La respuesta está en nosotros

 La idea de yo no puedo hacer nada, es la excusa,

es la coartada para no hacer nada.

 Saramago.

Se afirma que el destino del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) afectará notablemente la economía mexicana en un sentido negativo; si fuera el caso incidiría en distintos grados en las tres economías, la estadounidense, la canadiense y la nuestra. Sin embargo, a estas alturas lo que resulta claro no es su desaparición, sino su transformación; su capacidad adaptativa conforme a los nuevos tiempos con una perspectiva de favorecer a los tres países, alejándose de pensar en un sólo ganador, o en dos y un sólo perdedor.

Como en toda negociación política ‒y ésta lo es más que si fuera un pacto económico– lo importante no es obtener, sino ceder lo posible, lo razonable sin perder el objetivo y, sobre todo, la honra, la autoestima.

Es evidente la interdependencia generada en más de dos décadas, a lo cual habría de sumarse la “expertise” adquirida y por lo tanto aprovechable y no desechable. En suma, creo advertir, que no hay condiciones objetivas e indicadores de fracaso; más bien han venido tomando cuerpo nuevas implicaciones que hacen imperativo mejorarlo.

El crecimiento de la economía nacional se ha visto afectado por factores propios de la incertidumbre a unos meses de las próximas elecciones federales, así como de cargas que venimos arrastrando desde hace siglos, la corrupción, y desde hace décadas, la inseguridad, la violencia y el alejamiento del Estado de Derecho, tal y como lo percibe el Fondo Monetario Internacional, cuando nos urge a resolver estos fenómenos, justamente para dotar de certidumbre a la economía global y al mercado internacional.

En este espacio ya hemos tratado las vicisitudes que crea la corrupción sobre la gobernanza, la degradación social que provoca, el desencanto y la desconfianza. En esta ocasión trataré de la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con el fin de advertir sus múltiples y profundas dificultades para implementarlo en el corto plazo.

A nadie escapa la dificultad inherente a la construcción del marco jurídico del SNA. Recordemos el esfuerzo que supuso emitir cinco dictámenes a fin de reformar cinco leyes (Orgánica de la Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; Orgánica de la PGR; General de Contabilidad Gubernamental y el Código Penal Federal), y crear otras cuatro (General del Sistema Nacional Anticorrupción; General de Responsabilidades Administrativas; Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, y de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación), ¡toda un Trabuco legislativo!

También la integración de un Comité Coordinador, con su Secretaría Ejecutiva; el Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector del SNA, y 32 sistemas locales con sus respectivos comités. No nos vaya a pasar aquello que dicen que decía Napoleón Bonaparte, “Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona; si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité”.

El Comité Coordinador, lo preside rotativamente un representante del Comité de Participación Ciudadana y concurren al mismo el Titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (pendiente de nombrar); el Titular de la Auditoria Superior de la Federación (a punto de cambiar o ser reelecto); la Titular de la Secretaría de la Función Pública (en el tramo final del sexenio); el Titular del INAI; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; y el Titular del Tribunal de Justicia Administrativa; ¡menudo laberinto burocrático!

Lo cierto es que cada uno de estos órganos cuenta con su base legal y su paquete respectivo de atribuciones, de manera que tal integración puede ser una invitación al conflicto de competencias, situación que muy probablemente aprovecharían los imputados, servidores públicos o particulares, para evadir o eludir el cumplimiento de la Ley y dar espacio a la impunidad, sea por omisión, impericia, intríngulis burocrático o degradación institucional. Lo cierto es que las medidas anticorrupción se darán más por el camino del ejemplo a cargo de las autoridades y la sociedad en su conjunto, precisamente para repudiar las prácticas corruptas; hacer visibles las desviaciones, y dar espacio al bienestar social integral.

El problema de fondo radica en reconocer que el ejemplo de las autoridades y los particulares consiste en mostrar en los hechos lo contrario a la corrupción; resaltar las virtudes y aciertos con austeridad publicitaria pues no vivimos en un concurso de popularidad. En estos momentos cruciales de nuestro desarrollo, sería interesante plantear la siguiente pregunta: ¿quién tendría la autoridad moral para alumbrar la ruta del rescate y retomar el camino de una dignidad colectiva? ¿La Presidencia de la República? ¿El Senado? ¿Los diputados? ¿El Poder Judicial? ¿Los Gobiernos Estatales? ¿Los Municipales? ¿Algunos connotados empresarios? ¿Los campesinos? ¿Los trabajadores? ¿Las iglesias? ¿La UNAM o las universidades públicas o privadas? ¿Los estudiantes? ¿Los profesores? ¿Los partidos políticos? ¿Las ONG´s? ¿Los artistas? ¿Los deportistas? ¿Los literatos? ¿Los próximos candidatos? ¿Quién?

No se trata de un cuestionamiento tramposo, es decir, sin respuesta directa y nominativa toda vez que la réplica nos incumbe a todos. El problema subyace en cómo convencernos de la urgencia de ponerle alto al deterioro y de cómo instrumentar el ejemplo; se trata de resolver la dificultad de recuperar el orgullo de ser y la responsabilidad del quehacer personal y social. Esta tarea es tan difícil como tardada de llevar a cabo y por eso es menester iniciar la marcha de inmediato.