que los pacientes eligieran la forma y el momento de su muerte cuando vivían con enfermedades y condiciones que les habían quitado todo lo que en otros tiempos les hacía amar su vida? ¿A quién servía que siguieran padeciendo una vida que ya no podían agradecer? ¿Por qué sólo algunos países permitían que las personas fueran apoyadas en el final de su vida para tener la muerte sin dolor que tanto deseaban?”. Finalmente, “¿por qué los gobiernos mantenían leyes que criminalizaban a quienes ayudaban y acompañaban a otros a morir sin dolor?”.

Espero que sean mucho menos de cien los años que tengan que pasar para que se extienda al resto de los países las regulaciones que hoy respaldan el derecho de las personas a tener ayuda para morir bien cuando así lo determinen. Esto no implicará que todas las personas quieran decidir el final de su vida. Como sucede actualmente, habrá gente que por sus creencias y valores consideren que no les corresponde tomar esa decisión, pero como también sucede ahora, habrá personas que sí se sienten con ese derecho. La diferencia será que ambas posiciones estarán respaldadas, y quienes reciban ayuda para morir no tendrán que hacerlo de manera clandestina ni poniendo en riesgo a quienes solidariamente los apoyen.

Las condiciones de sufrimiento e indignidad en las que viven quienes prefieren poner fin a una vida trastocada por una enfermedad y sin alternativas de curación existen independientemente de que la muerte asistida sea legal o ilegal. La diferencia que introduce la legalidad es que todos podemos usar nuestra libertad hasta el final, si así lo queremos, para decir “ya no quiero vivir más de esta manera”. Y eso, saberse libres hasta el último momento hace toda la diferencia. Además, en los lugares en que se ha permitido la eutanasia o el Suicidio Médicamente Asistido (SMA) ha mejorado la atención general al final de la vida porque se le ha dado más importancia a esta etapa, de manera que se cuenta ahora con mejores cuidados paliativos. Su objetivo no es simplemente aplicar la eutanasia o el SMA, sino hacer todo lo que sea necesario para que la gente viva mejor el final de su vida. Por lo pronto, en los lugares en que la muerte asistida está prohibida, hay algunas personas que tienen la suerte de conocer a un médico amigo que esté dispuesto a ayudarlas a morir y pueda hacerlo con un mínimo riesgo de ser denunciado, pero son muy pocos quienes gozan de este privilegio (que suelen tener los pacientes que son médicos). Ésta es una situación claramente injusta. La mayoría de los enfermos en nuestro país no conocen a un médico al que le tengan la confianza para pedir algo que por el momento es un delito.

Pero no sólo son médicos los que están dispuestos a ayudar a morir a aquellos que desean terminar con un sufrimiento intolerable; el problema es que estas personas tienen mayor riesgo de tener consecuencias penales. Es el caso de Sean Davison, presidente de la World Federation of Right to Die Societies (WFRtDS), quien fue arrestado el 19 de septiembre pasado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, bajo el cargo de asesinato del médico de 43 años Anrich Burger, quien había quedado tetrapléjico por un accidente sufrido en 2005, perdiendo todo control y autonomía sobre su cuerpo y cuya muerte sucedió en 2013. Sean Davison es un reconocido científico que ha contribuido a la exoneración de los presos de su país encarcelados por delitos que no cometieron, mediante el uso de pruebas de ADN de material biológico de las escenas históricas del crimen. En 2010 Davison fue arrestado en Nueva Zelanda, de donde es originario, por haber ayudado a morir a su madre de 85 años, quien padecía cáncer terminal.

Después de esa experiencia, se convirtió en defensor del derecho a la muerte asistida. Tan sólo dos semanas antes de su reciente arresto, había finalizado con mucho éxito en Ciudad del Cabo el Congreso Bianual de la WFRtDS que  reúne a las asociaciones de todo el mundo, las cuales defienden el derecho de las personas a elegir la forma y momento de morir para tener una muerte digna.[1] Al mismo tiempo que los miembros de esta federación encomiamos, por su valor y compasión, a las personas que ayudan a morir sin dolor a quienes eligen terminar con su vida, condenamos a los gobiernos como el de Sudáfrica, que niegan a las personas el derecho a tener control sobre sus cuerpos y sobre sus muertes, criminalizando a quienes sí les reconocen y respaldan ese derecho (https://www.worldrtd.net). Añado una pregunta a las que imagino harán quienes nos analicen en un futuro: “¿Cómo podían creer los gobiernos que a las sociedades que representaban y por las que velaban les servía que dedicaran sus esfuerzos y recursos para perseguir a quienes respondían a necesidades trascendentales y derechos de los ciudadanos que ellos ignoraban? ¿Con qué derecho afectaban de esa manera la vida de personas con las que los ciudadanos deseaban contar, a falta de sentirse apoyados por sus gobiernos?”.

