Intento estéril contra la Reforma Educativa

Las instituciones, al decidirse por un

desarrollo lógico y coherente, no traicionan

su compromiso con la educación popular,

sino que lo conjugan con su función social.

Fernando Solana.

La educación pública siempre ha sido preocupación y ocupación del Estado Mexicano. La Reforma Liberal de 1833 marcó un rumbo definitivo en la educación a cargo del Estado con una visión justamente libertaria. A fin de materializar este valor se crea la Dirección General de Instrucción Pública.

Las condiciones convulsas en que se construía el México independiente en la primera mitad del siglo XIX con revueltas intestinas e intervenciones extranjeras, no dieron pausa para llevar a la realidad los primeros pasos del propósito educativo.

La libertad de enseñanza se eleva a rango constitucional en el Artículo 3º de la Carta Magna de 1857. Su instrumentación se remite a la Ley en la materia. Restaurada la República en 1867, la Ley de Instrucción Pública precisa los atributos de laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la educación, que son confirmados en la Ley Lerdo de 1874. Hasta nuestros días son la esencia de nuestra política educativa.

Así como hubo pensadores convencidos de que la educación es el camino hacia la soberanía nacional y la oportunidad para lograr mejores condiciones de vida, la oposición se organizó para minar este esfuerzo histórico. Por supuesto, contaron con el apoyo del clero en el intento de recuperar privilegios. Desde entonces, estos grupos se identifican como reaccionarios.

Durante la paz porfiriana se retomó el impulso a la educación. En 1887 se inaugura la Escuela Normal para Profesores en la Ciudad de México y las fundadas por Laubscher en Orizaba y Rébsamen en Jalapa, Veracruz. Esta última sería antecesora de la Escuela Nacional de Maestros. Al inicio del siglo XX se contaba con 45 normales distribuidas en el país. El empeño del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, logra que la educación elemental sea obligatoria y la refundación de la Universidad de México con carácter nacional.

No obstante, la introducción de métodos educativos pertinentes a los avances científicos de la época, la cobertura nacional resultó exigua: 90% de la población era analfabeta. Las condiciones sociales y económicas extremas generaron la Revolución de 1910, cuya lucha armada se prolongaría por una década, con el consecuente rezago educativo.

Se retoman los principios y se construye un programa educativo. Se exige ir más allá en la Constitución de 1917. Los legisladores abordaron el tema con una visión de justicia social. Tuvieron el cuidado de proteger la educación contra algunos elementos retrógrados que persistían.

En 1921, con José Vasconcelos, se funda la Secretaría de Educación Pública e  inicia la unificación de criterios pedagógicos, la enseñanza se extiende al ámbito rural y se establecen carreras técnicas y de artes y oficios. En sólo dos años el número de maestros de primaria pasó de 9 mil a 25 mil.

Destacan los proyectos puestos en práctica por Vasconcelos al frente de la SEP y como Rector de la Universidad: la educación nacionalista, la escuela rural, las misiones culturales. La Universidad Nacional cobra autonomía en 1929. La responsabilidad gubernamental respecto de la educación pública se ha mantenido y ha evolucionado.

Más adelante se encuentra la propuesta de educación socialista, aunque de breve existencia constitucional, enarbolada por el presidente Cárdenas. Es entonces cuando se funda el Instituto Politécnico Nacional para formar técnicos superiores que redujeran la dependencia tecnológica del país.

Durante los sexenios de los presidentes Ávila Camacho, Alemán Valdés y Ruiz Cortines, la política educativa busca la unidad nacional. Hace énfasis en las ciudades y la enseñanza técnica para el fortalecimiento de las clases medias. En 1944 la creación del Comité de Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), vino a reforzar la infraestructura educativa.

En paralelo, los maestros se definen en dos corrientes: la organizada en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la opositora minoritaria en el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), antecedente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al final de la administración de Adolfo Ruiz Cortines estalla el conflicto magisterial que evidencia las contradicciones entre las dos formaciones sindicales. Para atenuar el conflicto se optó por dos vías: la cooptación para el SNTE, con el propósito de mantener bajo control a un sector potencialmente lesivo al proceso educativo, al costo de propiciar cotos de poder. La segunda vía consistió en la represión de la disidencia.

A pesar de los obstáculos, la función educativa siguió adelante. López Mateos, con Torres Bodet, emprendió el Plan de Once Años que incluyó la instauración del Libro de Texto Gratuito. Éste fue instrumento primordial para la democratización de la enseñanza y la identidad nacional, también expuesto a la oposición de intereses particulares. En ese entonces algunos empresarios de la industria editorial, nacionales y extranjeros, así como grupos conservadores que imaginaron amenazas a sus doctrinas.

El concepto de Reforma Educativa no es nuevo ni exclusivo de una administración federal. En 1973, con el presidente Echeverría, la reforma se concreta en la Ley Federal de Educación. Se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Sistema de Educación para Adultos, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Colegio de Bachilleres. Se intensifica la enseñanza de ciencias y técnicas agropecuarias, la proliferación de secundarias técnicas y se instaura la enseñanza bilingüe en regiones indígenas.

El presidente Salinas de Gortari suscribe el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa con un enfoque hacia la globalidad y hacia el interior del país. Descentraliza las responsabilidades educativas a los gobiernos estatales, establece la secundaria obligatoria y ordena la revisión y actualización de programas y materiales didácticos.

En el gremio magisterial de manera simultánea se fraguan sucesivos desencuentros. No se busca el cumplimiento de los derechos de los mentores, sino las canonjías y privilegios asociados al liderazgo. La organización sindical continúa polarizada entre el SNTE y la CNTE.

La Reforma Educativa actual reconoce aspectos sustantivos: calidad, pertinencia y coherencia que la doten de eficacia en la integración de valores como la cohesión social y la trascendencia nacional, junto con el desarrollo personal de cada ciudadano. Consiste en una actualización del proceso de enseñanza para el desarrollo de competencias que contribuyan a la competitividad del país. Busca, así mismo, la profesionalización de los docentes con base en el mérito y las capacidades.

Esta reforma, a mi juicio irreversible pero no inamovible en el futuro, ofende a sus opositores quienes pretenden conservar condiciones laborales y administrativas que han sido caldo de cultivo para la corrupción y la desatención de la niñez.

Con el señuelo de recuperar privilegios, los reaccionarios estérilmente intentan cancelar la Reforma Educativa para volver por sus fueros. No sorprende que, en la coyuntura electoral, se exacerben los ánimos de los radicales de la CNTE y algunos integrantes del SNTE. Ellos menosprecian dos capacidades del magisterio: la reflexión y el albedrío. La reflexiva, para advertir que el principio libertario de la educación responde a las necesidades del progreso y, el albedrío, frente al hecho de que el voto es libre y secreto.

Los maestros con vocación acuden puntualmente a cumplir la misión con la cual se han comprometido: educar para robustecer la viabilidad de la nación mexicana.