Lecciones del pasado

Quizá pocos recuerden que hace exactamente treinta años, al cierre de 1987, la inflación anual en México fue de 159%, la máxima registrada en la historia de nuestro país y con una clara tendencia alcista que pudo haberse convertido en un fenómeno hiperinflacionario como en Argentina, Brasil, Bolivia, Israel, y otros más.

Debido al riesgo de una escalada sin límite en los precios, las autoridades financieras del país consideraron indispensable establecer un programa que atacara frontalmente el crecimiento desmedido de la inflación bajo la premisa de que se estableciera una estrategia en la que los precios se ajustaran en forma coordinada y a tasas decrecientes.

No obstante, para que esta estrategia fuera viable era necesario, primero, corregir la estructura de precios relativos y, segundo, fortalecer las finanzas públicas, pero no mediante un aumento en los impuestos, sino a través de una visión inteligente, novedosa y de largo plazo que consistió en recortar las tasas impositivas tanto para personas físicas como para empresas.

De esta forma, el 16 de diciembre de 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) entre los distintos sectores de la sociedad. El PSE comprendió esencialmente cuatro objetivos: 1) una corrección en las finanzas públicas, 2) acciones en materia crediticia para atenuar la demanda agregada, 3) una mayor apertura de la economía para fortalecer la mejoría estructural del aparato productivo y propiciar la acción regulatoria de los precios internacionales y, 4) el compromiso concertado de los diferentes sectores de la sociedad para contener el incremento de los precios.

El PSE marcó un parteaguas en la historia económica de México, toda vez que desde principios de los setenta la inflación se había convertido en un fenómeno permanente y, ante la persistencia de desequilibrios macroeconómicos, amenazaba con escalar hacia niveles de cuatro o cinco dígitos.

El PSE incluyó diversas medidas encaminadas a mitigar el avance de la inflación como la fijación de los precios de algunos productos clave de la economía (particularmente se estableció un estricto control sobre una canasta de 75 productos básicos), así como el control de la paridad del tipo de cambio. Igualmente, el gobierno federal decidió eliminar la tasa de 6% del IVA en alimentos procesados y medicinas.

Con estas acciones se alcanzaron resultados notables en 1988: la inflación registró una variación de 52% y la economía creció 1.2%, lo que motivó que el primero de diciembre, en el marco de la entrada de la nueva administración, se adoptara un programa aún más ambicioso que busca abatir aún más el crecimiento de los precios así como incentivar un mayor crecimiento de la economía.

Este nuevo programa fue llamado Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), y nuevamente se alcanzaron resultados alentadores. La inflación al cierre de 1989 fue de 19.7%, cuando antes de iniciado el combate contra la inflación fue de 159%, al tiempo que el PIB registró una expansión de 2.9%, siendo esta la primera ocasión desde 1985 en que el crecimiento de la producción superó al de la población.

Un aspecto relevante de esta etapa de recuperación y cambio estructural, fue el importante saneamiento de las finanzas públicas. Efectivamente, al igual que en 1988 cuando se eliminó el IVA en alimentos y medicinas, en 1989 nuevamente se lograron resultados relevantes en el desempeño de los ingresos tributarios.

En 1989, se logró un superávit primario de 8.3% mientras que un año antes fue de 6.4% como proporción del PIB. Esta cifra representó el superávit más alto registrado en la historia financiera del país y fue resultado de un incremento de 13.2% en términos reales de los ingresos tributarios del gobierno federal, que a su vez derivaron principalmente de la ampliación de la base gravable, ya que las tasas marginales máximas del ISR, tanto para empresas como de personas físicas, se redujeron en este año de 39.2 a 37% y de 50 a 40%, respectivamente.

Destaca el hecho de que, gracias al reforzamiento de la fiscalización y la ampliación del proceso de simplificación administrativa, la recaudación de ISR pasó de representar 5.1% del PIB en 1988 a 5.5% al finalizar 1989.

Lo sucedido en 1989 en materia fiscal en México es un claro ejemplo de que la disminución de impuestos, sobre todo en impuestos directos, puede tener un impacto importante y positivo en el consumo y, por lo tanto, sobre el desempeño de la economía, sin que esto signifique necesariamente sacrificar ingresos fiscales ni comprometer la salud financiera del estado.

Ahora, México enfrenta una situación compleja ante la aprobación de la reforma fiscal más importante de los últimos treinta años en Estados Unidos. Quizá el aspecto más relevante de la reforma fiscal estadounidense es la reducción de catorce puntos en la tasa del impuesto sobre la renta para las empresas, que pasó de 35 a 21% a partir del primer día de este 2018. Otros ajustes al sistema fiscal son la eliminación del Alternative Minimum Tax, la deducción inmediata de inversiones, ajustes en las tasas de impuesto para personas físicas y un nuevo esquema de repatriación de capitales, entre otros.

No es evidente cuál será el verdadero impacto de los cambios fiscales sobre el desempeño de la economía estadounidense, y también es cierto que estas medidas no cancelan las ventajas competitivas que tiene nuestro país en términos de menores costos laborales, situación geográfica y tratados comerciales con el resto del mundo, lo que sí es cierto es que nos obliga a tomar el timón de nuestro propio destino.

La posición de México es que no es necesario reaccionar en el mismo sentido debido precisamente a que nuestro país mantiene ventajas competitivas relevantes, pero creo que es importante hacer cambios que permitan que el país logre algo que sigue siendo un gran pendiente: crecer, generar más oportunidades de empleo para los jóvenes y crear condiciones para una mejor distribución de la riqueza.

Deberíamos pensar en una reforma fiscal, no como una respuesta a lo hecho en Estados Unidos, sino porque el país requiere de la inyección de estímulos para crecer. Hay que ampliar la base gravable para que no paguen más los que siempre pagan más, disminuir la informalidad, transparentar el destino de los recursos, fomentar la inversión y que el gasto público provoque un verdadero efecto multiplicador sobre todos los sectores de la economía. El destino de México está en nuestras manos.

Manuel Guzmán M. es Director General de Novastone Capital de México. mg@novastonecapital.com