El desafío de México no sólo es enfrentar lo desconocido,
sino comenzar por superar lo conocido.
El Autor.
A diez días de las elecciones, me pregunto qué tan maduros y atentos estamos la sociedad y el gobierno ante los retos que enfrentaremos durante la transición, la integración del Congreso de la Unión, el nombramiento del Gabinete y el inicio de la nueva administración.
No es lo mismo ganar una elección que ejercer el poder con todas las facultades inscritas en la Constitución Política y las leyes. Es necesario reconocer que nuestro sistema es presidencialista por antonomasia, con pocos frenos institucionales y culturales que objetivamente le impidan al titular del ejecutivo incurrir en prácticas arbitrarias.
Para enmarcar el comentario, hago referencia a los fines del Estado: la seguridad nacional y pública, la estabilidad política, económica y social, el bienestar integral de la población y el desarrollo sostenible, en todas las esferas de nuestra vida en común. Insistir en una transformación de fondo, implica pensar en cuatro desafíos que, a mi juicio, debe afrontar el gobierno en sus tres poderes y ámbitos a fin de aprovechar, junto con la sociedad, el cambio institucional que nos ofrece la democracia mexicana en formación.
El primer desafío es antiguo: buscar con inteligencia, prudencia y firmeza, un verdadero equilibrio entre los poderes: que cada uno se responsabilice de lo suyo y coopere para avanzar sin arriesgar la indispensable correspondencia en la conducción del país. Emprender desde ya la reconstrucción del federalismo a través de una inversión pública, social y privada, consensuada de tal forma que permita vencer obstáculos al logro de la igualdad tan aplazada en nuestra historia y, paralelamente, desate potencialidades que lleven a superar la pobreza que tanto aflige a millones de compatriotas.
Es preciso señalar que un federalismo más dinámico permitiría acelerar la eficacia de la planeación y la coordinación nacionales. Se requiere corresponsabilizar a las partes en lo relativo a la impartición de justicia, la prevención de la inseguridad y el abatimiento de la violencia que a todos nos afecta de diversas formas y provoca consecuencias indeseables. ¿Hasta cuándo entenderemos que el centralismo no aporta soluciones integrales y que es causa de alejamiento, resentimientos y recriminaciones institucionales?
La violencia se disminuye con la organización social y con empleos plenos y dignos. La intervención de las fuerzas públicas para abatir el crimen, si bien eficaz en muchos casos, será deficitaria si persisten las injusticias.
El segundo desafío consiste en desarrollar una administración calificada. El gobierno requiere con urgencia de colaboradores, legisladores y jueces comprometidos, con conocimiento, experiencia, actitud y vocación de servicio. Es obligado profesionalizar la pirámide administrativa desde la base a la cúspide. Se trata de sumar voluntades y acrecentar talentos en un espíritu de colaboración institucional. Es imprescindible que todos los servidores públicos comprendan la naturaleza y fines de la responsabilidad social, y capacitarlos en aspectos especializados respecto de las aportaciones que cada uno de ellos puede agregar al cometido colectivo de la función pública. Resulta obligatorio entender que los cuadros administrativos de carácter público deben ser austeros y dignos de respeto y confianza social.
Esto nos lleva al tercer desafío: la promoción de la honestidad en todas las ramas del poder público y en todos los entornos del poder particular y social. Eliminar las influencias negativas evidentes en la política, en la economía, en la sociedad y en la cultura. La autoridad controla, reglamenta y regula con el fin de diferenciar y, en su caso, balancear lo que es del interés común con lo que legítima y legalmente pertenece al interés particular. Si se confunden los roles públicos con los privados, surge la complicidad inherente a la corrupción.
El sistema para el control de la corrupción enfatiza en medidas sancionatorias que históricamente le han conducido al fracaso político y a un enorme gasto en estructuras y personal, injustificable dados los resultados. El cambio es mucho más complejo y exige más que aplicar la ley a rajatabla. La solución a este enorme problema empieza por el gobierno, que debe ser fuente de confianza y apoyo. La profesionalización del personal y la operación eficiente de sistemas informáticos permiten un seguimiento puntual de decisiones, acciones y dineros.
El cuarto desafío es la competitividad, sustento de nuestra participación en un mundo globalizado y económicamente implacable, lo cual tiene efectos financieros y comerciales en el resto del planeta, y consecuencias sociales como la migración y el narcotráfico, entre otros fenómenos.
La competitividad afecta la formación de capital humano y social, es decir, la educación, la salud y la cultura. En la actualidad, un país está abierto a diversas influencias, singularmente a las nuevas tecnologías en todos los aspectos de nuestra cotidianeidad. El mundo nunca había estado tan intensamente inmerso en esta vorágine del cambio que conduce -consciente o inconscientemente- a un consumismo irresponsable de grandes masas de la población.
Resulta claro que vivimos en un sistema planetario imposible de eludir. Por eso la competitividad ha de asumirse con extremo cuidado: nuestro país debe sumarse sin perder identidad y rumbo.
Estos desafíos muestran sólo una porción de un todo, lo cual supone tomar en cuenta elementos de análisis que exigen mucho mayor elaboración. Aspiramos a suscitar reflexiones que sirvan de brújula en el momento de ejercer nuestro derecho a elegir a quienes nos gobernarán en los próximos años.
