Estoy acabando de leer el libro “La máquina de la verdad (la segunda revolución cibernética Blockchain y Bitcoin)” de mi amigo Ney Villamil, y me pregunto: ¿México está preparado para esta revolución cibernética? ¿Cuáles son todos los efectos posibles y previsibles de la disrupción? ¿Vale la pena entrar de lleno a esta plataforma (como el caso japonés) o vale la pena mejor la gradualidad y tener estos ejercicios más controlados?
Ya se encuentra en manos de algunas autoridades, el proyecto de Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (conocida como la Ley Fintech), la cual se espera será enviada por el Ejecutivo al Congreso en próximas fechas. Esta ley pretende otorgar un espacio regulatorio para que la innovación, a través de tecnologías aplicadas en los servicios financieros, desarrolle y florezca para impulsar el nivel de inclusión financiera y mejore la competencia dentro del sistema financiero mexicano.
El planteamiento es que la ley regule a las Instituciones de Tecnología Financiera (IFT), como nuevos actores no regulados, para que puedan desarrollar sus innovaciones en condiciones similares a las de las entidades reguladas (bancos y no bancos). Dichas IFTs serían de dos tipos:
a) las de financiamiento colectivo o plataformas de crowdfunding.
b) las de fondos de pago electrónico (donde se integran a las criptomonedas o e-money).
A ambas se les regulara vía la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), previo acuerdo con el Comité de Instituciones de Tecnología Financiera (integrado por las autoridades de la SHCP, Banco de México y la misma CNBV).
En la misma iniciativa se contempla una forma denominada “sand-box”, donde estarán aquellos casos que tengan un seguimiento especial y que pudieran no resultar al final del día empresas exitosas, pero el tratamiento de las mismas constituye el primer intento de promover la innovación a través de una regulación, lo cual es muy plausible, pero también es visto por algunos (Bancos, sobre todo) como una medida de poner una camisa de fuerza a esfuerzos que debieran ser muy particulares de cada entidad y que no necesariamente las autoridades debieran vigilar o aún más, regular.
Cabe señalar que las criptomonedas constituyen activos financieros operados por las instituciones de pago electrónico, para el público en general, al valor monetario de mercado e intercambiado contra la recepción de moneda de curso legal, con objeto de servir para hacer pagos y transferencias.
Con esto en mente, ¿podríamos modelar lo que sucederá con el mercado de las remesas cuando empiecen de manera más decidida estas empresas a enfocarse en los migrantes como un mercado objetivo, y ellos se den cuenta de las posibilidades de intercambio de este instrumento? ¿Cuántas áreas de transaccionalidad se abrirán y con qué consecuencias?
Mi impresión, basado en observación empírica y en evidencia de lo que está sucediendo en otros países, es que hay economías altamente desarrolladas y digitalizadas, que están abrazando el cambio de manera decidida (tal es el caso por ejemplo de Japón mismo, donde su sociedad ‒amante de la tecnología– se encuentra en pleno proceso de adopción), pero por otro lado su vecino, China, prefiere “regular y vigilar”, sino es que prohibir la transaccionalidad por este e-money.
Si las monedas tienen o no sustento por un banco central o por una economía, es un tema, pero de que las monedas tienen distintos niveles de confianza y credibilidad, ni duda cabe. Ya hoy existen más de 1,000 criptomonedas, las cuales tienen tanto la ventaja de seguridad en la transacción como de trazabilidad, y de manera más amigable que la transaccionalidad que se lleva a cabo por la Banca tradicional (regulada).
En México, hace ya algunos años, el mismo Banco de México emitió un comunicado donde no recomendaba la transaccionalidad por este mecanismo, pero la razón quizá es más profunda que simplemente el hecho de que “no están soportadas por ninguna contraparte – banco central”.
En un país donde la inclusión financiera NO es un tema que realmente importe, más allá del discurso oficial, nos interesa regular estas actividades, cuando en periodos electorales tanto los partidos políticos como los giros negros (ilícitos, ilegales, informales) manejan cantidades enormes de efectivo, precisamente porque “no dejan rastro”, ¿tendremos los incentivos para que si lo dejen?
Por otro lado, si no sale la regulación, seriamos ingenuos pensando que las empresas Fintech dejarían de operar. Ciertamente son varios de estos emprendedores los que quieren ser regulados, para tener más credibilidad y certidumbre en el mercado, y diferenciarse de los que quieran estar operando sin registro y entonces sí, al margen de la ley. Pero si no sale la ley, ¿esto querría decir que no estarían emergiendo? Yo creo que no. Yo creo que este fenómeno no se va a parar por un tema regulatorio, y estamos ante la disyuntiva de querer un mercado ordenado y transparente, o tener varias empresas de todas latitudes operando en el mercado.
Estaremos muy pendientes de la iniciativa, y de la forma en que entre y salga al senado, porque cada uno de estos grupos defiende intereses muy particulares que poco tienen que ver con el desarrollo de la industria Fintech en nuestro país.
