Gobernanza

La gobernanza integra la eficacia del gobierno,

el respeto por las instituciones, la voz y

la presencia de la ciudadanía.

El autor.

La gobernanza es un concepto novedoso que pretende explicar las relaciones de poder en el mundo contemporáneo. Se define a través de concordar tres elementos: las decisiones que toma el gobierno, la manera de proceder a fin de llegar a acuerdos estables y dar certidumbre a la gobernabilidad por el compromiso social manifestado a través de la consecución de objetivos comunes. Constituye la etapa evolutiva actual de la organización y funcionamiento del Estado.

La tipología de la administración pública se origina desde los tiempos arcaicos. Parte de un estatus identificado como preburocrático: con estamentos, patronazgos, redes familiares de poder, cerrados, despóticos, monárquicos, como el impuesto por España a México durante La Colonia. Estos estilos de gobierno paulatinamente se han intercalado con otro de mayor desarrollo denominado burocrático desde los inicios del siglo XX (Weber), vigente durante ochenta años y que se niega a morir. El modelo burocrático, “legal-racional”, propició el nacimiento y cimentó el desarrollo de un Estado fuerte en cada país.

En detrimento de resultados tangibles a favor de la sociedad, la combinación de la preburocracia con la burocracia privilegia la política como el incentivo esencial para mantener el dominio de una minoría. A pesar de que un sistema presuma de democrático, la lealtad a los grupos de poder se convierte en un valor más apreciado que el de los conocimientos, capacidades o habilidades que pudieran presentar los servidores públicos. No obstante, la rigidez de las leyes e inflexibilidad de las instituciones se tolera, o hasta se propicia, la corrupción.

Durante el Porfiriato en México se combinaron características de la preburocracia con las de la burocracia. Ambas fueron retomadas por los gobiernos revolucionarios al promover un Estado omnipresente en los procesos políticos, socioeconómicos y culturales desde 1929 hasta finales de los 90.

La reedición de un liberalismo global conduce al declive del Estado de Bienestar. Su eficacia había mermado desde finales del siglo pasado. Se plantean nuevos métodos de gobierno. Surge el modelo gerencial para la administración pública, que pretende incorporar las herramientas empresariales a sus funciones de planeación, de organización, de dirección y de control, las cuales aún persisten en la operación de los poderes públicos.

Sin embargo, las estrategias de eficiencia y productividad utilizadas por los intereses particulares para aumentar su patrimonio, se enfrentan con los principales objetivos del interés público: seguridad y paz social, estabilidad política y económica, bienestar general y sostenibilidad. Es así que los gobiernos han decidido retomar la importancia de preservar y ampliar la legitimidad que provee el electorado y evalúa la opinión pública junto con la organización social.

En esta circunstancia, resultan relevantes la profundización de la democracia y la protección de los derechos humanos, acompañados por la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en los tres poderes públicos y en los tres órdenes de gobierno.

Es necesario poner en práctica un nuevo modelo, el de la gobernanza. Como advertíamos, requiere por parte del gobierno un ejercicio firme de la autoridad apegado a la legalidad. También demanda de una auténtica apertura hacia la sociedad, que conduce al indispensable equilibrio generador de las condiciones de gobernabilidad. El compromiso de la ciudadanía debe ser activo, con capacidad de participar, no sólo para manifestar sus carencias o exigencias, sino para proponer soluciones y realizar tareas para llegar a ellas. El quehacer público y las responsabilidades que implica, se comparten para alcanzar la eficacia, eficiencia, honestidad e integridad de todos los involucrados.

Al examinar objetivamente el comportamiento y desempeño del gobierno y la sociedad mexicana, se advierte una degradación de los valores éticos y morales en las relaciones intrasocietales, intragubernamentales y entre ambos. Sostengo que no hemos podido resolver la crisis de estos valores y, por lo tanto, estamos lejos de la gobernanza.

En cuanto a los fracasos de la eficiencia, eficacia y honestidad en la administración pública, la explicación subyace en que nos debatimos entre el modelo preburocrático, el burocrático y el post burocrático. No acabamos de convencernos respecto a la necesidad de instrumentar la gobernanza sin demagogia.

Para que la gobernanza tenga sentido es mandatorio transformar el control interno en la administración pública, con la preponderancia de un enfoque ciudadano. Dejemos atrás la obsesión por construir y establecer excesivos indicadores de control que pueden resultar contraproducentes. Ellos vulneran el principio de libertad y confianza entre los servidores públicos, introducen el miedo por perder el empleo o desatan la tentación de eludir o evadir los controles y con ello incidir en actos de corrupción.

Se considera que el mejoramiento del control interno de la administración pública desataría un proceso de efectos colaterales positivos para la sociedad. Esta hipótesis es discutible.

En contraposición, el ciudadano común debe sentir que el gobierno y la sociedad están aliados a su favor. Dejar de percibir que los mandatarios, en lugar de obedecer al pueblo, sólo se dedican a vigilarlo. Que no piense que el otro, siendo su igual, se convierta en su competidor. Habría que insistir en garantizar al ciudadano la confianza en sus instituciones, en sus representantes y en sus gobernantes, confianza en la convivencia social.