En otros países, juicios como el que deberá enfrentar Sean Davison, han servido para cambiar la ley y regular la muerte asistida. En Holanda, el debate sobre el tema, que fue abierto a la sociedad, inició en 1973 cuando la doctora Geertruida Postma fue a juicio por ayudar a morir a su madre, gravemente enferma, con una inyección letal respondiendo al pedido que ella le había reiterado por encontrarse paralizada, sorda y casi muda tras sufrir una hemorragia cerebral.  La doctora no ocultó su acción, la cual era delito de acuerdo a la ley. Aunque la corte que la juzgó la declaró culpable, su castigo fue simbólico porque no se cumplían los fines que justificarían una pena mayor: enviar el mensaje a la sociedad de que esa acción no debía repetirse o resocializar a Geertruida Postma. Hubo muchos ciudadanos que mostraron su apoyo a la doctora y numerosos médicos que enviaron escritos anónimos diciendo que ellos también habían ayudado a pacientes a morir. Era el momento de revisar la ley y esto se siguió haciendo a través de otros casos que llegaron a juicio, hasta que en 2001 se aprobó la Ley sobre la comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio, la cual se hizo efectiva en 2002.[2]

Por su parte, fue la demanda de un ciudadano que llegó a la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo que condujo a la despenalización de la eutanasia. El ciudadano en cuestión reclamaba que el llamado “homicidio por piedad” (causar la muerte de una persona que solicita ayuda para morir con el propósito de finalizar su sufrimiento) debería tener un castigo mayor al que entonces tenía para que fuera igual al de otros tipos de homicidio. Pero la resolución del juez Carlos Gaviria sorprendió a todos, pues no sólo decidió que no debía aumentarse la pena del homicidio por piedad, sino que debía eximirse de pena a los médicos que lo realizaran en un paciente terminal que padeciera un sufrimiento intolerable y hubiera solicitado que lo ayudaran a morir de manera libre.[3]

Carmenza Ochoa, directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente D.M.D. de Colombia (http://www.dmd.org.co), estuvo recientemente en nuestro país para participar en el VII Simposio de Cuidados Paliativos, organizado por el Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez, para hablar de la eutanasia en Colombia y explicarnos el contexto en que se dio su despenalización. A raíz de los tiempos violentos en que estaba inmerso el país, se cambió la Constitución en 1991, en la que se consideraron fundamentales los principios de dignidad, autodeterminación y solidaridad. Estos son los mismos principios que dan un fundamento ético a la eutanasia, pues se reconoce el derecho de una persona a definir los límites de una vida digna, a decidir sobre el final de su vida y a recibir ayuda si su decisión es adelantar su muerte. Algunas personas que se oponen a la eutanasia argumentan que, si un paciente decide terminar con su vida, no tiene por qué involucrar a otros para que lo ayuden. Este argumento parece ignorar que, si uno no es médico, no es nada fácil causarse uno mismo una muerte segura y sin dolor, como se merece cualquiera. También demuestra una gran falta de compasión hacia los enfermos que toman la decisión de terminar con su vida, pues al no contar con ninguna ayuda se ven obligados a seguir viviendo con un gran sufrimiento o a buscar la muerte de manera violenta para ellos mismos y para sus seres queridos. Ciertamente la autodeterminación y la dignidad son principios fundamentales, pero también lo es la solidaridad.

Esta solidaridad es la que ha mostrado Sean Davison por quienes sufren en el final de su vida, así como un gran valor y compromiso al apoyarlos. Actualmente se encuentra libre bajo fianza esperando el inicio de su juicio, el cual puede representar una oportunidad para que en Sudáfrica se supere el actual conflicto que existe entre la declaración de derechos reconocidos en su Constitución y las leyes que los ignoran, como la que criminaliza el suicidio asistido. Confiemos en que Sean Davison se encuentre con jueces que sepan reconocer, como lo hicieron en Holanda y en Colombia, que las leyes que ya no sirven a los ciudadanos se tienen que revisar y no debe castigarse a quienes, a falta de leyes actualizadas, reconocen los derechos humanos de estos y los ayudan compasivamente a morir sin dolor.

En México también necesitamos que los derechos protegidos en nuestra Constitución se reflejen en leyes que respalden a las personas que desean ejercer su libertad hasta el final, y así tener la opción de decidir cómo y cuándo morir.

Referencias:

[1] https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-09-20-timing-of-arrest-of-dignity-sa-director-sean-davison-questioned/

[2] Álvarez del Río, A. Práctica y ética de la eutanasia, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 2005 (también hay versión en ebook); en especial el capítulo 5 “La experiencia neerlandesa”.

[3] Díaz-Amado E. “La despenalización de la eutanasia en Colombia: contexto, bases y críticas”. Rev. Bioética y Derecho, no.40, Barcelona, 2017; obtenido de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872017000200010