Donald Trump habló sobre los candidatos presidenciales de México con toda soltura, diciendo que alguno es muy bueno y otros no tan buenos, pero que “de cualquier forma lo sabremos manejar”.
No tardará Trump en decir quién es el bueno para él, si así lo considera útil, aunque viole los protocolos; total, nadie se lo reclamará.
Mientras lo hace, es posible adelantar que igual que para los banqueros y los grandes inversionistas en México, José Antonio Meade es el candidato que le gustaría a Trump como garante de inversiones, aunque a la Casa Blanca también le preocupa la gobernabilidad del país.
La personalidad de Meade no es para lucir un carisma atractivo, pero cuenta con las redes de relaciones y complicidades con el poder establecido -el de Washington incluido- al que le garantiza continuar en el intento de los gobiernos de México de ser parte de la región económica de Norteamérica.
Es difícil que pudiera prosperar una candidatura presidencial que amenazara con descarrilar lo que desde hace 30 años ha sido el objetivo matriz de las acciones de nuestros gobiernos, legisladores y del poder judicial.
Lo que sí creo viable es un cambio de estrategia con un enfoque nacionalista para hacer que los términos de la integración norteamericana también signifiquen progreso social en México, y no sólo utilidades de unas cuantas empresas de maquila y exportación.
El proceso electoral en curso abre esperanzas sobre la posibilidad de corregir el rumbo económico y político del país en ese sentido; éste tiene que ser distinto para democratizar el ejercicio del poder y desde ahí, hacer que el impulso al progreso material esté acompañado de una distribución equitativa de la riqueza.
No se trata de regalar dinero sino por encima de eso, de hacer que las inversiones públicas y privadas eleven la productividad laboral, pero asegurando que también -contra la tendencia de las últimas décadas- los trabajadores lo vean reflejado en mejores empleos y salarios.
Para lograrlo, tendría que cambiar la relación que tienen muchas empresas importantes con el gobierno como fuente discrecional de subvenciones, privilegios y protección.
El Estado, por su parte, tendría que mejorar el marco de normas e instituciones para garantizar la eficacia y justicia de la legalidad, para proteger la propiedad y para invertir en infraestructura de servicios públicos que además de facilitarle la vida a la gente, sea detonante de inversiones privadas.
El rumbo del país también tiene que cambiar para recuperar el derecho soberano a trazar las transformaciones más acordes a las necesidades internas y a las que nos vinculan a la globalización; es decir, el gobierno en México tiene que dejar de imitar paradigmas neoliberales y si la globalización implica ceder soberanía, actuar con inteligencia y recuperar lo que se ha obsequiado sin sentido.
Esa lógica hasta Trump la entendería y respetaría si nuestro próximo gobierno fuera uno que lograra cambiar la perspectiva de la Casa Blanca sobre nuestro Estado fallido en extensas zonas del territorio, corroído como uno de los más corruptos del mundo y que no garantiza una gobernabilidad en paz y concordia social.
