La Reforma de la Administración Pública llama a la puerta

Si te propones algún día mandar con

dignidad, debes servir con diligencia.

Chesterfield.

 La coyuntura electoral nos convoca a reflexionar sobre la prospectiva de México. En esta ocasión me referiré concretamente a un futuro posible del aparato administrativo público, más allá de un obligado vencedor.

La conducción de un país se fundamenta en un trinomio inseparable: la vinculación entre la forma de ESTADO, determinante de la del GOBIERNO y a su vez definitoria de la Administración Pública en su estructura, organización y actividad. La Función Pública se desarrolla en las tres ramas del poder público y en los tres ámbitos de gobierno.

¿Cómo superar las tendencias que impiden vivir a plenitud el régimen de República Federal, Democrática y Representativa, tal y como se establece en las sucesivas constituciones de 1824, 1857 y 1917?

Se entiende que a un gobierno unitario se opone un gobierno federal; que la centralización se compensa con la descentralización y el presidencialismo con la reciprocidad y corresponsabilidad entre los Poderes, los Estados y los Municipios en un ambiente de pluralidad política, económica y social. Estos propósitos expresan insistentemente, lo difícil consiste en materializarlos.

A fin de entender la complejidad que implica reformar la Administración Pública es preciso acudir a la Historia. Provenimos de un régimen colonial absolutista cuyas costumbres concentradoras del poder no fueron abolidas con la Independencia, ni con la creación de la Federación, la Reforma Liberal o la Revolución Mexicana y aún con los procesos de modernización desde su institucionalización hasta nuestros días.

Se trata de un continuum enmarcado en las condiciones de cada momento histórico y las circunstancias que envuelven el cumplimiento del mandato. Así lo demuestra una somera revisión del largo camino de reformas administrativas:

• 1824, predominio del Congreso que paralizó a la Administración;
• 1833, supremacía presidencial, para recobrar el poder conforme al orden heredado;
• 1836, república centralista, para encontrar congruencia con el pasado;
• 1853, bases para la administración de la República federalista, a fin de fortalecer la identidad y la cohesión propuestas en 1824;
• 1857, “Revolución administrativa”, con la restauración encabezada por Juárez, basada en la separación Estado-Iglesia, entre otras importantes medidas;
• 1877-1910, “Poca política y mucha administración”, como una de las estrategias de estabilidad (la suave) promovida por Díaz;
• 1917-1978, las derivadas de la Revolución Mexicana: institucionalización y desarrollo estabilizador;
• 1980-2018, adelgazamiento del Estado, inserción en la globalidad, disciplina económica, democracia electoral, derechos humanos, transparencia gubernamental, rendición de cuentas, organismos constitucionales autónomos…;
• Las Reformas Estructurales del presente periodo, han generado cambios en la Administración Pública Federal, en las estatales y municipales, así como modificado las relaciones entre los tres poderes públicos.

Durante todo este acontecer, la tensión entre centralismo y federalismo ha sido una constante que se advierte en la contradicción entre los dictados constitucionales y legales con la práctica del poder, que ha privilegiado el predominio del Presidente en turno. Es posible afirmar que a lo largo de más de dos siglos hemos construido una especie de “Federación centralizada”, aunque en los últimos veinte años se hayan acotado paulatinamente las atribuciones del Titular del Ejecutivo.

¿Entonces en qué consistiría la próxima transformación de la Administración Pública Mexicana?

1. Asumirla como una fuerza integradora, incluyente, abierta a la participación de la sociedad organizada y los ciudadanos, con reconocimiento a las capacidades de todos quienes legítimamente ejercen el poder en sus expresiones fundacionales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los ámbitos federal, estatal y municipal.
2. El Federalismo tiene que adecuarse a la realidad, No se trata de un dogma, sino de reconocer que la descentralización trata de una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, que va más allá de la transferencia de recursos junto con la consecuente cauda de controles. Al Centro correspondería profundizar en la normalización y regulación de los procesos; a los Estados ser el hilo conductor entre las prioridades nacionales y las locales, en ellos debe recaer enfáticamente la función de coordinación; a los municipios les compete operar en su territorio lo propio y, en la medida de lo posible, lo que es importante para toda la Nación.
3. Nuestro sistema presidencial en su carácter de Jefatura de Estado ha de poner mayor carga en la representación nacional y la conducción política como garantías de paz y estabilidad. Al mismo tiempo, debiera moderar su acción en la Jefatura de Gobierno, mediante una racional delegación de funciones administrativas bajo la responsabilidad de un responsable de Gabinete designado y removido libremente, sobre la base del mérito institucional.

4 La asignatura pendiente de la profesionalización de las instituciones, debe realizarse con un enfoque sistémico que considere las normas, los procesos de planeación, dirección y control; las estructuras flexibles y la utilización racional de los recursos; la mejora constante del capital humano, que limite la prerrogativa de los funcionarios electos a nombrar y remover libremente al personal; la adecuación permanente de las instalaciones y actualización tecnológica. En fin, todo aquello necesario para generar la confianza en la ciudadanía, ya que una administración pública así concebida constituye un dique a la corrupción.

5. Prevenir conductas contrarias al interés general mediante la promoción de un desempeño ético que implica el apego a la Ley, y en su caso, aplicar sanciones ejemplares contra la impunidad.
6. La pobreza y la desigualdad no ceden. Por ello es indispensable equilibrar las necesidades legítimas del mercado con las demandas legítimas de la población vulnerable. Es obligatorio robustecer los principios universales de la justicia social.

No hay lugar a predicciones desastrosas en el caso de la Administración Pública Mexicana. Están dadas las bases para una transformación integral, ordenada.

La Reforma Administrativa se desplaza en dos vertientes, desde luego la técnica, pero sobre todo la política. Ambas requieren talento y voluntad, por ende, un liderazgo con experiencia, conocimiento de causas y efectos, y por supuesto, autoridad moral.